Registro para migrantes en Estados Unidos: dos extranjeros sufrieron esta consecuencia legal por no anotarse

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Tras la implementación de la orden firmada por el presidente Donald Trump, que instruye al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) a registrar a los inmigrantes que viven en el país, se conocieron dos casos de extranjeros que sufrieron una consecuencia legal por no anotarse.

Tal como detalló un informe de Telemundo, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) presentó cargos contra dos migrantes por no registrarse ante Uscis, aunque no se detalló como seguirán sus procesos.

Se trata del segundo caso de estas características, el más reciente se trata de un migrante en Texas, mientras que el primero está ubicado en Arizona.

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La disposición sobre el registro de migrantes fue establecida mediante la Orden Ejecutiva 14159 en el mismo día de la asunción presidencial. Fue presentada como una herramienta para reforzar la seguridad nacional dentro del plan contra la inmigración ilegal.

Aunque Trump sostiene que la medida permitirá a los migrantes legales aportar a la seguridad del país, organizaciones defensoras de los derechos civiles, activistas y representantes comunitarios han expresado su preocupación.

Una migrante venezolana llegó a Estados Unidos y vive en un refugio de migrantes.

Los migrantes de Estados Unidos deben saber sobre el nuevo registro de Uscis. Foto:Gentileza NBC News

Gloria Fuentes, residente de Los Ángeles, manifestó a Los Angeles Times su incertidumbre frente a la iniciativa: “No sabemos si debemos registrarnos o no. De todas formas, las autoridades ya saben dónde estamos, porque mi esposo paga impuestos”, señaló. 

Por su parte, Nicole Melaku, directora ejecutiva de la National Partnership for New Americans (NPNA), recordó que este tipo de registros ya existieron en EE. UU., con consecuencias negativas. 

En tanto, Angélica Salas, al frente de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), fue crítica con la medida, asegurando que “este sistema está diseñado para infundir miedo y facilitar la separación de familias”.

Desde el 11 de abril, los migrantes que no acaten la orden podrían recibir multas de hasta US$5.000. Además, quienes incumplan también podrían enfrentar hasta 30 días de detención y ser considerados culpables de un delito menor, según indicó Uscis.

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