¿Qué dice la ley de paz total sobre las zonas de concentración en las que el Gobierno busca ubicar a disidencias?

El presidente Gustavo Petro lanzó un ultimátum a las disidencias de las Farc de Alexander Mendoza, alias Calarcá, y les dio hasta el 18 de mayo para avanzar en el tránsito de los miembros del bloque Magdalena Medio Gentil Duarte hacia zonas de concentración en la región del Catatumbo. Esta propuesta fue presentada inicialmente por el comisionado de Paz, Otty Patiño.

Así quedó consignado en el Decreto 448 de 2025, norma con la que el Gobierno ordena la suspensión de las operaciones militares ofensivas y de Policía hasta el 18 de mayo de este año contra esta estructura armada y contra las otras dos que componen el autodenominado Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF): el bloque Jorge Suárez Briceño y el frente Raúl Reyes.

El documento también indica que esta especie de prórroga del cese al fuego —aunque en el decreto no la denomina como tal— tiene como objetivo avanzar en la construcción de “condiciones para que el restante de los integrantes del EMBF transiten hacia el desarrollo de una fase avanzada del proceso de paz, mediante el tránsito a zonas de ubicación”.

En total, serán 16 frentes los que cobije el decreto, el cual no ofrece mayores detalles sobre las condiciones, ubicación o aspectos logísticos del proceso. Para ello, hay que remitirse a la Ley 2272 de ‘paz total’. En el parágrafo 3 del artículo 8, dicha ley establece que el Gobierno Nacional o sus representantes autorizados podrán acordar con los voceros o representantes de las organizaciones armadas al margen de la ley, en un estado avanzado del proceso de paz, su ubicación temporal en zonas determinadas.

En estas zonas, según la ley, se suspenderá la ejecución de las órdenes de captura, incluso aquellas proferidas con fines de extradición, contra los miembros de los grupos armados en proceso de paz. Esta medida también puede aplicarse durante el desplazamiento hacia dichas zonas, hasta que el Gobierno determine o declare la culminación del proceso.

Este mismo procedimiento podrá aplicarse para los acercamientos, conversaciones o procesos de sometimiento a la justicia con estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, es decir, aquellos grupos que no cuentan con estatus político.

“Adicionalmente, si así lo acordaran las partes, a solicitud del Gobierno Nacional y de manera temporal, se podrá suspender la ejecución de las órdenes de captura en contra de cualquiera de los miembros del grupo armado organizado al margen de la ley o de la estructura armada organizada de crimen de alto impacto, por fuera de las zonas, para adelantar actividades propias del proceso que se adelante”, se lee en la ley de ‘paz total’.

¿En dónde se pueden establecerse estas zonas?

En marzo, cuando se dio a conocer el plan para el tránsito hacia la vida civil propuesto por la Oficina del Comisionado de Paz —a cargo de Gloria Quiceno, integrante de la delegación del Gobierno en esa mesa—, Patiño habló de encontrar un espacio de preconcentración con armas, mientras se identificaba un lugar seguro para ubicar a los integrantes de este grupo armado ilegal.

En ese sentido, la ley establece que estas zonas no podrán ubicarse en áreas urbanas y que en ellas se deberá garantizar el normal y pleno ejercicio del Estado de Derecho. “El Gobierno definirá la manera como funcionarán las instituciones públicas para garantizar los derechos de la población”, dice el documento.

Otros aspectos que podrá definir el Gobierno, a partir de los acuerdos firmados en la mesa de negociación, son: la delimitación geográfica, el rol de las instancias nacionales e internacionales en el proceso de dejación de armas y tránsito a la legalidad, las condiciones y compromisos para la temporalidad y funcionamiento de las zonas, y las modalidades de reincorporación a la vida civil.

Finalmente, este parágrafo establece que estas zonas no serán zonas de despeje, es decir, no serán espacios en los que la Fuerza Pública se retire y ceda el control militar y político al grupo armado.

El Catatumbo vive, desde hace 90 días, una cruenta guerra entre el Frente 33 de las disidencias de las Farc y el ELN. Según el más reciente balance del PMU instalado en esa región, hay 64.397 personas desplazadas, 12.887 confinadas y al menos 106 asesinadas. Son justamente estas cifras las que generan dudas sobre la propuesta del Ejecutivo.

Analistas en temas de paz y conflicto también han expresado su punto de vista al respecto. De hecho, este domingo, en la red social ‘X’, Leonardo González Perafán, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), planteó una preocupación que deberá resolver el Gobierno si las disidencias de Calarcá aceptan la propuesta para avanzar en el proceso.

“Esta no es solo una jugada estratégica. Es una decisión que pone a las comunidades en el centro de un fuego cruzado, donde se disputan rutas, poder y control social. ¿Quién va a responder por los desplazamientos, el reclutamiento o las extorsiones que esto puede traer?”, opinó.

CAMILO A. CASTILLO
Redacción Política
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