ONU destaca plan de choque para la implementación del Acuerdo de Paz, pero alerta por rezago en adjudicación de tierras y aumento del confinamiento

La Misión de Verificación de la ONU publicó este lunes el informe trimestral de Secretario General sobre la paz en Colombia, un documento que resalta la creación de un plan de choque para acelerar la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, pero que también se refiere a los retos del Gobierno en temas como reforma rural -en el que en las metas establecidas aún son lejanas-. En el informe, que abarca el período comprendido entre el 27 de septiembre y el 26 de diciembre de 2024, António Guterres llamó a redoblar los esfuerzos, garantizar financiamiento adecuado de los proyectos productivos y a establecer las condiciones para la implementación de las sanciones propias de la JEP.

El informe, que será presentado el miércoles 22 de octubre por Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de Verificación, ante del Consejo de Seguridad de dicho organismo, también sostienen que aunque se han registrado progresos en la justicia transicional y en el fortalecimiento de pactos territoriales para el desarrollo de comunidades marginadas, persisten preocupaciones por la violencia contra excombatientes, líderes sociales y comunidades afectadas por desplazamientos, confinamientos y reclutamiento de menores.

“Me alienta especialmente que, en el marco del plan, se hayan establecido pactos territoriales sobre prioridades de desarrollo entre las comunidades y las autoridades locales y nacionales. Este podría ser un paso importante para ampliar la presencia del Estado y llevar los dividendos de la paz, incluido el acceso a medios de subsistencia, educación, salud y otras dimensiones del desarrollo sostenible, a regiones históricamente marginadas, donde la violencia y la inseguridad persistentes siguen siendo los mayores obstáculos para la implementación del Acuerdo”, resaltó Guterres.

Aumentó el confinamiento

Dentro del informe destacaron que hubo una tendencia a la baja del número de asesinatos de excombatientes de las FARC-EP y líderes sociales; sin embargo, la inseguridad sigue siendo motivo de preocupación, especialmente en Putumayo y Norte de Santander. En estos departamentos dos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación  (ETCR) experimentaron un deterioro en la seguridad debido a la presencia de grupos armados.

Respecto al confinamiento y desplazamiento de civiles en diferentes partes del país, el documento indica que afectó "de manera desproporcionada" a comunidades indígenas y afrocolombianas.

“Entre el 27 de septiembre y el 26 de diciembre la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios reportó el desplazamiento de 176.609 personas (128.459 en eventos individuales y 48.150 en eventos masivos) y el confinamiento de 138.795 personas en 17 departamentos y 77 municipios, cifras que suponen un aumento del 60 % en el caso de los confinamientos y una reducción del 20 % en el de los desplazamientos masivos respecto del mismo período de 2023”, se lee en el informe.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) recibió 29 denuncias de masacres (25 verificadas, 1 en proceso de verificación y 3 no concluyentes), frente a 18 en el período abarcado por el informe anterior.

Reforma rural y JEP

En el informe, el secretario general de la ONU reconoció el trabajo realizado por este Gobierno para sacar adelante la reforma rural; sin embargo, afirmó que los avances continúan por debajo de las metas establecidas en el Acuerdo. 

En el documento indican que la adjudicación de tierras se sitúa en el 5,7 % del objetivo de tres millones de hectáreas establecido para 2028. Además, que la formalización de la tenencia de la tierra va por el 43,8 % del objetivo de siete millones de hectáreas. “Es necesario contar con la financiación adecuada para avanzar en ambos frentes”, agregan.

En cuanto al avance de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Guterres afirmó que es urgente que el Gobierno tome las medidas necesarias para establecer las condiciones para la implementación de las sanciones propias y para garantizar la seguridad jurídica de las víctimas. También mencionó la polémica que se generó entre los firmantes y el tribunal cuando el presidente de este último, el magistrado Alejandro Ramelli, planteó la posibilidad de devolver casos a la justicia ordinaria si el tiempo para investigar y sancionar en la jurisdicción especial no era suficiente. 

“La Jurisdicción Especial ha asegurado que garantizará la seguridad jurídica de quienes están sometidos a ella y cumplen sus obligaciones, y apuntó que para avanzar dentro del plazo fijado se requieren esfuerzos de la Jurisdicción Especial y de todos los actores involucrados”, destacó.

Su visión de la 'paz total'

Con respecto a la política de 'paz total', Guterres saludó la priorización del diálogo como medio para poner fin a la violencia, pero señaló que es “inaceptable” que se sigan evidenciando casos de reclutamiento de menores. “El reclutamiento y la utilización de niños y niñas y la violencia sexual relacionada con el conflicto son inaceptables y deben cesar sin demora. Insto a todas las partes implicadas en las conversaciones en curso a que demuestren su visión y su compromiso con la paz”. 

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CAMILO A. CASTILLO Y MARÍA ALEJANDRA GONZÁLEZ
Redacción Política