Radican en la Cámara la ponencia para primer debate de la Ley Integral Trans: estos son los ejes de la iniciativa

Este miércoles fue radicada en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes la ponencia para primer debate del Proyecto de Ley Integral Trans, ahora denominado Ley Sara Millerey, en homenaje a la joven mujer trans torturada y asesinada en Bello, Antioquia. Esta iniciativa, liderada por el representante Andrés Cancimance, busca saldar una deuda histórica con la población trans y no binaria, garantizando el ejercicio pleno de sus derechos.

La iniciativa cuenta con el respaldo de representantes como Juan Carlos Losada Vargas (Partido Liberal), Astrid Sánchez Montes de Oca (Partido de la U), Catherine Juvinao (Partido Verde), Luis Alberto Albán (Comunes), Orlando Castillo Advíncula (CITREP) y Gabriel Becerra (Unión Patriótica - Pacto Histórico), quien es el coordinador ponente.

La ponencia fue firmada por diferentes congresistas tras la primera audiencia pública sobre derechos trans y LGBTIQ+ realizada el pasado jueves 24 de abril en el Congreso de la. Allí se escucharon 64 intervenciones de personas trans de distintas regiones, organizaciones sociales, activistas y entidades del Estado, lo que fortaleció el articulado con aportes desde la experiencia directa.

“La violencia sistemática contra las personas trans no puede seguir siendo normalizada. Esta ley es una herramienta para garantizar acceso a salud, educación, trabajo, justicia y vida digna”, afirmó Cancimance.

Los ejes del proyecto

La Ley Integral Trans, ahora llamada Ley Sara Millerey, aborda de manera integral la protección de derechos fundamentales a través de 52 artículos que contemplan medidas afirmativas, políticas públicas diferenciales, participación efectiva y protección frente a la violencia y la discriminación estructural. Esta es la primera vez que el Congreso avanza en un proyecto de ley de esta magnitud, con un enfoque interseccional y de justicia social.

“Seguiremos trabajando en la construcción de consensos que fortalezcan esta iniciativa, con apertura al diálogo y escucha activa. Pero queremos ser enfáticos: esta ley no solo es importante, es urgente y necesaria para saldar una deuda histórica con una población que ha vivido por décadas en la exclusión y la vulnerabilidad”, dijo el ponente Becerra.

“La Ley tiene por objeto establecer un marco integral para contribuir al ejercicio pleno de los derechos de las personas con identidades de género diversas que implica adoptar todas aquellas acciones que deben implementarse desde diferentes ámbitos para eliminar toda forma de injusticia, exclusión, discriminación y violencia en el ámbito público y privado; así como la adopción y promoción de acciones afirmativas, políticas públicas, planes, programas, procedimientos y proyectos para garantizar su autonomía y el ejercicio pleno de sus derechos”, se lee en la ponencia.

La iniciativa prohíbe cualquier tipo de discriminación hacia los miembros de la comunidad. Asimismo, señala que el Estado colombiano, en todos sus niveles, implementará medidas para reconocer, garantizar, proteger y promover la equidad y el respeto a las identidades de género diversas, asegurando el acceso a la justicia y la reparación en casos de discriminación y vulneración de derechos.

También, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) y demás entidades que generan información estadística y demográfica incorporarán progresivamente la variable "identidad de género" en todos los sistemas oficiales de información y mediciones públicas. En la misma línea, se promoverán estudios demográficos y estadísticos sobre la situación de las personas con identidades de género diversas.

De igual forma, el proyecto plantea que la Registraduría Nacional del Estado Civil desarrolle todas las medidas reglamentarias para garantizar que las personas con identidades de género diversas accedan al registro e identificación acorde con su identidad de género.

“La Fuerza Pública, la Fiscalía y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses adoptarán medidas para prevenir, registrar, investigar y sancionar las violencias por prejuicio y en razón de la discriminación a personas con identidades de género diversas”, se lee en el documento.

Y agregan: “Se adicionará una circunstancia de agravación punitiva del tipo penal de feminicidio para la inclusión del transfeminicidio, travesticidio y homicidio en razón de la identidad de género diversa”.

Además, proponen que, desde el Ministerio de Educación, se implementen cupos especiales de admisión como medidas diferenciadas para que las personas diversas accedan a los programas de formación.

La iniciativa, en las próximas semanas, será agendada en la Comisión Primera de la Cámara para que inicie su trámite en el Congreso.

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MARÍA ALEJANDRA GONZÁLEZ DUARTE

Redacción Política