Partido Comunes alerta sobre ‘grave crisis’ en la implementación del acuerdo y por ‘incertidumbre’ a la que se enfrentan los firmantes

En un comunicado de prensa, el Partido Comunes se unió a los reclamos que han venido expresando firmantes de paz y organizaciones sociales en todo el país, quienes han manifestado su preocupación por los problemas presupuestales que obstaculizan la implementación del acuerdo y la crisis de inseguridad que afecta a los excombatientes.

“El inicio de 2025 nos recibe con los mismos problemas y angustias que cerraron 2024. Aún no se soluciona el incumplimiento en el pago de la asignación mensual de más de 10,973 firmantes, ni en el suministro de los acompañamientos alimentarios para 10.355 personas en proceso de reincorporación. Esta situación no solo afecta el sustento de las familias, sino también compromete los proyectos para construir una paz duradera”, indicaron.

En el pronunciamiento, el partido surgido del acuerdo señaló que es “inadmisible” que mientras se habla de ‘paz total’ los firmantes vivan en medio de serias dificultades económicas y del miedo a ser asesinados.

“Más alarmante aún es el creciente nivel de asesinatos de firmantes, que en la primera semana del año ha costado la vida a dos personas en proceso de reincorporación, hechos que se suman a una larga lista de crímenes que continúan impunes y se va configurando en un genocidio contra la paz. No es posible avanzar en la reincorporación si no se garantiza la vida de quienes apostaron por la paz”, indicaron.

Según las cifras de Indepaz, desde la firma de los compromisos se registran 441 muertes de antiguos guerrilleros de las extintas Farc-EP que apostaron por la paz. El año pasado cerró con 31 firmantes asesinados, es decir, 19 casos menos frente al 2023 y la cifra más baja desde la desmovilización de las Farc. Sin embargo, la situación aún preocupa, pues en los primeros días del 2025 ya se registraron dos crímenes.

Recorte presupuestal

En el pronunciamiento le piden al presidente Gustavo Petro acciones concretas y coherencia tras el recorte presupuestal que sufriría la Agencia de Reincorporación y Normalización, que sería del 73 por ciento.

“Reconocemos las dificultades económicas que enfrenta el Estado colombiano, agravadas por un déficit fiscal heredado y un Congreso que ha bloqueado iniciativas claves. Sin embargo, la crisis fiscal no puede descargarse sobre los sectores más vulnerables. La paz no puede ser una prioridad condicionada; debe ser una política de Estado que se refleje en hechos concretos”, agregaron.

También piden acelerar el proceso de adjudicación de tierras, la instalación del Sistema Nacional de Reincorporación y el inicio del acompañamiento del Consejo Nacional de Reincorporación. Además, piden a la Misión de Verificación de las Naciones Unidas tome nota de los incumplimientos y le haga seguimiento a sus solicitudes, entre las que se encuentran el desembolso inmediato de los recursos para los firmantes, la adición presupuestal e implementar medidas reales para la protección de los excombatientes.

“La paz no es solo una meta; es un derecho, es una responsabilidad de Estado y Gobierno. Luego de ocho años de dejar las armas, más del 85 % de los firmantes continúan cumpliendo con su compromiso de reincorporación política, social y económica. Sin embargo, su esfuerzo no ha sido correspondido”, concluyeron.

CAMILO A. CASTILLO
Redacción Política
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