Polémica en el Ministerio de Igualdad por diálogo para regular actividades sexuales pagas

El pasado viernes 27 de septiembre se desató una polémica por la reunión a la que fueron convocadas asociaciones defensoras de los derechos de las mujeres y empresarios del sector del entretenimiento para adultos.

La Mesa de Diálogo de Actividades Sexuales Pagas, liderada por los ministerios de Igualdad, Interior y Trabajo, tras esta reunión, buscaba un acercamiento entre los dos sectores, pero terminó en polémica.

De acuerdo con el vicemiministerio de las Mujeres, la idea de las mesas de trabajo es favorecer la articulación, coordinación y gestión colaborativa para trazar una hoja de ruta “en pro de las garantías de derechos de las mujeres y personas vinculadas a las ofertas de servicios sexuales pagos”.

Sin embargo, varias organizaciones sociales defensoras de los derechos humanos y de las mujeres que han participado en las conversaciones sentaron su voz de protesta por lo que consideran una revictimización. A través de 77 encuentros, se ha intentado acordar cómo deben ser estas reuniones, así como la veracidad de las cifras presentadas y la propuesta del Estado colombiano de regular lo que algunas organizaciones consideran explotación sexual y no un trabajo pago.

Los acercamientos

Minigualdad ha invitado a los encuentros a personas que lideran el entretenimiento para adultos, así como federaciones, confederaciones de estudios webcam, asociaciones de modelos, representantes de mundo webcam independientes y otros actores de establecimientos de servicios sexuales pagos presenciales.

Las organizaciones y mujeres defensoras de las actividades sexuales también han estado allí.

Desde la dirección estamos buscando acercamientos en procura de las garantías de derechos y desestructuración de narrativas punitivas, criminalización, inspección o control permeadas por posturas de estigmatización

“Desde la dirección estamos buscando acercamientos en procura de las garantías de derechos y desestructuración de narrativas punitivas, criminalización, inspección o control permeadas por posturas de estigmatización”, señaló Charlotte Schneider Callejas, quien está a la cabeza de la Dirección de Actividades Sexuales Pagas del viceministerio.

En el encuentro del 27 de septiembre participó la fundación Empodérame, liderada por Claudia Quintero, sobreviviente de trata de personas y dedicada al activismo para erradicar la violencia y la explotación sexual.

Así mismo, Margie Duque, lideresa y víctima de explotación sexual, y Sara Jaramillo, coordinadora de la fundación, describieron el ambiente del encuentro como “hostil y revictimizante” al tener que compartir el espacio con personas que ellas identifican como victimarios de estos abusos.

“Estaba muy sorprendida de ver cómo el Gobierno lidera un espacio en donde los que están tomando la decisión, no son los afectados”, afirmó Margie a EL TIEMPO y señaló que quienes verdaderamente deben ser tenidas en cuenta son las víctimas que están paradas en la calle, y a quienes les toca vivir enfrentándose al miedo, a la inseguridad y al maltrato.

En la misma línea, Sara Jaramillo dijo que quienes dirigían el evento afirmaron que en ese contexto del “trabajo sexual pago” no existe la trata de personas y que todavía hay empleadores buenos. Por ende, para Jaramillo, lo que plantea el ministerio, así como los proyectos de ley en curso para regular el trabajo sexual pago “es una negación completa al fenómeno y a la intrínseca relación entre la explotación sexual y el ejercicio de prostitución, así sea voluntaria”.

Las personas que estuvieron ahí fueron tres representantes de esa industria. Son personas que tienen la voluntad y la necesidad de construir país y garantías para las mujeres que están dentro de sus empresas

No obstante, Melissa Toro, directora de la organización social Putamente Poderosas (quien también ha asistido a las mesas de diálogo), contraargumentó en entrevista con EL TIEMPO que no es correcto señalar que todas las personas que trabajan en el gremio son proxenetas. “Las personas que estuvieron ahí fueron tres representantes de esa industria. Son personas que tienen la voluntad y la necesidad de construir país y garantías para las mujeres que están dentro de sus empresas”.

EL TIEMPO conoció que desde la Red Feminista Abolicionista le enviaron una carta a la vicepresidenta y ministra de Igualdad, Francia Márquez, para que replantee la agenda de las mesas.

“La Dirección de Actividades Sexuales Pagas ha otorgado espacio y legitimidad a los cuestionados dueños de prostíbulos y estudios webcam, escenarios plagados de trata de personas y Escnna (Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes), articulándose con ellos y presentándolos como supuestos “empleadores” sin dar espacios a las mujeres sobrevivientes y críticas del sistema prostitucional”, se lee en la carta.

¿Trata y explotación?

La ley colombiana ya ha puesto el foco sobre las actividades sexuales pagas y por medio de la sentencia T-594 de 2016 de la Corte Constitucional protege los derechos fundamentales de las trabajadoras sexuales a la libre circulación, la libertad personal y la no discriminación por su actividad. Además, reafirma que la prostitución no es un delito y que los servicios sexuales no pueden equipararse a la venta de un objeto.

La directora Callejas manifestó que hay una diferencia en los términos que se debe hacer puesto que trabajo sexual, trata de personas y explotación sexual no son lo mismo.

