Polémica por la solución a la falta de transporte escolar en Cali: ¿habría 'contratos a dedo'?

El calvario para padres y acudientes de 20.513 niños y jóvenes de Cali, que durante el último mes han vivido las dificultades para movilizarse hacia sus colegios e instituciones educativas, tendría una solución, en medio de un candente debate en la ciudad sobre si la urgencia manifiesta era el camino legal adecuado para contrataciones millonarias, que se harán de manera directa. 

Esta semana, en la Alcaldía del distrito anunciaron que a partir del 25 de febrero se reactivaría la prestación del servicio, bajo esta figura.

De acuerdo con la Administración, la medida se tomó, “en el marco de la urgencia manifiesta decretada por la alcaldía de Cali, lo que permite una contratación inmediata para evitar interrupción”.

“Nos comprometimos en buscar una solución para que nuestros estudiantes pudieran regresar a nuestras aulas. A partir de hoy (ayer) contamos con el servicio de transporte escolar de 22 a 51 instituciones educativas, tanto en zona rural, urbana, ladera y que atienden a poblaciones con discapacidad”, afirmó la secretaria de Educación de Cali, Tatiana Aguilar.

Según la funcionaria y en la Alcaldía de la ciudad, a través de la urgencia manifiesta se podrá garantizar, en un inicio, la prestación del transporte hasta el martes 4 de marzo, día cuando se tiene estipulado definir el nuevo operador de dicho servicio.

“Los operadores garantizarán la cobertura a las 51 sedes educativas focalizadas”, anotaron en la Alcaldía.

“La secretaría de Educación de Cali hace un llamado a la ciudadanía para mantener el diálogo y evitar las medidas de hecho”. En este aspecto, en esta dependencia se refirieron a los bloqueos en puntos de la ciudad, como la ladera -zona afectada, principalmente, para el transporte escolar- vividos en dos semanas. En la alcaldía argumentaron dificultades por cambio de modalidad en contratación, en este año.

Dudas por la legalidad de la medida

La concejal Ana Erazo dijo: "No solo la urgencia manifiesta que declaró el alcalde por el tema del transporte escolar podría ser ilegal ya que no es un hecho imprevisible sino que es producto de la negligencia de su secretaria Tatiana Aguilar, además parece que al pasar las horas la situación en vez de mejorar se pone peor".

Erazo también expresó, a través de su cuenta de X: Alcalde, a través de Diego Hau (director de Planeación de Cali), se anunció que el servicio de transporte se reanudaría en las horas siguientes del martes 25. ¿Saben que esta es la hora, en la que  la secretaría de Educación de Cali no tiene ningún proceso de contratación en SECOP de ese tipo? Si el servicio ya lo están prestando de emergencia, ¿con que plata lo están pagando? ¿Con qué figura lo están justificando?".

La cabildante añadió: "Alcalde Alejandro Eder, si el proceso no se ha publicado, no existe formalmente una contratación válida y ustedes ya están prestando el servicio. ¿Están gastando dinero sin los soportes requeridos? En la alcaldía de Ospina existieron hechos graves e, incluso, indignantes, pero algo tan improvisado, amateur e ilegal, con un sentido de no importar lo que digan la Personería de Cali, la Contraloría del distrito ni mucho menos, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República". 

El abogado Élmer Montaña también cuestionó la figura de urgencia manifiesta que soporta la reanudación del servicio con nuevos recursos.

“El alcalde llevó a cabo la declaratoria de urgencia manifiesta, violando la ley 80 de 1993, que expresamente señala que este tipo de situación solamente puede ser decretada en estado de excepción, cuando ocurren hechos constitutivos de fuerza mayor o desastres que demanden actuaciones inmediatas. Lo que sucedió, en este caso, fue la falta de planeación”, sostuvo el litigante Montaña, que teme ‘contratos a dedo’, porque la urgencia manifiesta permite la contratación directa y no procesos de selección pública. 

La abogada y veedora ciudadana Luz Betty de Borrero, dijo: “Es cierto que la administración distrital debe garantizar de manera oportuna y eficiente la prestación del servicio de transporte escolar a los niños, las niñas y los adolescentes, para lo cual debe prever y prevenir cualquier situación que altere o haga nugatorio la prestación de dicho servicio".

