Opinión/ Peajes: más allá de lo simple

Ahora, como exministra de Transporte, quiero escribir de nuevo sobre peajes porque, en el arranque del año, se reactivó la discusión.

Por un lado, por la decisión de normalizar la indexación del IPC 2023 y 2024, y por el otro, por la necesidad de concertar con seis concesiones que decidieron aplicar el incremento de las tarifas contractuales.

Y es que estos incrementos no fueron menores, hablamos del 33, 52 y hasta el 193 por ciento. En mi columna pasada sostuve que debo “ver tanto el bosque como los árboles”.

Los peajes dan para columnas, ensayos y notas de periódico, creo que con buena voluntad, pero con muy poco conocimiento, entendimiento y sentido de la realidad, quedándose en lugares comunes como la importancia del modelo APP, la confianza inversionista, la seguridad jurídica o que los peajes estaban interiorizados en la sociedad; en fin, argumentos simples para temas complejos.

Desde que llegué al Ministerio de Transporte, las decisiones alrededor de los peajes han sido polémicas y han demandado horas y horas de análisis y debate. 

Ahora recuerdo que cuando estuvimos en el empalme del sector, una realidad que nos generó preocupación era saber que el gobierno entrante debía materializar los incrementos contractuales pendientes y, además, implementar 25 nuevos peajes.

De esto poco se habla, pero es otro capítulo que debe abordarse más pronto que tarde.

Yo, en mi rol directivo del sector, primero como viceministra y luego como ministra, defendí la legitimidad de los peajes como fuente de ingreso, pues garantizan recursos para la construcción, el mantenimiento y la operación de infraestructura, sumados a las vigencias futuras que aporta el Gobierno para lograr el cierre financiero de las concesiones a cargo de la ANI y los proyectos estratégicos a cargo del Invías. 

Los concesionarios han realizado las inversiones que se pactaron en sus contratos con las afugias propias de ejecutar negocios de esta envergadura, contratos estructurados, en muchos casos, por el propio Gobierno y validados en sus estructuras financieras y de riesgo; pero estoy convencida de que esa validación fue optimista y se han activado un sinnúmero de riesgos que, en general, se dejan pactados, pero sobre el entendido de una baja probabilidad de ocurrencia.

La discusión de los peajes no es nueva y ni apareció en este gobierno, en el anterior se firmaron 65 resoluciones para modificar la estructura de las tarifas contractuales, suspender los cobros u otorgar tarifas diferenciales, y en el nuestro han sido 73 las resoluciones con los mismos propósitos. No se puede hablar de casos aislados.

Muchas veces le pedí a la ANI una revisión integral de la situación, pues se está erosionando la fuente en medio del rechazo y el conflicto social. 

No es casualidad que hoy se tramiten cinco iniciativas en el Congreso de la República para regular los peajes, considerando variables como la distancia mínima para su ubicación entre 75 y 150 kilómetros, reducción de tarifas, eliminación de peajes al término de las concesiones y otro abanico de propuestas que considero, en su mayoría, improcedentes.

Definitivamente, el tema es intrincado y exige un alto sentido de creatividad para encontrar un punto de equilibrio en la estructura de las tarifas contractuales que requieren estos incrementos, esto sin perder de vista el riesgo social y la capacidad de pago de los usuarios de nuestras carreteras.

Sin duda, es desde la buena voluntad y la preocupación genuina que muchos centros de pensamiento, conocedores y opinadores analizan la situación de los peajes y las decisiones que se han debido tomar, pero a temas complejos no les vienen bien análisis simplistas, puesto que, en efecto, es probable que las conclusiones sean equivocadas.

María Constanza García - Exministra de Transporte

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