'Don Berna' y 'Cuco Vanoy', dos de los principales capos de las Auc que siguen en cárceles de Estados Unidos pagando condenas por narcotráfico y que por más de dos décadas se han negado a cumplir sus compromisos de verdad, justicia y reparación, son desde este martes gestores de paz del gobierno del presidente Gustavo Petro.
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Sus nombres y los de otros 15 jefes paramilitares se suman al de Salvatore Mancuso en ese reconocimiento, que incluso permitiría que los que están en Colombia salgan temporalmente de prisión para cumplir las tareas que les asigne el Ejecutivo.
Con el fin de darle un "cierre definitivo" al proceso de Justicia y Paz, el presidente Gustavo Petro incluyó a estos 18 ex capos de las AUC, varios de ellos responsables de varias de las peores masacres de las que fue testigo el país, en la lista de gestores de paz, la polémica figura que aplica, según la Ley 975 de 2005 y el Decreto 1175 de 2016, para integrantes activos de grupos armados organizados al margen de la ley que puedan contribuir a implementar acuerdos humanitarios. ¿A qué grupos armados representan estos antiguos señores de la guerra y cuál podría ser su real aporte a la paz son dos de las preguntas con las que arranca el debate por la decisión?
La tesis del presidente Petro, mencionada con ahínco el pasado 3 de octubre durante la entrega 8.000 hectáreas de tierras que estuvieron en manos de estos jefes criminales, es revivir las mesas con los paramilitares, de las cuales ha sido crítico porque, según él, no aportó la verdad suficiente sobre quiénes apoyaron en el establecimiento a esas fuerzas criminales.
"Salvatore, 'Macaco', 'Jorge 40' podemos reactivar la mesa de paz porque el proceso no ha terminado. Le propongo instalar la mesa para finiquitar el proceso de Álvaro Uribe, esta vez sin traición y sin miedo a la verdad, que se tenía en esa época", dijo el mandatario en su intervención, en lo que fue el primer encuentro entre Gustavo Petro y Salvatore Mancuso desde que este último salió de prisión.
La designación hecha por el presidente Petro -otrora uno de los políticos que denunciaron con más fuerza el accionar de las Autodefensas- incluyó a los principales líderes paramilitares que se acogieron al sistema de Justicia y Paz hace 20 años, aunque varios de ellos fueron expulsados de dicha jurisdicción por incumplimientos y reincidencia en actividades delictivas.
Además de 'don Berna', cuyo verdadero nombre es Diego Fernando Murillo Bejarano; y Ramiro 'Cuco' Vanoy, la resolución 453 de 2024 cobija a Arnubio Triana Mahecha, alias 'Botalón'; Ramón Isaza; Hebert Veloza García, alias 'H.H'; Rodrigo Tovar Pupo, alias 'Jorge 40'; Hernán Giraldo Serna, alias 'el señor de la Sierra'; Juan Francisco Prada Márquez, alias Juancho Prada; José Baldomero Linares Moreno, alias Guillermo Torres; Rodrigo Pérez Alzate, alias 'Julián Bolívar'; Fredy Rendón Herrera, alias 'El Alemán'; Edwar Cobos Téllez, alias 'Diego Vecino'; Héctor José Buitrago Rodríguez, alias 'El Patrón'; Luis Eduardo Cifuentes Galindo, alias el Águila; Manuel de Jesús Pirabán, alias Pirata; y Héctor Germán Buitrago Parada, alias Martín Llanos. La lista la cierra Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias 'Macaco'.
Mancuso, el 'Alemán', 'Botalón', 'Vecino', 'Julián Bolívar', 'H.H' y Ramón Isaza, entre otros, están libres. 'Macaco', '40' y Hernán Giraldo (uno de los peores depredadores sexuales durante el conflicto armado en la Sierra Nevada de Santa Marta) siguen presos tras volver de Estados Unidos porque fueron expulsados de Justicia y Paz y, por lo tanto, deberán cumplir condenas de hasta 40 años por miles de crímenes en medio del conflicto armado.
Esta decisión, así como ya ocurrió con la aparición pública de Mancuso durante un evento destinado a las víctimas de los paramilitares, ha despertado un aluvión de críticas debido a que no es claro que pueden aportar, a que se incluyeron temidos capos del narcotráfico y a la poca claridad que hay sobre cómo funcionará esa mesa. “El camino para la paz es la seguridad, no aliarse con los peores criminales. La ‘paz total’ de Petro es una burla a Colombia”, señaló el senador Miguel Uribe, del Centro Democrático, quien acusa falta de coherencia por parte del primer mandatario.
Petro insiste en que los bienes de los exparas no se han usado en su totalidad para reparar a las víctimas y habla de rezagos en los procesos de Justicia y Paz. También asegura que fueron extraditados a Estados Unidos para evitar que siguieran hablando de sus nexos con el establecimiento.
