Hace poco menos de dos meses, el gobierno del presidente Gustavo Petro superó en solo cinco días el primer gran paro desde el inicio de la actual administración, cuando los camioneros protestaron por el alza del precio del ACPM.
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La concertación y el manejo que le dio el Ejecutivo a la protesta de uno de los gremios más poderosos del país por su capacidad de bloquear las principales vías nacionales e incluso de las capitales fue destacada por diferentes sectores. Pero en ese momento se advirtió que se podría desencadenar una ola de paros: "Ambas partes declararán victoria. Se le midió aceite al Gobierno para negociar. ¿Vendrán más? Posiblemente", advirtió en su momento el analista político Gabriel Cifuentes, quien demás es columnista de este diario.
Y no se equivocó. Hoy el país se encuentra inmerso en nuevas protestas lideradas por campesinos y mineros en siete departamentos. En Santander, Norte de Santander y Boyacá hay protestas de campesinos por el decreto 044 del 2024 del Ministerio de Ambiente que prohíbe actividades agrícolas en los páramos, mientras que en Antioquia, Córdoba, Chocó y Caldas hay manifestaciones de mineros por presuntos incumplimientos del Gobierno a compromisos, así como por el decreto decreto 1035 de 2024 que da vía libre a la Fuerza Pública para destruir maquinaria amarilla.
Esta situación representa todo un desafío para el Gobierno Nacional que está inmerso en la COP16 en Cali. Precisamente, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, interrumpió su agenda en la cumbre de biodiversidad más grande del mundo, y con buena parte de la prensa internacional con los ojos en la capital del Valle del Cauca, para atender la situación.
Este mismo martes aseveró que ya se instarán unas mesas de diálogo con el objetivo de buscar salidas que permitan garantizar el derecho al trabajo de los protestantes, pero también cuidar el medioambiente.
“Este gobierno respeta el derecho a la protesta pacífica. El Gobierno está siempre dispuesto al diálogo y estamos esperando poder instalar mesas de diálogo con los actores. Esa consigna viene principalmente del bajo Cauca, que ha sido una discusión de dos años sobre cómo podemos avanzar en la formalización”, señaló.
Y este miércoles volvió a tocar el tema: "Hemos enviado a estas mesas a la viceministra Tatiana Roa y tenemos una delegación ya de más de 20 funcionarios en Bucaramanga del Ministerio de Minas, de la Agencia Nacional de Minería, del Ministerio de Agricultura y del Ministerio de Ambiente, para atender las reivindicaciones de los protestantes. Así que esperaremos cómo se desarrolla el proceso".
Según Cifuentes, con el paro camionero quedó de antecedente que la Casa de Nariño antes de tener que usar la fuerza "es más proclive a ceder incluso cuando eso signifique costos, ajustes o cuando no sea del todo claro la posibilidad y conveniencia de ceder ante las demandas de los manifestantes".
Pero fue enfático en que no todos los paros son iguales. El paro camionero, aseveró el columnista, hubiera significado pérdidas millonarias y golpeado directamente los precios de la canasta familiar, por lo que era prioritario concluirlo en el menor tiempo posible: "En la medida en que los efectos del paro sean mayores, menor es la capacidad del gobierno para negociar".
Sin embargo, Cifuentes sí considera que hay descontento en varios sectores de la población que podría significar un aumento en las protestas, pues no se han cumplido con muchas de las promesas que llevaron a Gustavo Petro a la Casa de Nariño.
"Los diferentes grupos de interés comienzan a pasar la factura de cobro. A grandes expectativas, grandes frustraciones que con el paso del tiempo, el incumplimiento de las promesas y un gobierno que ha demostrado ser sensible y tratar de evitar a toda costa manifestaciones en su contra, se traducen en protestas y bloqueos".
Mientras que el analista Carlos Arias, docente de la Universidad Javeriana, señala en que está abierta la posibilidad de nuevas protestas, aunque señala que es difícil establecer cómo se van a presentar.
"Colombia es un país que hoy presenta diferentes escenarios de inconformidades y muchos de ellos asociados a la falta de presencia institucional pueden motivar este tipo de movimientos sociales", opinó el académico.
Así las cosas, el manejo que se le dé a estos paros marcarán la hoja de ruta para el resto del Gobierno. Queda en el aire la pregunta sobre si buscarán solucionarlo rápidamente, a propósito de la COP16, cuando tal vez el Gobierno no quiera ruidos innecesarios con prensa internacional y delegaciones de todo el mundo en el país. Pero eso, podría desencadenar más y más protestas, algo que no le conviene al presidente Gustavo Petro en la recta final de su gobierno cuando tiene la intención de dejar a uno de los suyos en la Casa de Nariño. Esa situación podría incluso ser aprovechada políticamente por la oposición.
"Si esto se vuelve sintomático y no es simplemente la coincidencia de hechos aislados, es posible anticipar que el gobierno tendrá un nuevo frente de contingencia por atender. Uno que además en una campaña tan anticipada, con una administración que está pasando por un momento de aprobación delicado y con bajas ejecutorias, podría convertirse en un problema muy grande", remató Cifuentes.
MATEO GARCÍA
Subeditor de Política