‘Paz total ha logrado resultados limitados para frenar los abusos de grupos armados’: Human Rights Watch

“Los abusos de los grupos armados, el limitado acceso a la justicia y los altos niveles de pobreza, especialmente en comunidades rurales, indígenas y afrodescendientes, siguen siendo graves problemas de derechos humanos en Colombia”. Con esta contundente afirmación arranca el análisis anual sobre la situación de derechos humanos en el país de Human Rights Watch, balance que fue presentado este jueves y que hace un recuento de los hechos más relevantes en esta materia durante 2024. 

El análisis arranca con uno de los hitos más relevantes para el país en este siglo: el acuerdo de paz de 2016 entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). La organización no gubernamental reconoce el impacto positivo que trajo ese compromiso, pero advierte que la violencia adoptó “nuevas formas” y que los grupos armados “han ampliado nuevamente su presencia en zonas del país”.

“Dos años y medio después de la llegada al poder del presidente Gustavo Petro, su estrategia de ‘paz total’ ha logrado resultados limitados para frenar los abusos de grupos armados contra la población civil”, sostiene Human Rights Watch.

La oenegé sostiene que el 2024 estuvo marcado por la persistencia de las mesas de diálogo, pese a los resultados insuficientes de los ceses del fuego. Según la ONG, los preparativos y la supervisión de estos procesos fueron inadecuados, lo que llevó a que, en numerosos casos, los grupos armados incumplieran los acuerdos.

Además, afirman que el 2024 fue un año marcado por la continuidad en las mesas a pesar de los resultados de los ceses del fuego. Según la ONG, los preparativos y la supervisión de estos procesos fueron insuficientes, lo que llevó a que, en numerosos casos, los grupos armados incumplieran los acuerdos.

Human Rights Watch añadió que los grupos armados siguen siendo los responsables de graves abusos contra la población civil y expandiendo su presencia en todo el país, y que la fuerza pública y las autoridades judiciales no han protegido de forma efectiva a las comunidades más vulnerables. “No han garantizado un acceso suficiente a la justicia ni han logrado avances significativos en el desmantelamiento de los grupos armados”, se lee en el documento.

El informe reseña que para junio de 2024 el ‘clan del Golfo’ tenía presencia en 392 municipios; el Eln, en 232; y los grupos disidentes de las Farc, en 299. Estas cifras representan un aumento de aproximadamente el 55 %, el 23 % y el 30 %, respectivamente, en comparación con 2022.

Citando cifras de la Defensoría del Pueblo, la organización reporta 159 casos de reclutamiento de niños en el primer semestre de 2024, en comparación con 184 durante el 2023. Además, expresan su preocupación por las 71.000 personas que fueron confinadas entre enero y julio.

“Esto representó un aumento del 39 % en comparación con el mismo periodo de 2023. El confinamiento se debe a temores, a la presencia de minas antipersona, amenazas de grupos armados y la posibilidad de ser alcanzados por el fuego cruzado”, añadieron.

CAMILO A. CASTILLO
Redacción Política
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