¿Puede Donald Trump posesionarse como presidente de Estados Unidos pese a estar condenado? Lo que pasará con sus procesos penales

Después de una campaña atípica, en la que fue blanco de dos intentos de asesinato, el republicano Donald Trump ha hecho historia este miércoles 6 de noviembre. Es el primer presidente con una condena penal y cuatro inculpaciones pendientes y el primero en lograr un segundo mandato no consecutivo desde 1893.

Trump se proclamó este miércoles ganador de las elecciones presidenciales con un total de 277 votos electorales tras adjudicarse el estado de Wisconsin -que tiene 10 votos en el Colegio Electoral-, según las proyecciones de CNN y AP.

El expresidente, no obstante, ya se había atribuido la victoria frente a la vicepresidenta demócrata Kamala Harris durante un mitin ante sus seguidores en Palm Beach (Florida), tras obtener buenos resultados parciales y ganar el voto popular, según el escrutinio preliminar.

Tras su triunfo, surge la pregunta de si puede ejercer como presidente pese a sus causas judiciales y qué pasará con esos procesos una vez llegue a la Casa Blanca.

¿Puede ser presidente aún con procesos judiciales en su contra?

La Constitución de Estados Unidos no impide que una persona condenada por delitos federales aspire a la Presidencia. Tampoco prohíbe que alguien asuma el cargo si es sentenciado o incluso encarcelado. 

Los requisitos constitucionales para ser candidato presidencial son pocos: tener al menos 35 años, ser ciudadano estadounidense de nacimiento y haber residido en el país por lo menos 14 años.

El único impedimento para que Donald Trump asuma un segundo mandato, después de ganar hoy, sería una condena por insurrección. Esto significa que, aun enfrentando cargos federales o estatales, puede ejercer sus funciones como presidente.

La Constitución no establece impedimentos adicionales para candidatos que se encuentren en esas circunstancias, dejando abierta la posibilidad de que una persona asuma el poder incluso desde la cárcel.

Los procesos judiciales que tiene Donald Trump

Y es que, jugando con el tiempo, Donald Trump ha conseguido aplazar la mayoría de los juicios penales en su contra hasta después de las elecciones presidenciales, y ahora que fue declarado vencedor en los comicios, confía en que no tendrá que sentarse en el banquillo.

Un último obstáculo judicial le aguarda el 26 de noviembre en Nueva York, antes de su regreso oficial a la Casa Blanca el 20 de enero: la condena en el único de sus cuatro procesos penales que sus abogados no han logrado retrasar más allá de 2024.

Declarado culpable el 30 de mayo por el tribunal del estado de Nueva York de "falsificación contable agravada para ocultar una conspiración para pervertir las elecciones de 2016", en teoría podría enfrentarse a hasta cuatro años de cárcel.

Este caso involucra el pago de 130.000 dólares, disfrazado como honorarios legales, a la exactriz de cine porno Stormy Daniels para ocultar una relación sexual en 2006, que Trump niega.

Pero la posibilidad de que el juez Juan Merchan le imponga una pena de prisión parece ahora muy improbable, dadas las insuperables dificultades prácticas que supondría encarcelar a un presidente electo y luego en ejercicio, según los expertos.

En cuanto a los dos procesos federales que hay contra él, si bien el horizonte judicial de Trump se ha despejado espectacularmente este verano, ahora parece completamente despejado al menos durante los cuatro años de su nuevo mandato.

A finales de octubre, el candidato republicano aseguró que, de ser elegido, iba a "despedir" al fiscal especial encargado de estos dos casos, Jack Smith, nombrado por el fiscal general de la actual administración demócrata, Merrick Garland.

"Le despediré en dos segundos", dijo en una entrevista en respuesta a la pregunta de si se indultaría a sí mismo o haría despedir al fiscal especial.

El fiscal especial investiga los supuestos intentos de Trump de anular los resultados de las elecciones de 2020 y la retención de documentos clasificados tras abandonar la Casa Blanca.

En el primer caso, en Washington, el 1.° de julio el Tribunal Supremo concedió al presidente electo de Estados Unidos una amplia presunción de inmunidad penal, lo que obligó a Jack Smith a presentar una acusación revisada a finales de agosto.

En un voluminoso documento, el fiscal especial desarrolló entonces sus argumentos para demostrar el carácter privado de los actos por los que se persigue a Trump, que no están por tanto, en su opinión, amparados por la inmunidad penal que tienen sus "actos oficiales".

En el segundo caso, en Florida (sureste), la jueza Aileen Cannon anuló el proceso el 15 de julio por considerar que el nombramiento del fiscal especial en este caso y la financiación de su trabajo violan los artículos de la Constitución sobre nombramientos y gastos.

Esta decisión está actualmente recurrida. En cuanto vuelva a la presidencia, Donald Trump podrá nombrar a un nuevo fiscal general que destituya a Jack Smith o simplemente ordenar al departamento de Justicia que retire los cargos.

Al hacerlo, podría invocar la política del departamento de Justicia de no procesar a un presidente en ejercicio.

Sin embargo, legalmente, esta política no debería aplicarse a los procesos penales que estén en curso antes de que asuma el cargo, ya que "se trata de una situación muy diferente", afirma Claire Finkelstein, profesora de Derecho de la Universidad de Pensilvania (noreste).

Pero como será la interpretación la que prevalecerá bajo una administración Trump, en estos procesos federales, "tal y como están las cosas, solo podría ser juzgado después de que haya dejado el cargo", añade.

Quedan los procesos en el estado clave del sudeste de Georgia, Donald Trump está procesado junto con otras 14 personas por delitos similares a los de su caso federal en Washington, en virtud de una ley estatal sobre delincuencia organizada.

En este caso, que se prolongará al menos hasta el año que viene, todo dependerá de la decisión del Tribunal de Apelaciones del Estado, que ha recibido una petición de los acusados para que desestime la acusación del fiscal.