Por crisis inmobiliaria en España se busca frenar a compradores extranjeros

El Gobierno español se prepara para frenar las compras de bienes raíces por parte de extranjeros y la proliferación de rentas a corto plazo, parte de una serie de medidas que los funcionarios afirman son necesarias para aliviar una crisis inmobiliaria que se ha convertido rápidamente en una de las peores de Europa.

Pedro Sánchez, Primer Ministro de España, dijo recientemente que su gobierno buscaría un impuesto del 100 por ciento a las compras de bienes raíces por parte de compradores fuera de la Unión Europea, parte de un plan más amplio para tratar de sofocar las protestas en ciudades de toda España por la falta de vivienda costeable.

La vivienda se ha convertido en el mayor gasto de los hogares en toda la UE, donde las rentas han aumentado un promedio de casi el 20 por ciento durante la última década y los precios de las viviendas han subido casi 50 por ciento.

La intensidad varía según el país, pero tienen puntos en común, incluyendo la mercantilización de la vivienda y el auge de plataformas de renta a corto plazo como Airbnb, así como los programas de visa dorada en España y los países vecinos que atrajeron a compradores que compraron viviendas a cambio de una visa. A la tensión se sumó una fuerte caída en la construcción de viviendas en toda Europa después de que la invasión rusa de Ucrania disparó los precios de los materiales de construcción y la energía. Las altas tasas de interés impuestas por el Banco Central Europeo, destinadas a sofocar la inflación, golpearon los mercados inmobiliarios en toda Europa.

El problema es tan grave que Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, nombró recientemente a un zar de la vivienda para impulsar la búsqueda de soluciones.

Sánchez dijo que España tenía la proporción más baja de viviendas costeables en Europa, ya que los gobiernos anteriores permitieron que muchas se vendieran a inversionistas privados. Su plan incluye exenciones fiscales para los propietarios que reducen las rentas y propuestas para construir grandes extensiones de viviendas de bajo costo en todo el País.

En noviembre, decenas de miles de españoles llenaron las calles de Barcelona — un destino vacacional popular donde han proliferado las rentas a corto plazo. El Alcalde de la Ciudad dijo que para el 2028 retiraría las 10 mil licencias que había otorgado a propietarios de departamentos para convertir sus espacios en rentas a corto plazo para turistas.

Enfrentando una reacción similar, los gobiernos de otras partes de Europa han estado tratando de encontrar sus propias soluciones. Grecia anunció una congelación en el 2025 a las licencias para nuevas rentas a corto plazo en el Centro de Atenas, que han quedado fuera del alcance de muchos griegos. Y en Francia, el Gobierno ha dicho que quiere construir 30 mil viviendas en zonas prioritarias.

“Occidente enfrenta un reto decisivo si quiere evitar convertirse en una sociedad dividida en dos clases: renteros ricos e inquilinos pobres”, dijo Sánchez recientemente.