“Nosotras no promocionamos el trabajo sexual. Con los dueños de establecimientos o presidentes de las federaciones hemos sido muy claros desde el principio. Para nosotras como dirección de Actividades Sexuales Pagas y como Ministerio tenemos una postura clara. Nuestro eje tiene que ver con las garantías de ellas, eso implica garantías frente a la vida, a la salud, al trabajo y diferentes derechos fundamentales”, aseguró la directora.

Así mismo, manifestó que dentro de esos 77 espacios de conversación están las mesas de trabajo con entidades territoriales para identificar las problemáticas que hay en algunas regiones del país.

Charlotte Schneider Callejas, quien está a la cabeza de la Dirección de Actividades Sexuales Pagas del viceministerio.

Foto:Ministerio de Igualdad

Durante la polémica reunión, Vivian Sofía Cáceres, representante del grupo de género y diversidad del Ministerio del Interior, señaló que la entidad participa activamente en el Comité de Lucha contra la Trata de Personas e impulsa la necesidad de diferenciar entre las actividades sexuales pagas voluntarias y la trata.

Por otro lado, para Sara Jaramillo, los estudios de webcam se han convertido en un escenario de captación para redes de trata de personas. Lugares donde mantienen a mujeres transmitiendo durante 12, 13 y hasta 14 horas al día, acumulando deudas imposibles de pagar y obligándolas a hacer sus necesidades en el mismo lugar donde trabajaban.

La caracterización

Desde el Ministerio del Trabajo, representado en el marco de la reunión por Magda Janeth Cubillos, se planteó que se está desarrollando una práctica que va más allá del reconocimiento formal de las trabajadoras sexuales como una simple figura para nombrar. Se identifican como una población que necesita derechos laborales y garantías.

Con el objetivo de estudiar la población en cuestión del trabajo sexual en Colombia, se realizó una caracterización de 22 departamentos con una muestra de 861 mujeres que ejercen el trabajo sexual remunerado.

La queja frente a la poca representatividad de dicha caracterización surgió entre los reclamos de la fundación Empodérame, que ya caracterizó a 1.200 personas, en tan solo 3 comunas de Medellín.

Tendremos una metodología para hacer una autocaracterización donde puedan ser las mismas mujeres vinculadas a actividades sexuales pagas las que recolecten la información y aporten a los análisis para promover la inclusión social

Charlotte Callejas reconoce que el muestreo que hizo el Ministerio del Trabajo no fue representativo y planean realizar una caracterización que dure 4 meses en los 32 departamentos del país. Fundamentalmente en ciudades principales, pero también en municipios donde se haga turismo, transporte de carga, producción agroindustrial, ganadería, minería y zonas petroleras.

La directora de la ASP fue más allá. “Tendremos una metodología para hacer una autocaracterización donde puedan ser las mismas mujeres vinculadas a actividades sexuales pagas las que recolecten la información y aporten a los análisis para promover la inclusión social”, dijo Callejas.

‘Garantías y vida digna’

Según la directora aún se encuentran en etapa precontractual y siguen escuchando a los diferentes actores. La próxima mesa será el 11 octubre y estará divida en dos submesas que serán sobre las actividades sexuales pagas en la digitalidad y la otra en la presencialidad y calle.

Lo que plantea el ministerio es que luego de los diálogos y de llegar a los acuerdos se les daría una alternativa de vida a las mujeres que deseen salir de esta condición.

“Hemos hablado con algunas entidades como el Sena para empezar a revisar cómo sería el acceso a la alfabetización o los estudios técnicos o tecnológicos de algunas mujeres. También, planteamos otra alternativa como lo son los emprendimientos asociativos”, agregó Callejas.

Sobre lo que sucederá después de darles estas alternativas, harán un acompañamiento de aproximadamente un año a cada una de las mujeres. Así mismo, tienen previsto crear centros de atención integral en distintas regiones del país en donde las mujeres puedan acceder a asesorías de salud, psicosociales y a salas para el cuidado de menores.

La carta a la vicepresidenta Francia Márquez

La Red Feminista Abolicionista de Medellín le envió una carta a la vicepresidenta y ministra de Igualdad, Francia Márquez, pidiéndole que replantee la agenda de las mesas de diálogo.

 “Solicitamos la suspensión de las acciones inconstitucionales, dañinas y revictimizantes para las mujeres sobrevivientes de prostitución y trata de personas promovidas desde la Dirección de Actividades Sexuales Pagas, acciones que poco o nada tienen que ver con nuestros derechos, pero sí mucho con los intereses utilitaristas de quienes hoy se lucran de la prostitución de las mujeres y niñas”, se lee en la carta. 

Y finalizaron diciendo: “La solución para la idea de que pueden comprarnos y vendernos no es dar las condiciones para que puedan hacerlo legalmente. Hacemos la aclaración de que nuestra lucha no es contra las mujeres, es contra quienes pretenden mantener y beneficiarse de estas prácticas. El foco debe estar en quienes la consumen; no hay oferta sin demanda”.

SOFIA ISAACS GUERRA - Redacción No Es Hora De Callar

MARÍA ALEJANDRA GONZÁLEZ DUARTE - Redacción Política