Sin embargo, fueron las confesiones de varios jefes 'paras' ante la jurisdicción de Justicia y Paz las que desataron la tormenta de la parapolítica, que puso en prisión a más de un centenar de poderosos congresistas y gobernadores.
En su momento, el expresidente Álvaro Uribe Vélez cuestionó que detrás del nombramiento de Mancuso como gestor de paz hubiera supuestos intereses políticos en su contra.
Germán Valencia, profesor del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, afirma que no hay que olvidar que la ‘paz total’ se creó para negociar con grupos de carácter político y con grupos criminales, y no con estructuras desmovilizadas. De ahí que considere que las críticas son razonables. “No está claro qué representa esto para el presidente. Bajo su política se ha negociado con actores armados criminales, no con actores que han sido judicializados y desmovilizados como las extintas AUC. Seguramente su intención es ampliar la ‘paz total’”, afirmó el analista, quien insiste en que esta figura fue creada para miembros activos de grupos armados.
Para el experto en conflictos Luis Fernando Trejo, la designación como gestores de paz de la antigua cúpula de las Auc no debe sorprender a nadie, en la medida en que el presidente Petro en días pasados en la ciudad de Montería ya había anunciado que esto iba a suceder.
“Lo que no queda claro en la resolución es cuáles son las funciones que van a cumplir estas personas como gestores de paz, teniendo en cuenta, que pertenecieron a una organización armada ilegal que se desmovilizó en el año 2006. Es decir, ellos no ejercen ningún mando y no tienen tropa desde hace más de 15 años”, señaló Trejo, quien resaltó que eso es un escenario “problemático”, en la medida en que la ausencia o la falta de claridad respecto a los objetivos que se esperan, toda vez que “lo que hacen es alimentar especulaciones en torno a esa designación y terminan desgastando el esfuerzo gubernamental de paz por la ausencia de claridad en las comunicaciones”.
En medio de estos interrogantes también surge la duda sobre qué busca el jefe de Estado en un momento en el que su política de paz no pasa por el mejor momento. Con el congelamiento de la mesa con el Eln, los pocos avances en los procesos con las disidencias de ‘Calarcá’ y la Segunda Marquetalia, la incertidumbre que reina en los espacios de paz urbana, el Gobierno se aferra a lograr un acuerdo con los Comuneros del Sur para dejar algo que mostrar en términos de paz. Sin embargo, hay quienes creen que con esta idea también busca mostrar algo.
“El presidente anuncia una nueva mesa, más allá de las nueve que tiene abiertas hoy con distintos grupos, y muchos nos preguntamos si esto es una forma de decir que las demás mesas no tienen forma de culminar exitosamente, y por eso reabre un proceso de hace 20 años”, aseguró Gerson Arias, investigador asociado de la Fundación Ideas para la Paz.
Sin embargo, para Angelika Rettberg, experta en temas de paz, esta es una decisión que va en consonancia con la tesis central de su política insignia. “Es arriesgado, pero coherente con las señales que el gobierno ha venido dando de que, si no se benefician y se involucran todos los actores ilegales, la paz no podrá ser total”, manifestó.
Laura Bonilla, subdirectora de Pares, y quien una vez se anunció la mesa cuestionó la estrategia del presidente Petro de lanzar propuestas sin tener la capacidad estatal de hacerlas realidad, coincide en que es peligroso reabrir ese proceso en este momento. “Es arriesgado porque surge de nuevo la duda de qué podrán hacer por la paz justamente esos personajes. Al mismo tiempo, son muy distintos entre ellos, así que seguramente cada uno arrancará por su propio camino”.
Cabe mencionar que en la resolución se deja claro que la gestoría de paz no implica que cambie su situación judicial, pero sí que los que aún están cumpliendo penas podrán ser liberados para llevar a cabo las actividades propias de su designación. "Para el cumplimiento de las tareas y actividades que se deriven de la anterior designación, el Gobierno nacional, por intermedio del Comisionado de Paz, solicitará a las autoridades penitenciarias y carcelarias brindar las medidas necesarias", dice el documento en cuestión.
El papel de 'Berna' y 'Vanoy' también es un enigma. Claramente, y más con la llegada de Donald Trump a la Presidencia de los Estados Unidos, las medidas de la 'paz total' del gobierno Petro no tendrían mayor eco en las cárceles federales.
Y otra duda latente es lo que esperarían los ex 'paras', al menos los ya libres, de su nueva condición. El reconocimiento de derechos políticos, que sí tienen los ex Farc pero que las cortes les negaron a los capos de las Auc en su revisión del proceso firmado con el gobierno de Álvaro Uribe, es una expectativa que han mencionado varios de ellos.
CAMILO A. CASTILLO
Redacción Política
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