El Gobierno ultima detalles para presentar un decreto de aplazamiento por 12 billones de pesos en el Presupuesto debido a que se hundió la reforma tributaria. En entrevista con EL TIEMPO, Diego Guevara, ministro de Hacienda, dijo que todas las carteras se verán afectadas y que lo que más se afectará será el funcionamiento. “Nuestro compromiso con la estabilidad fiscal ha tenido un costo”, asegura. Además, habla sobre cómo financiarán el estado de conmoción interior por la crisis del Catatumbo, del precio del diésel y de la calificación del país.
¿Qué impuestos se crearán para atender la crisis del Catatumbo?
Hasta el momento, el único decreto que tenemos diseñado preliminarmente es el del IVA a los juegos online de azar, que ya existía y en el 2016 desapareció. Al año, generaría un recaudo de unos 2 billones de pesos, pero como la conmoción interior tiene una vigencia de 90 días, serían unos 500.000 millones de pesos.
¿No sería como hacer una tributaria por la puerta de atrás?
No, realmente es un impuesto dedicado, es decir, a diferencia de una tributaria que sería para todo el país, es simplemente para el tema del Catatumbo y solo tiene un elemento.
La ley también contempla utilizar las regalías, ¿lo harán?
Lo que queremos es ver si logramos agilizar los recursos de las regalías y traspasar presupuesto de una partida a otra.
La ejecución del presupuesto del 2024 cerró en el 83 por ciento. ¿Revisarán los recursos que no se utilizaron?
Efectivamente, fue del 83 por ciento, pero una parte no se dio por ausencia de caja. Como tocó apretar para cumplir la regla fiscal y hacer un esfuerzo único, creo que comparar con otros años no sería tan válido. Considero que la ejecución en términos de recursos disponibles fue buena porque nunca se había hecho un recorte tan grande. Sin embargo, en el decreto de aplazamiento sí lo hemos revisado. De hecho, vamos a tratar de motivar a las entidades a que puedan usar recursos que están en reserva.
¿Y cómo va ese aplazamiento de los 12 billones de pesos del presupuesto del 2025?
Todas las carteras se verán castigadas, algunas en mayor proporción que otras. Queremos un manejo mucho más eficiente de los recursos. Identificamos muchas entidades con contratistas de sobra, sobre todo en mano de obra. Hay que resaltar que es un decreto de aplazamiento, es decir, que no todo lo que está ahí se recorta y desaparece, pues a lo largo del año podríamos sustituir partidas.
¿Pero esos recursos no se tienen porque el Congreso no aprobó la tributaria?
No se tienen, pero si vemos que alguna entidad no los usa o apropia, podríamos aplazar diferentes rubros. Además, creo que hemos logrado hacer algo muy importante y es que, en un principio, el aplazamiento iba a ser solo de inversión; por eso algunas entidades, en diciembre, cuando les enviamos una circular, protestaron. Sin embargo, finalmente hemos hecho un esfuerzo importante para que dos tercios sea en funcionamiento. Hemos escarbado profundamente en este rubro, que es uno de los más inflexibles. Yo diría que no hay cartera que no se haya revisado.
¿Y qué encontraron?
Por ejemplo, las misiones diplomáticas tendrán que ajustar gastos o aquí mismo en Hacienda hemos hecho un esfuerzo importante. También hemos identificado muchos fondos que realmente tienen funciones duplicadas. Hemos puesto la lupa en qué tipo de gasto es el que realmente impacta, retroalimenta y tiene un efecto multiplicador en la economía. El año pasado, mostró que es un gran motor. Sin embargo, también hay gasto ineficiente.
¿Qué carteras tendrán mayor aplazamiento?
Destaca el rubro de Relaciones Exteriores con 141.000 millones de pesos aplazados. A las embajadas les tocará ajustar los niveles de gastos. También resalta el sector del transporte. Si bien vamos a pagar las vigencias futuras, hay unos casos concretos que no avanzan y se revisaron. Por ejemplo, el del proyecto vial Mulaló-Loboguerrero o el del Regiotram. En una crisis de liquidez, ¿cómo le siguen metiendo plata a una fiduciaria en un proyecto que está estancado? La exministra María Constanza García, quien ha sido una de las mejores funcionarias del Gobierno, hizo la labor de reunirse y llegar a acuerdos.
