¿Qué alternativas legales tiene Medellín si el Gobierno Petro incumple sus obligaciones con el Metro de la 80? Esto dicen los expertos

Conocida la sanción del Decreto 0069 de 2025 del 24 de enero de 2025, a través del cual se aplazan varias apropiaciones del Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2025, las autoridades en Medellín tienen un duro camino cuesta arriba para evitar que el Metro de la 80 quede desfinanciado.

Esta megaobra, la cual es cofinanciada en un 70 por ciento por el Gobierno Nacional, hace parte de los proyectos cuyos recursos serán aplazados, lo que prendió las alarmas en la capital de Antioquia.

Y es que desde el 2021, la empresa Metro adquirió un préstamo por $2,17 billones con tres bancos -Bancolombia, la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) y Davivienda- a un plazo de 13 años para ir soportando financieramente el proyecto.

Vigencias para pagar un crédito

Este crédito, explicaron desde el Metro, se debe pagar con las vigencias futuras de cada año que van llegando, por lo que el hecho de que no lleguen no solo genera un riesgo con los bancos, sino también a la hora de solicitar más créditos. 

“Con lo que llevamos hasta el momento desembolsado de los bancos vamos al día, el riesgo es más como de aquí en adelante, porque esa financiación que tenemos con los bancos está respaldada en vigencias futuras, entonces nosotros requerimos seguir tomando más crédito, por lo que los bancos se toman el trabajo de evaluar el riesgo para aprobar o no los créditos”, contó Carolina Leiva, gerente financiera del Metro de Medellín.

'El proyecto está herido de muerte'

Sin embargo, para el alcalde Federico Gutiérrez, esta decisión del Gobierno Petro genera un hueco financiero de $980.000 millones, es decir, casi un billón de pesos, lo que para él es “dejar herido de muerte el proyecto. El Gobierno Nacional le da una estocada”, expresó el alcalde de Medellín.

Es por lo anterior que la Junta Directiva del Metro se reunirá este miércoles 29 de enero para analizar las alternativas financieras, pero sobre todo legales, para que la Nación cumpla con sus obligaciones.

Si bien el alcalde no entró en detalles sobre qué se podría hacer, EL TIEMPO dialogó con expertos en contratación estatal, quienes coincidieron en que la figura legal que entra en este caso es una controversia contractual.

Lo que dicen los expertos

La abogada Laura Holguín Giraldo, CEO de Develya Lawyers, explicó que, si el Gobierno no cumple lo que le corresponde, se podría aplicar este mecanismo.

“Una controversia contractual quiere decir que una entidad demanda a la otra por el incumplimiento de una obligación establecida en un acto jurídico”, contó la abogada.

A esto, se suma que el Metro podría declarar un incumplimiento o solicitarle a un juez la aplicación de una sanción o una penalidad por los perjuicios, ya que la empresa podría incumplirles a los contratistas, a la interventoría y a los bancos.

“También está la acción de cumplimiento, que busca que una entidad solicite a través de un juez el cumplimiento de una norma ante aquella entidad que se rehusa o se niega a cumplir. Yo creería que el Metro está planteando una controversia contractual con el Gobierno en el incumplimiento de una obligación de financiamiento”, puntualizó Holguín.

Por su parte, Juan José Agudelo docente de la Universidad de Medellín y la Universidad EAFIT, y experto en contratación estatal, coincidió en que la controversia contractual sería la acción que aplicaría para esta situación entre la Nación y el Distrito. 

Aclaró el docente que el CONPES es un documento que es una especie de garantía del Gobierno Nacional de que efectivamente va a aportar el dinero para hacer la obra.

"Pero adicional a eso, se suscribió un convenio de financiación entre la Nación y el Distrito de Medellín para la construcción del Metro de la 80. Entonces, ya el Metro de Medellín tiene unos compromisos y unas obligaciones contractuales con un constructor, por lo que la no llegada de los recursos generaría de parte de la Nación un incumplimiento, por lo que el Distrito de Medellín podría iniciar una acción judicial a través de un medio de control que se llama controversias contractuales, para que un juez declare el incumplimiento por parte de la Nación y lo obligue a aportar el dinero comprometido desde vigencias anteriores", explicó el profesor Agudelo.

Responsables y tiempos

Coinciden los expertos en que sería la jurisdicción de lo contencioso administrativo quien llevaría esta controversia y tomaría la decisión. 

En esta, estarían los jueces y magistrados que resuelven asuntos relacionados con convenios y contratos celebrados entre entidades públicas.

"En el evento de generarse una controversia contractual, el Metro podrá acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa para que sea un Juez de la República en esta especialidad el que determine si el Gobierno Nacional ha incumplido con el convenio de financiación para la ejecución de esta obra pública y determine las sanciones o penalidades a que haya lugar", contó la abogada Holguín.

Un proceso largo

Referente a los tiempos, el docente experto indicó que, de llegar a este punto, ese tipo de procesos podría tardarse alrededor de unos eh 4 o 5 años aproximadamente.

Lo anterior, de no haber recursos asegurados, podría paralizar la obra.

"Y no solamente la paraliza, sino que también genera unos efectos jurídicos del Contratista en contra del del Metro de Medellín, porque si el Metro no tiene plata para pagar toda la construcción de la obra, entonces obviamente va también a incumplir y no solo al contratista, también frente a las entidades financieras", precisó el profesor Agudelo.

¿Es viable conseguir más recursos?

Para el experto, en el momento pueden existir otras alternativas de conseguir recursos, pero que, a su parecer, son muy escasas debido a la incertidumbre de inversión que existe en el país.

"Más que todo cuando se trata de entablar relaciones de negocios para obras públicas o con entidades estatales. Si históricamente el sector privado ha sido muy prevenido para invertir dinero en asocio o en conjunto con las entidades del Estado, más ahora en este momento de inestabilidad institucional (...) la realidad es que el sector privado, tanto a nivel nacional como internacional, ven en Colombia en este momento un país con riesgo", opinó el docente

Por su parte, Orlando Uribe, secretario de Hacienda de Medellín, indicó que la ciudad quedó en una situación financiera compleja después de la pasada Alcaldía, por lo que apenas están recuperándose de esta situación.

Es por lo anterior, que sería muy complejo poder acceder a un préstamo para poder conseguir los recursos que hacen falta si el Gobierno Nacional no cumple con sus obligaciones.

"Hicimos en 2024 inversiones por más de $1,5 billones para cerrar las grandes brechas que dejó la administración anterior, pero estamos en un proceso de recuperación. Nosotros tenemos previsto apalancarnos para el Plan de Desarrollo a través de crédito, cerca de $1,9 billones es la capacidad de endeudamiento que tiene el Distrito, pero van para el Plan de Desarrollo, situaciones como esta pueden desconfigurar la capacidad financiera de Medellín, pero esperamos que el Gobierno cumpla", expresó Uribe.

ALEJANDRO MERCADO

Periodista de Nación

Medellín