¿Qué es el polémico acuerdo 287 (g) con el que ICE ha detenido muchos migrantes?

Durante su campaña para regresar a la presidencia, Donald Trump aseguró que llevaría a cabo deportaciones masivas. En ese entonces, diversos especialistas argumentaron que no sería posible considerando las limitaciones de las autoridades migratorias federales. Sin embargo, gracias al acuerdo 287 (g), la policía local puede colaborar en el arresto de migrantes.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) está impulsando una serie de acuerdos a través de los cuales se delega a las autoridades locales diversas tareas que, normalmente, únicamente podrían llevar a cabo agentes federales.

De acuerdo con CBS News, actualmente hay 556 acuerdos 287 (g) activos, es decir, que permiten la colaboración entre el ICE y las agencias locales. Más allá de que es una figura general, las condiciones en cada caso pueden variar.

El acuerdo implica que los agentes estatales pueden realizar acciones en términos de la ley migratoria. En algunos casos, únicamente se les permite hacer preguntas relacionadas con el estatus migratorio durante un registro en la cárcel; en otros pueden realizar paradas de tráfico para comprobar el estatus legal.

En los casos más extremos se otorga a las fuerzas de seguridad locales la capacidad de ejecutar una orden judicial de inmigración. Es decir que una vez que la policía local identifica una presunta violación migratoria, puede detener a la persona hasta que las autoridades federales tomen la custodia.

Para llevar a cabo dichas tareas se está brindando entrenamiento especial a los oficiales. No obstante, no se entregan mayores recursos a las agencias locales.

Según datos del ICE, los departamentos de policía de condados y ciudades de 38 estados han firmado el acuerdo 287 (g). En comparación con diciembre de 2024, actualmente hay más del triple de colaboraciones y todavía quedan 63 acuerdos pendientes.

¿Cuándo se creó el acuerdo 287 (g) que afecta a los migrantes?

El acuerdo 287 (g) existe desde 2002. Fue inicialmente lanzado en la administración Bush después de los ataques terroristas del 11 de septiembre, con la intención de que las agencias estatales y locales pudieran identificar a extranjeros sospechosos.

Es decir que en un inicio solo estaba centrada en personas con antecedentes penales pero, con el tiempo, comenzó a ser utilizado para detener a inmigrantes indocumentados.

Quienes están en contra de la medida argumentan que únicamente ha servido para discriminar racialmente a las personas. De hecho, un análisis de la Universidad Texas A&M, descubrió que en los lugares en que la medida está vigente se detiene más a conductores hispanos que a blancos.

Además, se ha denunciado que los agentes podrían desviar su atención de cuestiones más importantes para atender labores relacionadas con la migración y que las personas sin estadía legal podrían dejar de denunciar delitos por miedo.

Florida lidera los acuerdos 287 (g)

Si bien, de acuerdo con información de CBS News, 38 estados han firmado el acuerdo 287 (g) con la intención de que las autoridades locales colaboren con el ICE, Florida es el estado que más ha impulsado esta medida.

La Asociación de sheriffs de Florida anunció en febrero que todas las cárceles de los condados habían firmado el acuerdo y el propio gobernador, Ron DeSantis, emitió una orden ejecutiva exigiendo a las agencias estatales que se unieran.

No solo las oficinas del sheriff de los condados o los departamentos de policía locales están participando. Dos juntas de comisionados de condado de Florida y la Comisión de Conservación del Departamento de Pesca y Vida Silvestre también se han añadido al acuerdo 287 (g). Además, se está buscando que al menos tres universidades se unan para que la policía de los campus pueda actuar.