¿Por qué la certificación de Estados Unidos a Colombia en la lucha contra las drogas podría ser solo un triunfo temporal para Gustavo Petro?

La decisión del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de certificar el desempeño de Colombia en la lucha contra las drogas puede ser considerada como un triunfo para el gobierno de Gustavo Petro. Al menos temporal.

Si bien el anuncio ya se anticipaba, dado el grado de colaboración que existe entre ambos países desde hace décadas, el crecimiento exponencial de cultivos en territorio colombiano y la decisión del Gobierno de reducir a la mitad las metas de erradicación para este año habían generado algunas dudas en torno a esta decisión presidencial.

De acuerdo con el propio Gobierno, las hectáreas cultivadas en el país hasta finales del 2023 alcanzaron más de 250.000 hectáreas -una cifra récord en las mediciones nacionales-.

Además, ante la ausencia de cifras estadounidenses sobre cultivos ilícitos, existe alta expectativa por las que publique este mes la ONU, donde probablemente se van a confirmar esos incrementos.

En todo caso, que Biden, aún sin conocer esos datos, le dé la venia a los esfuerzos que hace el Gobierno es significativo. En especial, por lo que destaca en el comunicado donde anuncia su decisión.

La cooperación entre ambos países refleja una relación orientada hacia metas comunes de seguridad, justicia y desarrollo sostenible

Aunque el presidente sí expresó alarma por el crecimiento de los cultivos en la región y pidió medidas concretas, también dejó claro que está en la misma página del Gobierno Petro al apostarle a una estrategia “holística” que aborda reducir la producción de coca mientras se trabaja en seguridad, justicia y la creación de oportunidades económicas para los campesinos.

Por supuesto, con una exigencia clave, mencionada a su vez en el texto: que el Gobierno debe poner los fondos y acelerar la implementación de esas estrategias.

Particularmente, el componente que le da prioridad a las oportunidades económicas para los cultivadores en detrimento de la erradicación forzosa de las plantaciones.

Adicionalmente, el hecho de que Biden resalte las cifras récord en interdicción y decomisos responde a la narrativa del Gobierno colombiano y su énfasis en golpear este eslabón de la cadena.

"La certificación de Colombia subraya la continuidad de una alianza estratégica y robusta con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico. Esta determinación presidencial reconoce el papel decisivo que Colombia desempeña en la región, demostrando un compromiso sólido y sostenido en la interdicción de drogas y la desarticulación de actividades criminales. La cooperación entre ambos países refleja una relación orientada hacia metas comunes de seguridad, justicia y desarrollo sostenible”, aseguró este lunes el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña, durante una rueda de prensa en Washington.

La Casa Blanca celebra el acuerdo que se logró en mayo entre ambos gobiernos y donde se negociaron doce nuevos criterios para medir los esfuerzos antidrogas, en los que la erradicación es solo uno de ellos.

El gobierno Petro, hay que decirlo, probablemente también se benefició por otro factor muy relevante. En Estados Unidos si bien el consumo de coca no deja de preocupar, los ojos están puestos actualmente en el tráfico de fentanilo, responsable de la muerte de más de 100.000 personas al año.

Esto, sumado a que de momento no hay estadísticas que demuestren que el aumento de la producción en Colombia está causando un aumento del consumo en Estados Unidos, sin duda han disminuido la presión.

Quizá lo más significativo, desde la perspectiva del Gobierno colombiano, es que esta administración estadounidense finalmente aceptó un cambio en la manera como se evalúan los resultados de la lucha contra las drogas.

Por décadas, la decisión estadounidense -y sus políticas- estuvo muy influenciada por el informe que producía anualmente la Casa Blanca donde se miraban con lupa solo dos factores: la expansión y disminución de los cultivos ilícitos y la producción potencial del alcaloide.

En su comunicado de este lunes, la Casa Blanca celebra el acuerdo que se logró en mayo entre ambos gobiernos y donde se negociaron doce nuevos criterios para medir los esfuerzos antidrogas, en los que la erradicación es solo uno de ellos.

En teoría, un acuerdo macro que le debía servir al presidente estadounidense para hacer su evaluación anual sobre certificación.

¿Por qué podría ser un triunfo pasajero?

Sin embargo, el triunfo por la noticia de la certificación podría ser pasajero. Por un lado, de acuerdo con analistas, es claro que la administración Biden está dando un compás de espera a las políticas de un Gobierno que solo lleva dos años en el poder y cuyos resultados no son fáciles de medir en el corto plazo.

“Pero tarde o temprano tendrá que mostrar resultados”, sostiene una alta fuente consultada en Washington.

Sobre todo si la tendencia continúa al alza y sigue causando un deterioro de la seguridad no solo en Colombia sino en países vecinos como Ecuador.

También están por conocerse las estadísticas oficiales sobre consumo en Estados Unidos que suelen tardarse un poco en reflejar nuevas tendencias del mercado. Si estas apuntan al incremento en el consumo y se relacionan con las muertes por fentanilo (hay evidencia de que ambas drogas se están mezclando), la paciencia podría comenzar a agotarse.

A eso habría que sumarle la expectativa que existe por el resultado de las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos. Si se impone Kamala Harris es previsible que se mantenga la aproximación actual que apuesta por un cambio en el paradigma, pero con resultados.

Pero si quien triunfa es el expresidente Donald Trump la tensión podría crecer desde el primer día y es altamente probable que el nuevo acuerdo para evaluar los resultados en la lucha contra las drogas sea reemplazado por un enfoque similar al que existía antes.

Algo que ya se ha visto con las relaciones en el Congreso, especialmente en la Cámara de Representantes -controlado por los republicanos- donde ya se han presentado propuestas para reducir la ayuda a Colombia hasta por la mitad.

SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington