Otty Patiño dice que es posible frenar extradición de ‘Araña’ si proceso con disidentes ‘avanzan lo suficiente’

Al cierre de su participación en el Encuentro Regional del Consejo Departamental de Paz en Nariño, el comisionado de paz Otty Patiño aseguró que, si el proceso de negociación con la ‘Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano’ muestra avances, existen las herramientas jurídicas para que la orden de captura y extradición que recae sobre Geovany Andrés Rojas, alias Araña, sea levantada.

“La ley 2272 (‘paz total’) plantea que, si se avanza lo suficiente, es posible levantar la orden de captura incluso cuando existe una orden de extradición. Esperemos que avance, que lo de la ‘Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano’ sea tan rápido y tan fuerte que incluso el caso de Araña pueda ser solucionado en términos de levantarle la orden de captura”, afirmó en diálogo con medios de comunicación.

Alias Araña, cabecilla de los ‘Comandos de la Frontera’, fue detenido por agentes del CTI atendiendo una circular roja de Interpol al cierre del tercer ciclo de negociación entre el Gobierno y la ‘Coordinadora Nacional’, grupo que surgió tras la fragmentación de la Segunda Marquetalia.

El mensaje de Patiño llega horas después de que en el despacho del magistrado José Joaquín Urbano, de la Corte Suprema de Justicia, se recibiera oficialmente la solicitud de extradición de Rojas. El magistrado deberá emitir el concepto, en nombre del alto tribunal, sobre su envío a Estados Unidos, donde será procesado por delitos relacionados con el narcotráfico.

El requerimiento fue formalizado y, en tiempo récord, pasó de la Dirección de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia a la Cancillería y luego a la Corte Suprema. Si la Corte aprueba la extradición, el presidente Gustavo Petro se enfrentará a una encrucijada: firmar la extradición pondría en riesgo las negociaciones de paz con el grupo armado, mientras que no firmarla podría tener un costo político definitivo para la ‘paz total’.

El jefe negociador del Gobierno en esta mesa, Armando Novoa, ha dicho que, si bien esta captura fue legal, debido a que se basa en una circular roja de Interpol, la Fiscalía debió tener en cuenta el contexto y el momento de la negociación.

Sin embargo, también existe un vacío jurídico sobre los términos de la ley de la ‘paz total’, que establece que las órdenes de captura pueden ser levantadas si el proceso ha avanzado. Aún así, no existe un medidor para cuantificar este avance.

De hecho, como lo adelantó EL TIEMPO hace dos semanas, el mandatario ha sido enfático en señalar a sus negociadores que solo intercederá si los procesos muestran verdaderos avances y hechos concretos en el tránsito de estos grupos hacia las economías lícitas, lo que ha generado que los negociadores se pregunten cuándo sería el momento en que se defina que cada proceso es irreversible.

Nuevo acuerdo de sustitución

Luego de un encuentro con comunidades en el municipio de Roberto Payán, Nariño, las delegaciones del Gobierno y del grupo armado firmaron un acuerdo para aumentar la cobertura del programa piloto de sustitución de cultivos ilícitos de hoja de coca, acordado en diciembre del año pasado. El nuevo plan contempla la sustitución de 30.000 hectáreas entre Nariño y Putumayo.

Para este piloto, ya se había acordado la conformación de una comisión de trabajo con la participación de la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS). El objetivo principal de esta instancia es diseñar el programa piloto a partir de las propuestas de las comunidades y bajo los principios establecidos en la Política Nacional de Drogas del Gobierno.

Ambas delegaciones anunciaron la reanudación de las rondas de diálogo a partir del próximo 7 de abril.

CAMILO A. CASTILLO
Redacción Política
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