¿Por qué la radicación de un mensaje de urgencia por parte del Gobierno para acelerar el trámite de jurisdicción agraria genera ruido?

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, confirmó que presentará mensaje de urgencia para agilizar el debate de la ley ordinaria de jurisdicción agraria, iniciativa priorizada por el Gobierno para esta legislatura. La propuesta llega en medio de un intenso debate debido a las implicaciones que esta podría tener en el manejo de los conflictos agrarios en el país.

Esta iniciativa es uno de los compromisos adquiridos por el Estado colombiano en el acuerdo de paz de 2016, y su objetivo principal es ofrecer un marco normativo que permita resolver los conflictos sobre la tierra. 

Hay que recordar que la jurisdicción agraria y rural fue aprobada en junio del año pasado mediante un acto legislativo que la incluyó en la Constitución, y que durante la pasada legislatura se aprobó la ley estatutaria que define sus principios. Ahora, solo falta esta ley ordinaria, la cual tiene como propósito definir sus procedimientos y competencias.

"Viene la ley de jurisdicción agraria, acabamos de radicar el mensaje de urgencia en el Congreso para que las Comisiones Primera de Senado y Cámara estudien un proyecto que es fundamental para la implementación del acuerdo de paz", informó Cristo este lunes en una declaración a medios.

La urgencia del Gobierno responde a la necesidad de contar con el soporte normativo que permita que la jurisdicción entre en funcionamiento en el menor tiempo posible y que de esta forma se pueda impulsar la adquisición de tierras para la reforma rural, otro de los compromisos del Estado.

 Con este mensaje de urgencia, se le da un plazo máximo al Congreso de tres meses para que saque adelante la iniciativa. Sin embargo, este proyecto ha despertado críticas, pues desde diversos sectores expresan preocupaciones sobre sus implicaciones para la propiedad privada y el debido proceso.

“El Gobierno ha puesto mensaje de urgencia a la jurisdicción agraria. Se tendrá que agilizar el proceso sin espacio para consenso. Nos preocupa que temas como la expropiación vía judicial puedan avanzar. Aquí estaremos para luchar y evitar que el gobierno imponga un proyecto que es perjudicial para el país”, señaló Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático.

Desde la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe. Colombia), una organización que ha seguido de cerca el proceso legislativo de este proyecto, también han expresado serias preocupaciones sobre algunos aspectos cruciales que estarán incluidos en la iniciativa. Según un estudio realizado por la Fundación con el apoyo de National Endowment for Democracy, el articulado de la ley contiene elementos que podrían vulnerar derechos fundamentales y poner en riesgo la seguridad jurídica en el campo. Entre los puntos que más preocupan a la organización se encuentra la eliminación de etapas de control judicial en algunos procedimientos agrarios, lo que, afirman, podría generar desigualdades entre las partes involucradas en los litigios.

"La jurisdicción agraria y rural debe implementarse sí, pero sin violar principios del Estado de Derecho. Como están redactadas algunas de estas normas, no se va a generar más paz en el campo, sino nuevos conflictos más graves que los que tenemos hoy por cuenta de las luchas por tierras en el pasado", señaló Luis Guillermo Vélez, presidente de la Junta Directiva de la Fundación para el Estado de Derecho.

Entre las advertencias está la llamada 'expropiación exprés', sobre la cual la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, se ha pronunciado en varias ocasiones diciendo que el Gobierno no busca ello. Según Vélez, el proyecto de ley permitiría que la Agencia Nacional de Tierras designe o adquiera tierras a través de procedimientos administrativos rurales sin un control judicial adecuado, lo que sumado a la falta de claridad que ven desde la organización en algunos puntos del proyecto, dicen “alimenta el temor” de que los propietarios rurales puedan quedar indefensos ante posibles expropiaciones rápidas.

Críticas similares han sido pronunciadas por líderes gremiales como José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, y Jorge Enrique Bedoya, de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC). La exministra de Agricultura, Cecilia López, también señaló que de aprobarse este proyecto se podrían disparar los conflictos violentos por la tierra.

La representante Katherine Miranda también expresó reparos y cuestionó el hecho de que, según su interpretación, con esta propuesta sea la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y no un juez la encargada de resolver los procedimientos especiales como las expropiaciones. 

“El proyecto de ley busca elevar a categoría de interés social todas las propiedades que puedan ser susceptibles de ser usadas para el agro y lo rural. Esto es peligroso porque la mayoría de las tierras en Colombia podrían encajar en esa definición”, indicó luego de que se dieron a conocer los primeros puntos del proyecto.

Otro punto que ha generado inquietud es el principio de permanencia agraria, que según la Fundación limita la capacidad de los propietarios de tierra para proteger sus predios en casos de ocupación indebida. La Fundación sostiene que este principio, tal como está redactado en el proyecto de ley, otorga una ventaja desproporcionada a los ocupantes, lo que podría generar un aumento en los conflictos por tierras en lugar de reducirlos, como pretende el gobierno.

A pesar de las críticas, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, ha defendido la propuesta del Gobierno, argumentando que no existe ninguna intención de promover una “expropiación exprés”. En varias intervenciones públicas, Buitrago ha dicho que la expropiación es una figura que existe en el sistema jurídico colombiano desde 1936 y que lo que busca el proyecto de ley es regular los procedimientos a través de los cuales los jueces podrán resolver los conflictos relacionados con la tierra.

En una entrevista con EL TIEMPO concedida en agosto, la jefa de la cartera señaló que el objetivo principal es que los campesinos y demás actores rurales tengan acceso a un sistema judicial especializado que pueda resolver sus disputas de manera eficiente y equitativa.

“También hay que entender que cuando se habla de una reforma agraria, hay que regular ciertos caminos para que se puedan materializar los derechos de las personas. Es decir, yo tengo que acceder a los jueces, tengo que poder tener una jurisdicción que me resuelva mis problemas, tengo que tener una competencia judicial y eso es lo que hace este proyecto de ley, generar un articulado para aplicar un código de procedimiento en donde estamos trabajando sobre la jurisdicción agraria y rural”, indicó Buitrago.

Desde la Comisión Colombiana de Juristas también defendieron la iniciativa y manifestaron que las alertas sobre la “expropiación exprés” eran injustificadas. “La Agencia Nacional de Tierras ya resuelve, en sede administrativa, procesos agrarios especiales de la Ley 160 de 1994, según los decretos 2363 de 2015 y 902 de 2017. Actualmente, estas decisiones pueden ser revisadas por un juez contencioso; el proyecto solo propone que pase a un juez agrario”, agregaron.

CAMILO A. CASTILLO
Redacción Política
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