¿Entonces no les girarán recursos?
No se les va a trasladar porque tampoco lo necesitan. Incluso, el presidente Gustavo Petro tuvo algunas conversaciones con el alcalde Carlos Fernando Galán sobre reprogramar pagos del metro de Bogotá. Esto no quiere decir que se bloquee, sino que, en la medida en que ellos vayan necesitando la caja, se les irá entregando.
¿Y tocarán las carteras de educación o salud?
No, los derechos sociales no se tocan. Nuestros ajustes no son Milei (Javier). Realmente hemos ido con una lupa para ver cuál es el gasto ineficiente y que no genera un efecto multiplicador en la economía.
Algunas entidades como la ANT, el Dane y el Senado se han quejado de que Hacienda no les traslada los recursos. ¿Cuál es el problema?
Es por falta de caja. Las proyecciones siempre varían y la diferencia del 2024 fue significativa. Entre otros, por la pérdida de la sentencia de la no deducibilidad de las regalías en la Corte Constitucional, por el arbitraje de litigios que nunca pasó o porque las proyecciones de recaudo en renta fueron mayores.
Pero el presupuesto cada vez es mayor...
Sí, pero no ha crecido por despilfarro. Una gran parte es por las transferencias al Sistema General de Participaciones (SGP), a las pensiones de los maestros o de los militares. Adicionalmente, tenemos el pago de deuda más grande de un gobierno. Este año llega a 112 billones de pesos, mientras que para la inversión, después del ajuste, va a quedar en alrededor de 73 o 74 billones de pesos. Nuestro compromiso con la estabilidad fiscal ha tenido un costo.
La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) asegura que lo que debe el Invías a los contratistas generaría una parálisis. ¿Van a solucionarlo?
Es cierto que tenemos algo cercano a un billón de pesos que no se ha pagado, pero nos hemos sentado con la CCI a explicarles que vamos a empezar un proceso de pago progresivo. Ante el choque fiscal, nos ha tocado vivir en el mundo del rezago.
¿Y qué va a pasar con la crisis financiera que alertan las comercializadoras de energía?
También nos hemos sentado con ellos y esta semana ya hicimos un desembolso de 200.000 millones de pesos. Falta mucho, pero ya empezaron a llegar los primeros pagos.
Standard & Poor's ratificó esta semana la calificación de Colombia, pero advirtió de riesgos fiscales crecientes...
La calificación es una muestra de confianza. En el 2024 hicimos un recorte importante y eso lo reconocen, pero no hay duda de que este año tenemos un reto por delante para mejorar el recaudo y hacer ajustes.
¿Le preocupa que el déficit fiscal o la deuda sigan aumentando?
La deuda la hemos mantenido en el ancla. Al final, detrás de la regla, el tema es la sostenibilidad y creo que sigue siendo sostenible.
¿Propondría revisar la regla fiscal?
La regla fiscal es una ley, pero yo creo que hay elementos técnicos que vale la pena discutir, como si las vigencias futuras o los temas verdes deberían o no estar. Las reglas requieren repensarse. Es un debate que, como país, tendríamos que tener. Sin embargo, ese tema solo lo puede modificar el Congreso.
¿Vendrán nuevas alzas en el precio del diésel a pesar de los acuerdos con los camioneros?
Es verdad que hay un acuerdo con los camioneros, pero realmente, en el largo plazo, es insostenible mantener el subsidio.
Se ha dicho que ya en febrero vendrían aumentos. ¿Es verdad?
No, lo que hay son unas alzas mínimas que no son ni del 1 por ciento, pero por cuenta de las indexaciones de todos los años que no dependen de nosotros. Estamos tratando de tener los menores efectos posibles.
¿Considera que el aumento de 9,53 por ciento del salario mínimo podría presionar los precios?
Creo que no, el mínimo aumentó en los últimos años de manera importante y no hubo inflación. Usualmente se da por otros elementos, sobre todo, choques externos o de oferta. Con la perspectiva de una economía creciendo, yo creo que se va a mantener estable. La inflación no es únicamente un fenómeno monetario.
¿Ya han empezado con la ley de competencias supeditada a la reforma del SGP?
Por el momento, se conformó un equipo estratégico entre el DNP y los ministerios de Interior, Hacienda y Educación.