Sostuvo: "La administración distrital con más de 13 meses en el ejercicio de sus funciones, resultó ineficiente e ineficaz en la gestión que debía cumplir la secretaría de educación en lo referente al transporte escolar para los niños que residen en el área rural, zona de ladera y en lugares alejados al centro educativo dentro del área urbana".

"La veedora también dijo: "Los requisitos y trámites legales previos a la contratación administrativa no pueden considerarse un obstáculo dilatorio para la gestión pública, utilizando esta circunstancia como pretexto para apelar a la contratación directa, es decir, sin licitación pública".

Agregó: "Lo anterior pone en riesgo la transparencia, objetividad y moralidad de la administración pública, fuera de que con base en la figura de la “urgencia manifiesta” termine utilizándola para contratar en forma exprés y directa, toda clase obras, bienes y servicios que requiera el ente territorial en este caso el distrito de Cali.

No obstante, según la abogada, "el alcalde, quizás previendo una investigación disciplinaria y fiscal, en un aparte del decreto de la urgencia manifiesta, advierte a la secretaria de Educación que apelar a esta figura puede constituir una conducta grave que amerite la respectiva investigación".

Aseguró que "le corresponde al Concejo Distrital citar a debate de controlen relación con estos hechos que sientan un mal precedente en torno a la contratación directa o a 'dedo' convertida en tendencia general dentro de la concepción del Estado contratista". 

“Los requisitos y trámites legales previos a la contratación administrativa no pueden considerarse un obstáculo dilatorio para la gestión pública, utilizando esta circunstancia, como pretexto para apelar a la contratación directa”, dijo la abogada de Borrero. 

'Estamos amparados en la ley': Alcaldía 

"La ley 80, como bien lo dice Élmer Montaña, es la ley de contratación pública. En esta ley se establecen las modalidades de contratación y cómo contratamos las entidades públicas, entre ellas, está un mecanismo excepcional que está en el artículo 42 y es el instrumento efectivo que les da todas las entidades públicas, que se encuentran inmersas en una situación excepcional, o se encuentran inmersas en una situación, en la que tienen que tomar acciones inmediatas", afirmó la directora jurídica de la alcaldía de Cali, Ana Catalina Castro.

La funcionaria dijo, además: "En este caso nos tocó tomar una acción inmediata, porque en cumplimiento de la ley de contratación pública estábamos adelantando un proceso de selección. Ese proceso tuvo algunas dificultades que nos llevó a nosotros a tomar una acción, a remediar, en este momento, la situación del transporte escolar de los niños", manifestó Castro.

"Por eso, amparados en la misma ley 80, en donde se establecen mecanismos de que en el momento que no se pueda garantizar la continuidad en la prestación de algún servicio, entiéndase en este caso, del servicio de transporte escolar, nosotros decidimos declarar la urgencia manifiesta, amparados totalmente en la legalidad", explicó.

Señaló que el mandatario de los caleños no estaría incurriendo en una falta que le implique sanción. Reiteró que en la Alcaldía se basaron en la ley 80 para actuar ante algún riesgo y ese riesgo era la falta de transporte escolar. "La contratación directa es la manera más sencilla de ponerle fin un riesgo y cuál es el riesgo acá, es la educación de los niños. Por eso actuamos", anotó.

Asimismo, en la contraloría de Cali informaron que están analizando el caso. Aún no hay un pronunciamiento hasta tanto conocer la resolución enviada por la misma Alcaldía frente al decreto 0078 del 24 de febrero que autorizó la urgencia manifiesta. 

La directora jurídica dijo que se enviarán soportes de la contratación directa por la urgencia manifiesta a la Contraloría para que este organismo haga la revisión y se pronuncie en los próximos dos meses, periodo que confirmó la misma Contraloría. 

"Nosotros estamos totalmente amparados en la ley", dijo la directora jurídica de Cali.

CAROLINA BOHÓRQUEZ 

Corresponsal de EL TIEMPO

Cali

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