¿Qué competencias se deben trasladar a los departamentos y municipios tras la reforma al Sistema General de Participaciones?

La descentralización y la autonomía regional seguirá siendo uno de los principales temas de la agenda política en 2025. El año anterior se aprobó la reforma del Sistema General de Participaciones (SGP) –establece aumento de las transferencias del 23 al 39 por ciento–, promovida por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, que contó con un amplio respaldo de todos los sectores políticos.

Pero esa reforma de la Constitución, que es la más grande que se ha aprobado en los últimos años, solo entrará en vigor una vez se apruebe una ley de competencias en el Congreso, la cual debe de estar lista máximo en 24 meses.

La idea de Cristo, quien promovió la iniciativa desde antes de entrar al Gobierno, es trabajar este semestre en la construcción de esa ley para presentarla el 20 de julio, cuando se inicia la última legislatura del actual Congreso.

Y ya desde las regiones están pensando en esa ley, porque deberá ser construida con todos los sectores. Precisamente, en ese sentido, ayer se presentaron los resultados de dos estudios realizados por Cifras y Conceptos y la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, de la mano de la Federación Nacional de Departamentos, para conocer qué están pensando la ciudadanía, los líderes de opinión y los mandatarios locales y regionales sobre cómo debe ser esa nueva distribución de competencias.

Una de las principales conclusiones de ambos informes es que no importa quién tenga las competencias, lo importante es que hay recursos, pero también que todo debe de estar pensado en la necesidad de cada región. Antioquia no puede asumir las mismas funciones que Chocó, por ejemplo.

“Descentralizar no significa simplemente aumentar los recursos; el objetivo es asegurar que los gobiernos subnacionales tengan la autonomía necesaria para gestionar esos recursos de manera independiente. Solo así se logrará una verdadera descentralización, una en la cual las entidades locales no solo reciban fondos, sino que también cuenten con la capacidad de tomar decisiones autónomas que respondan a sus necesidades y prioridades específicas”, aseveró Didier Tavera, director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos.

La percepción de ciudadanos y líderes de opinión sobre la reforma al Sistema General de Participaciones

César Caballero, gerente de la firma encuestadora que consultó a 3.019 personas de 51 municipios de 10 departamentos y a más de 50 líderes de opinión, destacó que más del 80 por ciento de la población general y más del 93 por ciento de los líderes de opinión están de acuerdo con que la reforma del SGP aumente la autonomía regional y la distribución de recursos.

Además, el 59 por ciento de la población general y el 88 por ciento de los líderes de opinión consideran que los recursos actuales no son suficientes para cubrir las necesidades de los territorios.

Sobre qué competencias debe de tener cada nivel, la ciudadanía asocia al nivel central temas como inclusión social, vivienda, educación superior, medioambiente y otras áreas de impacto estratégico; con los departamentos, asuntos como vías intermunicipales, cultura, deporte, turismo, desarrollo de zonas francas y parques industriales y contratación docente, y para los municipios, competencias como programas de actividad física, gestión de residuos, calidad educativa y servicios públicos.

También hay competencias para compartir entre los tres niveles de gobierno: alimentación escolar, acceso y calidad en los servicios de salud, e innovación en sectores económicos.

Pero la principal preocupación, sin importar quién maneje las responsabilidades, es la falta de recursos. Tanto líderes de opinión como ciudadanía coinciden en que los recursos actuales no son suficientes para cubrir las necesidades de cada región.

En cuanto a la solución de problemas con mayor autonomía para tomar decisiones, el 48 por ciento de la población en general cree que eso ayudará a resolver los problemas, mientras que solo el 38 por ciento de los líderes de opinión creen que así sería.

La visión de los mandatarios locales y regionales sobre las competencias que recibirán 

Si en manos de las regiones estuviera la decisión de la nueva distribución de las competencias, según el estudio ‘Barreras para la descentralización en Colombia: análisis de las competencias de entidades territoriales’, liderado por la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo de la Universidad de los Andes, se quedarían con gestión del riesgo, ordenamiento territorial y salud, pero creen que se deben compartir temas como vías, vivienda y primera infancia.

Por ejemplo, en los departamentos creen que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) debería ser algo que quede en manos de la Nación, mientras que en los municipios consideran que temas relacionados con atención a víctimas y desplazados deberían quedar en el nivel central.

Para Camilo González, profesor asociado de esa institución, es necesario “fortalecer la autonomía financiera, simplificar el sistema tributario y destinar ingresos adicionales para una gestión más eficiente”.

Los desafíos que se vienen para la ley de competencias 

La senadora Angélica Lozano, presidenta de la Comisión IV del Senado, y quien insistió durante la discusión de la reforma del SGP que la cifra debía aumentar al 37 por ciento, pero su propuesta no fue acogida, debe de haber “pura realidad” a la hora de mover las competencias.

“Hay una sobrecarga en la Nación y un vacío enorme en los municipios, que son los primeros responsables y donde tienen más sentido muchas de las competencias. Por su puesto, solo si tiene recursos, capacidad administrativa y un montón de mecanismos para garantizar eficiencia. Debe haber realidad fiscal y, lamentablemente, llega esta elaboración de la ley en el momento más crudo”, afirmó durante un conversatorio a propósito de la presentación de los informes.

La senadora, quien insistió en que las transferencias deberían ser no del 39 por ciento, sino del 37, pero su idea no tuvo eco, dijo que “el Comité Autónomo de la Regla Fiscal dijo este lunes: muy bien el recorte de 12 billones del presupuesto, faltan 40. Físicamente es imposible. Pero sí muestra una realidad sobre la gestión de los departamentos, actualización de los catastros. Implica un todos ponen y todos toman esta distribución de competencias. Eso implica que pensemos sin el beneficio inmediato, sin reelecciones, sino pensar esto en 20 años”.

Mientras que el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, insistió en que esa oportunidad que tiene hoy el país de tener una transformación profunda no se puede desperdiciar.

“Es oportuno pensar hacia dónde vamos como país y cuál debe ser la función del gasto. ¿Hasta cuándo vamos a tener regalías? Es un momento oportuno para que no solo veamos el Sistema General de Participaciones, sino hacia dónde va el país”, afirmó.

El mandatario regional habló de una dificultad que tiene su departamento en temas de presupuesto. “Córdoba tiene un presupuesto de 1,7 billones. La gente dirá: ese gobernador está hecho, 1,3 para el pago de los docentes. Se van 200.000 en giros de la salud. Me quedan 200.000 millones. Se me van 50.000 en la Ley 5050. Se me van 50.000 en estructuración de pasivos. Me quedan 100.000 millones de pesos para jugar en 18 secretarías, 2 millones de habitantes. Creo que debemos ver cómo garantizamos la sostenibilidad de las gobernaciones”.

Pero una de las conclusiones del conversatorio es que el nivel central debe ceder. Para Tavera, es necesario tener una discusión muy amplia en la cual “hay que darles paso a las regiones, pero también nos encontramos en una talanquera con el Gobierno Nacional (...). Le tienen miedo a perder el poder centralista y que las regiones avancen”. 

MATEO GARCÍA 

Subeditor de Política