Esta es la 'factura' que pagaría Colombia si asume los gastos de los vuelos de deportación de Estados Unidos

El polémico trino del presidente Gustavo Petro a altas horas de la madrugada del pasado domingo 26 de enero que desató una inédita crisis con la administración de Donald Trump por la negativa a aceptar la repatriación de migrantes podría costarle al país más de 22 millones de dólares anuales. Eso, en el mejor de los escenarios. En el peor, que incluye el eventual escenario de la deportación del total de la población de indocumentados colombianos en Estados Unidos, la cifra podría ascender a unos 540 millones de dólares.

La escandalosa conclusión emerge de un análisis basado en cifras oficiales del Departamento para la Seguridad Interna de EE. UU., estadísticas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y estudios de organizaciones como Testigos en la Frontera y el Instituto para las Políticas Migratorias (MPI).

Parte, además, de un escenario hipotético pero que fue planteado por el presidente Petro durante una entrevista con la cadena de televisión estadounidense Univisión. En esta, el mandatario aseguró que Colombia estaba lista para enviar sus propios aviones, e incluso pagar por las deportaciones, en un esfuerzo por asegurar el trato digno de los connacionales.

De acuerdo con múltiples fuentes en ambos países, lo que dijo Petro no es una propuesta concreta ni se la ha ofrecido de manera explícita al Gobierno estadounidense. De hecho, de acuerdo con Testigos en la Frontera, el último avión que llegó al país con repatriados –luego de enviar tres aviones de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) la semana pasada para compensar a EE. UU. por la interrupción de los viajes– fue un vuelo chárter del ICE, el cual fue pagado por Washington.

Lo que sí se sabe es que hay una negociación sobre el tema, y que Colombia prepara una oferta para presentársela a EE. UU. próximamente en el marco de una futura visita de la canciller Laura Sarabia. También es claro que en la administración Trump están felices con ese prospecto –que Colombia pague, así sea una parte–, pues lo ven como un modelo para replicar en otros países. Algo que, en cualquier caso, sería inédito.

Vuelos de deportados, una estrategia que no es nueva para Estados Unidos

De acuerdo con Tom Cartwright, que lleva décadas trabajando en estos temas y hoy está con Testigos en la Frontera, no hay referentes anteriores de una nación asumiendo los costos de las repatriaciones que hace EE. UU. 

“No conozco de otro país que haya hecho esto”, le dijo Cartwright a este diario. Cartwright, de hecho, acaba de publicar su último reporte donde hace un balance de los vuelos de repatriación que van desde la llegada de Trump a la presidencia y durante el primer mes del año. 

Curiosamente, dice, se ha presentado una reducción en la frecuencia de viajes hacia todos los países del 14 por ciento en enero (109), comparado con diciembre (127).

En el caso de Colombia, al sumarse los últimos 4 vuelos de la semana pasada, el total asciende a 12 durante el mes de enero, un incremento del 20 por ciento comparado con meses anteriores.

Sumando enero, la cifra total de vuelos hacia Colombia en el 2024 –y lo que va de este 2025– asciende a 138 en esos 13 meses. Una cifra inferior a los 139 del 2023 (en 12 meses) y muy por debajo de los 184 vuelos del 2022, el año que más vuelos de deportación se han registrado en la historia.

Y que coincide con un acuerdo al que se llegó con la administración de Joe Biden (2021-2025) para aumentar su frecuencia, dada la explosión de migrantes colombianos que comenzó a llegar a la frontera y que en tres años (2022, 2023 y 2024) ha sumado más de 450.000 colombianos detenidos.

Antes de ese año solo se registraba, en promedio, un vuelo al mes (o 12 al año) pero eran épocas en las que se capturaba a menos de 10.000 personas anuales en zonas de frontera.

En todo caso, y aún con el aumento de vuelos de deportación que arrancó en 2022, EE. UU. solo ha deportado al 10 por ciento de ese total.

El millonario costo de asumir los vuelos de deportados

Según Cartwright, dado que la capacidad de las aeronaves varía, no es fácil documentar un número exacto. Pero el cálculo que se hace es que en cada avión viajan entre 115 y 135 personas.

En otras palabras, unas 23.000 personas en 2022, otras 17.500 en 2023 y 15.750 en 2024 (sin incluir los valores de enero) para un total de 56.250 personas (promedio) en esos 3 años.

El costo de cada vuelo, según las cifras de EE. UU., es, en promedio, de 10.000 dólares por hora de viaje o 150.000 dólares para el trayecto de ida y vuelta. En otras palabras, EE. UU. se ha gastado unos 67 millones de dólares en esas repatriaciones (22 millones anuales aproximadamente).

