Proyecto que reforma al SGP y da más autonomía a las regiones tiene enfrentados a funcionarios del gobierno Petro

El proyecto que busca entregarle a los departamentos más autonomías y recursos del Sistema General de Participación (SGP) tiene dividido al gabinete del presidente Gustavo Petro.

Por un lado, está el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, que apoya la iniciativa y la ve como una confirmación de uno de los ejes con los que llegó al Gobierno. En el sector contrario está el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), a cargo de Ricardo Bonilla y Alexander López, respectivamente. La ven inconveniente y como peligrosa para la sostenibilidad fiscal del país.

El proyecto en cuestión estaba siendo impulsado inicialmente por el expresidente del Senado Iván Name, que durante su gestión hizo amplio énfasis en la descentralización e hizo del federalismo un tema reiterativo de sus charlas. Durante su estancia en la dignidad, la iniciativa dio su primera vuelta en las dos corporaciones del Congreso. El relevo en los apoyos lo dio el ministro del Interior y el senador Guido Echeverri, que llegó al Legislativo por En Marcha –movimiento político liderado por Juan Fernando Cristo y que tuvo personería política por varios meses-.

La iniciativa plantea que se le asigne más competencias a los departamentos y municipios con el fin de que se le entreguen más recursos del SGP. Este fue creado en 2001 como desarrollo de la orden de descentralizar de la Constitución de 1991 y consiste en la entrega directa de recursos a los gobiernos locales para temas de educación, salud, agua potable, y otros servicios esenciales.

La meta del acto legislativo que actualmente se tramita es que a partir de 2027 y por un término de 10 años crezca el sistema general de participaciones paulatinamente hasta llegar a ser el 46,6 por ciento de los recursos corrientes de la nación. Esto implicaría que el Estado a nivel nacional quede con el restante, 53,4 por ciento de los recursos, para su funcionamiento y ejecución.

La polémica en el seno del Gobierno

Precisamente este tema de la repartición de los dineros ha sido el centro de la discusión en el Gobierno. En Hacienda y el DNP ven como inconveniente el proyecto desde el mismo comienzo de su trámite. Ambas instituciones han señalado que se pone en peligro la sostenibilidad fiscal.

En un concepto emitido para el cuarto debate, el Ministerio de Hacienda no le dio un concepto favorable a la propuesta pues “implica costos fiscales recurrente no contemplados en el presupuesto general de la nación e insostenibles con las proyecciones macroeconómicas”.

En esa misma línea, se señaló que la propuesta solo “se limita a asignar un mayor número de recursos financieros a las Entidades Territoriales” y desconoce las “competencias de la Nación, departamentos y municipios en la prestación de los servicios sociales, las fuentes alternativas de financiamiento de la Nación y de los territorios”.

En esa línea, para la cartera que lidera Ricardo Bonilla, el proyecto puede “generar un desbalance fiscal y puede poner en riesgo la provisión, calidad y continuidad de los servicios, la inversión social en el país y el uso eficiente de los recursos”.

Se hace la observación de que el texto puntualmente no establece las nuevas competencias que se les entregaría a gobiernos locales y departamentales, por lo que el aumento de los dineros en el sistema general de participaciones se “traduciría en un faltante de recursos” para el nivel nacional.

“De este modo, la Nación se podría ver avocada a hacer recortes al presupuesto general de la nación, lo cual podría significar el incumplimiento de sus propias competencias legales y constitucionales”, indicó el Ministerio de Hacienda, que hizo la observación que incluso se afectarían temas de salud, educación y otros servicios como agua potable, pues en muchos casos esta labor la está asumiendo el Ejecutivo nacional y no los gobiernos regionales.

El DNP también emitió un concepto que considera inviable la propuesta. Entre los argumentos planteados está que, si bien es cierto que hay un mandato de descentralización y fortalecimiento de las autonomías, “Colombia aún no es sostenible en cuanto a generación de ingresos para su funcionamiento”. 

En esa línea alertó que la propuesta busca que sí o sí se llegue a un 46,5 por ciento de recursos al SGP sin tener en cuenta las variaciones en el recaudo y los ingresos corrientes. “Haría inviable la sostenibilidad de los programas y proyectos de la Nación, lo cual pondría en riesgo la garantía del acceso a derechos, incluso fundamentales, que hoy están a cargo del Gobierno Nacional”, dice el concepto del DNP, que apunta que sería el Ejecutivo nacional quien asuma los riesgos macroeconómicos.

Para la dependencia liderada por Alexander López, la propuesta podría incluso poner en riesgo “la viabilidad del Estado como un todo”, principalmente por posibles problemas de financiación de “sectores de justicia, defensa y seguridad”, al tener que garantizar un porcentaje fijo de los dineros corrientes de la nación cada año.

“Se sacrificaría la inversión de la Nación, cuyo foco es el cierre de brechas, que es el pilar central del Estado Social de Derecho, así como la reforma agraria integral y los compromisos adquiridos por gobiernos anteriores en materia de infraestructura y vivienda”, expresó el DNP en su concepto remitido al ponente del proyecto, el senador Ariel Ávila.

En cambio, el ministro Juan Fernando Cristo ha salido públicamente a defender el proyecto y ha sintonizado a las distintas fuerzas políticas del Senado para su aprobación. Incluso, destacó la importancia de esta iniciativa en una columna de opinión publicada por EL TIEMPO

En este espacio, el responsable de la política en el gobierno Petro reconoció como válidos los reparos, pero al mismo tiempo indicó que lo planteado por el proyecto es de suma importancia.

“Aunque la inquietud es razonable, la solución también lo es: es esencial redefinir las competencias entre la Nación y las regiones”, reseñó el ministro, que a renglón seguido señaló que las objeciones pierden sustento cuando se observa que el texto le otorga dos años al Congreso para reasignar competencias y de esta forma garantizar que mayor cantidad de recursos impliquen más funciones para departamentos y municipios.

“Nadie pretende una descentralización fiscalmente inviable, pero devolver autonomía a las regiones es urgente. No podemos permitir que las excusas fiscales oculten la necesidad de avanzar hacia la autonomía territorial. Eso sí, mayor autonomía implica más ingresos, pero también más responsabilidades”, concluyó Juan Fernando Cristo, que se atrevió a decir en su columna que “el centralismo ha fracasado”.

Como un intento de destrabar el trámite y disipar temores, el ministro del Interior también hizo un llamado a un diálogo nacional que busque realmente transformar el país, “tocando la esencia de la distribución del poder, los recursos y la estructura del Estado”.

No hay que olvidar que el ministro Cristo desde que llegó al gobierno, en junio, planteó que uno de los objetivos de su gestión era avanzar en una nueva forma de ordenamiento territorial en Colombia.

“Avanzar en la profundización de la autonomía territorial y un fortalecimiento de las capacidades fiscales de los departamentos", indicó el funcionario en su primer discurso. Y es que durante su carrea política y su corta aspiración presidencial en 2022 planteó la descentralización y el federalismo como una de sus banderas.

Con miras a este propósito, en sus primeros días en Gobierno, Cristo formuló inicialmente que desde su cartera se propondría un proyecto propio para la reforma al SGP. No obstante, con esta iniciativa en trámite, se plegó a ella, sin importar que inicialmente la impulsó Name. Su apoyo le ha dado el impulso suficiente para que esté con la cantidad de votos necesaria para pasar en la plenaria de Senado y con un ambiente positivo en Cámara.