Aunque en días pasados el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, aseguró que han venido pagando los subsidios de energía eléctricas a las empresas que prestan este servicio en el país, los gremios aseguran que la deuda aún es billonaria.
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Según datos de Asocodis, el Gobierno Nacional todavía les debe a las empresas, con corte a octubre, aproximadamente 2,4 billones de pesos por los subsidios que le han entregado de manera anticipada a los usuarios de estratos uno, dos y tres.
Estos subsidios permiten financiar el 60 por ciento del consumo de subsistencia de los hogares de estrato uno. Mientras que para los de estrato dos este beneficio es del 50 por ciento y del 15 por ciento para las familias de estrato tres.
"La situación de las comercializadoras de energía es gravísima en la actualidad. No ha habido pagos de subsidios", advirtió el director ejecutivo de Asocodis, José Camilo Manzur durante su participación en el 29° Congreso de Energía MEM.
También comentó que nunca en la historia la deuda de los subsidios había estado en un nivel tan alto. Cada mes este monto va subiendo entre 300.000 y 350.000 millones de pesos, por lo que a diciembre esta deuda podría llegar a 3 billones de pesos.
Por eso nos preocupa el Huila, el Putumayo y otras empresas que están en cuidados intensivos
Esta situación de las empresas también fue ratificada por el presidente de Andesco, Camilo Sánchez: "Estamos en un momento crítico donde las empresas se están endeudando con créditos caros y eso hace que, en últimas, también se encarezcan las tarifas", dijo.
Las empresas que más están en riesgo son las electrificadoras públicas y en cualquier momento podrían comenzar a "apagarse y eso es equivalente a un apagón financiero". Según los gremios, el problema no radica en no haya energía eléctrica, sino que no hay con qué pagarla por la falta de liquidez.
"Por eso nos preocupa el Huila, el Putumayo y otras empresas que están en cuidados intensivos, que en una semana se pueden quedar totalmente líquidas y, por consiguiente, se pueden apagar", agregó Camilo Sánchez.
Tanto Camilo Sánchez, como José Camilo Manzur, aseguran que el Ministerio de Hacienda no les ha pagado los subsidios de energía eléctrica porque no tiene flujo de caja, es decir, no tiene plata.
Además, manifestaron que lo que ha hecho el Ministerio de Minas y Energía es emitir las resoluciones de liquidación para que el Ministerio de Hacienda pueda hacer los pagos, pero esto todavía no ha ocurrido.
Facturas de energía eléctrica subirían de precio
Nosotros no tenemos otro interés diferente a que no
se apague el país
Los gremios también señalaron que lo paradójico de esta situación es que mientras el Gobierno Nacional se preocupa por las altas tarifas, el no pago de los subsidios podría causar un incremento en la factura que pagan los usuarios.
Esto se daría si las empresas deciden no seguir financiando estos subsidios, los usuarios tendrán que asumir facturas mucho más costosas. En el estrato uno este aumento en la factura podría ser del 150 por ciento.
Según comentó el director ejecutivo de Asocodis, hay empresas pequeñas que han dicho que no van a poder continuar financiando los subsidios, "porque están muy cerca de estar en condiciones bastante difíciles para financiarlos".
"El ministro de Minas y Energía pareciera que viviera en otro país porque no nos oye. Él cree y nos dice que son puras alaracas de los gremios y de las empresas porque estamos con otros intereses. Nosotros no tenemos otro interés diferente a que no se apague el país", manifestó el presidente de Andesco en el 29° Congreso de Energía MEM.
De acuerdo con el director ejecutivo de Asocodis, toda esta situación puede llevar a que más empresas del sector sean intervenidas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, como pasó con Air-e en septiembre.
También el mismo Estado está llevando a las empresas
a esta situación
"Puede haber un efecto dominó, un riesgo sistémico en todo el sector. Lo hemos dicho de diferentes maneras y no nos están prestando atención", manifestó.
El ejemplo más crítico es el caso de Afinia, filial de EPM. Actualmente la empresa tiene un saldo por cobrar de la opción tarifaria de 1,5 billones de pesos, que se suman a 700.000 millones de pesos por el pago anticipado de subsidios y 300.000 millones de pesos que les deben entidades oficiales.
Estas deudas suman 2,5 billones de pesos y la remuneración por comercialización que recibe la empresa es de 700.000 millones de pesos. Por lo tanto, los saldos por cobrar es el triple del ingreso bruto anual.
"Ninguna empresa puede ser viable de esa manera. No es porque sea una ineficiencia de Afinia, sino porque también el mismo Estado está llevando a las empresas a esta situación", agregó José Camilo Manzur.
Gobierno no ha pagado la deuda de la opción tarifaria
Llevan seis meses desde que prometieron eso y no llegan los recursos
Otro factor que está afectando a las empresas es la opción tarifaria, porque el Congreso de la República no ha aprobado la ley para que el Gobierno Nacional pueda asumir la deuda de 2,7 billones de pesos de la opción tarifaria, como lo prometió el presidente Gustavo Petro en mayo de este año.
"Llevan seis meses desde que prometieron eso y no llegan los recursos. Eso es lo mismo que nada porque sigue la presión financiera para las empresas", aseguró el presidente de Andesco.
Esta ley no se ha aprobado porque el Gobierno Nacional decidió agregar el artículo que da vía libre a esta operación en la reforma tributaria, pero, según el presidente de Andesco, esa reforma "está embolatada".
En ese mismo sentido, el senador José David Name aseguró que "el Gobierno quería chantajear a los senadores y representantes de la costa caribe, que suman el 30 por ciento de la votación, diciendo que esta reforma era necesaria porque ahí estaba incluida la opción tarifaria".
Además, afirmó que los congresistas no están de acuerdo con esto y "no le vamos a halar a ese chantaje por parte del ministro de Hacienda (Ricardo Bonilla)".