En la misma semana en la que atacó duramente a los medios, el Consejo Electoral, el Consejo de Estado, al alcalde de Bogotá, al Congreso y a los sectores que llama ‘superricos’, el presidente Gustavo Petro terminó graduando de conspirador al nuevo presidente del Congreso, Efraín Cepeda, y reactivando, remasterizada, la tensión política que marcó la pasada legislatura, cuando el cargo estaba en manos del senador Iván Name.
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Según Petro, la ponencia que debe discutir desde este lunes el Consejo Nacional Electoral sobre la posible violación de los topes de gastos de su campaña en más de 5.000 millones de pesos es la puerta por la que sus enemigos políticos lograrían sacarlo del cargo “en los próximos tres meses”. Incluso habló de un plan para matarlo en el mismo plazo supuestamente coordinado por sectores del establecimiento. “O muere el Presidente o lo tumban, la orden está dada”, dijo Petro.
Esa grave denuncia no ha sido hasta ahora sustentada y la Fiscalía está a la espera de que el jefe de Estado la respalde con pruebas. Fuentes policiales y militares consultadas esta semana por los medios tampoco dieron pistas del supuesto intento de magnicidio, más allá de la versión de que la llegada tarde del jefe de Estado a los actos del 20 de julio estuvo amarrada a una supuesta alerta de atentado.
Expertos consultados por este diario señalan que la amenaza sobre los presidentes es latente –de allí sus robustos esquemas de seguridad–, pero advierten que la fuente de riesgo son los grupos criminales.
De hecho, el antecedente confirmado más reciente de un plan para matar a un Presidente fue el fallido ataque contra el helicóptero en el que se movilizaba el presidente Iván Duque en Norte de Santander, en el 2021. Paradójicamente, el responsable de ese intento criminal, alias ‘Jhon Mechas’, es uno de los jefes de disidencias que han sido aceptados por el gobierno Petro en la mesa de la ‘paz total’.
Analistas como Carlos Arias y Gonzalo Araújo señalan la necesidad de que el mandatario presente pruebas de sus graves señalamientos ante autoridades competentes y que no se quede en la vacuidad de los discursos y las afirmaciones en su cuenta de X. Y advierten que la estrategia del mandatario de seguir alimentando la polarización va en detrimento de su obligación de concentrarse en gobernar y enfrentar los graves problemas que tiene el país.
Esta semana Petro también aseguró que parte del supuesto plan en su contra era poner en la Casa de Nariño al senador Efraín Cepeda, en una forzada lectura de lo que señala la Constitución en el hipotético caso de vacancia definitiva del Presidente de la República.
En cuanto al caso de la supuesta violación de topes, en el remoto escenario de que el Consejo Electoral abriera proceso formal contra la campaña Petro Presidente y encontrara probados los cargos, lo único que podría hacer sería remitir copias a la Comisión de Acusación, el único órgano que puede investigar y sancionar al jefe de Estado. Además de que en esa célula el Pacto Histórico y los aliados del Gobierno son mayoría, el solo trámite del caso tanto en el CNE como en la Comisión podría tardar años.
En un comunicado publicado este sábado 14 de septiembre, el CNE defendió sus actuaciones respecto al proceso administrativo que se adelanta por posibles irregularidades en la financiación de la campaña de 2022. “Son estrictamente institucionales y se enmarcan de manera rigurosa en la competencia otorgada por la Constitución y las leyes”. Y añadieron que no existe “ninguna posibilidad legal que ponga en cuestión el fuero presidencial”.
Por su parte, el presidente Petro asistió a la asamblea nacional del Pacto Histórico en la Universidad Nacional y volvió a insistir en su narrativa de ‘golpe blando’. “Al golpe de Estado se le responde popularmente con la revolución”, dijo el mandatario a sus seguidores en un discurso en el que reiteró que el CNE no tiene competencia para investigarlo y en el que arremetió de nuevo contra la prensa.