Y eso sería lo que tendría que asumir Colombia si acepta pagar por la repatriación de colombianos como lo ha sugerido el presidente Petro. Esto, sin contar los otros costos de tripulación, pilotos y otros gastos operativos que aumentarían aún más el total. Por supuesto, también está la expectativa de Trump de que se aumente dramáticamente la frecuencia de esos viajes, lo cual elevaría la factura final.

El problema adicional es que, hoy día, lo que hay es una puerta giratoria en la que entran más personas de las que salen. Incluso en un mes como diciembre, en el que solo se reportó la detención de unas 5.500 personas, la tasa de deportación terminó siendo el 25 por ciento de ese número. El resto de ellos o entró en trámite de asilo o la cola de deportación esperando su turno para regresar. Aún si Trump lograra cerrar con candado la frontera y no permitir el ingreso de un solo colombiano más, eso lo dejaría con una enorme población de indocumentados colombianos en el país.

Según un estudio reciente de Instituto para las Políticas Migratorias (MPI), la población indocumentada de connacionales de EE. UU. en el 2023 (la cifra más actualizada que se tiene) alcanzaría unas 350.000 personas. Pero, a eso falta añadir el porcentaje de los 135.000 que entraron en 2024 y que todavía no ha sido deportado. En otras palabras, un total cercano a los 450.000 colombianos están viviendo ilegalmente en Estados Unidos o en proceso de ser deportados.

Si bien no existe una cifra oficial de cuántos de ellos ya están en la cola para ser expulsados, se habla de por lo menos unos 100.000. Un número que seguirá creciendo en la medida que nieguen los procesos de asilo o sean capturados en redadas.

Para repatriar solo a la población que ya está en la fila serían necesarios unos 800 vuelos a un costo de 120 millones de dólares. Devolver a toda la población que, se estima, está indocumentada en EE. UU., implicaría unos 3.600 vuelos por un valor de 540 millones.

Por supuesto, y aún en el mejor de los universos, son cifras imposibles de materializar en el corto o mediano plazo, pues ni EE. UU. ni Colombia tiene los recursos ni la capacidad para ejecutar una operación semejante.

Para ponerlo en contexto, en todo el 2024, EE. UU. realizó unos 1.500 vuelos de repatriación hacia unos 30 países del mundo (Colombia, con sus 126 vuelos, fue el cuarto destino más frecuente y representó el 8 por ciento del total).

Quizá de allí provenga la otra propuesta del presidente Petro de utilizar cruceros marítimos en donde podrían acomodar entre 3.000 y 5.000 personas en un solo viaje, pero sin ofrecer cifras de lo que eso costaría o la logística para recibir a tal cantidad de personas de una sola vez.

En las próximas semanas se sabrá qué tan en serio va la propuesta del presidente Petro –o qué tanto le logrará sacar EE. UU. como castigo por el trino–.

Lo que sí es claro es que se trata de cifras exorbitantes y en momentos en que hay mucha estrechez en las finanzas públicas.

La propuesta paralela de Estados Unidos que busca enviar los deportados a terceros países

Una de las apuestas de Estados Unidos en todo este proceso es firmar acuerdos de cooperación que permitan enviar a terceros países un elevado número de deportados. Fue una de las misiones que por algunos países de Centroamérica cumplió el secretario de Estado Marco Rubio.

Guatemala recibirá un 40 % más de vuelos de deportados, en los que también se incluirán a migrantes de otros países, informó ayer el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, tras reunirse con Rubio.

“Hemos acordado aumentar en un 40% el número de vuelos de personas deportadas, tanto de retornados connacionales, como de extranjeros” que luego serán enviados a sus países, dijo Arévalo en una rueda de prensa conjunta con Rubio.

El presidente panameño, José Raúl Mulino, ofreció en día pasados el área de la pista aérea de Nicanor en Metetí, provincia del Darién, para que desde allí ocurra el trámite de repatriación de personas de distintas partes como Venezuela, Colombia, Ecuador, entre otras nacionalidades.

“Creo que eso va a ser, usar a Panamá y de aquí transferir. A nosotros nos conviene mucho eso, sinceramente”, indicó Mulino.

Según el mandatario, EE. UU. podría correr con los gastos necesarios para adecuar las instalaciones desde las cuales se despacharía a los migrantes. “Podemos hacer eso sin ningún problema bajo total costo de los Estados Unidos. Panamá no va a invertir un dólar en eso", señaló el gobernante.

SERGIO GÓMEZ MASERI 

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

WASHINGTON