'No tenemos los 55 votos necesarios en el Senado para la consulta': Alirio Uribe

El Gobierno del presidente Gustavo Petro presentó las 12 preguntas de la consulta popular que se radicará el 1.º de mayo en el Senado. En entrevista con EL TIEMPO, el representante del Pacto Histórico Alirio Uribe habló sobre las implicaciones del mecanismo anunciado y cuál podría ser su trámite en el Legislativo. 

Tal y como está planteada la consulta vuelve a reactivar la alerta del Banco de la República sobre la pérdida de empleo y el crecimiento de la informalidad en el país. ¿Realmente esto podría crear esos impactos económicos?

No, yo creo que es todo lo contrario. Creo que la vocación de la reforma laboral es formalizar los empleos, y la formalización implica que haya salarios dignos, pero también que haya seguridad social, que se cotice para salud, para pensiones, y eso fortalece en general todo el sistema. Desde mi punto de vista, la formalización laboral fortalece la economía, genera condiciones de igualdad, condiciones de inclusión, mayor distribución de la riqueza, y todo lo que existe es fruto del trabajo. Desde mi perspectiva, la reforma laboral debe verse como un componente de la reactivación de la economía, en la medida en que mejora los ingresos de los trabajadores; por ejemplo, con el pago de los recargos nocturnos y dominicales. En la medida en que se formalicen laboralmente las madres comunitarias, los aprendices del SENA, los trabajadores agrarios y demás, lo que se logra es un mayor ingreso y, a la vez, una mayor capacidad de compra, de consumo y de reactivación económica, que termina beneficiando también al aparato productivo.

Varios sectores aseguran que las preguntas que ha planteado el Gobierno en la consulta popular cuentan la mitad de la historia y tienen información parcializada. ¿Qué piensa sobre esto?

No, no creo eso. Nosotros -yo soy representante a la Cámara- hemos aprobado dos veces la reforma laboral en la Cámara. De hecho, el 90 por ciento de los artículos habían sido ajustados en los diferentes debates. Entonces, de alguna manera, esas 12 preguntas tratan de recoger unos temas estructurales, como por ejemplo el tema de la estabilidad del empleo frente a los contratos de trabajo que tienen vocación permanente, sea en el sector público o privado, y buscan obviamente dignificar a los trabajadores. Por otro lado, también dignifica la condición de la persona que se ve sometida por años a ese ‘contratismo’, que permite también presiones indebidas; en el caso de las mujeres, por ejemplo, en temas de acoso sexual o por otro tipo de prebendas. Desde mi punto de vista, todo esto fortalece de manera evidente las relaciones laborales. Los países industrializados tienen mayores tasas de formalización. Aquí todavía tenemos muchísima gente informal que debería ser formal: el tema de las trabajadoras domésticas, de las madres comunitarias.

Sectores económicos dicen que con la actual situación fiscal del país no es coherente hacer una consulta por su alto costo. ¿Sí se tiene el dinero para realizar la consulta y también para financiar lo que plantea?

Bueno, la democracia cuesta, ¿no? Todos los procesos electorales tienen unos costos altos. Hay reposición de votos en el caso de las elecciones al Congreso, a los concejos, a las alcaldías, a las gobernaciones y demás. Obviamente, hacer una consulta popular donde tengan que salir mínimo 13’600.000 personas a votar demanda una infraestructura, montar los puestos de votación, activar todo lo que es el proceso electoral, y eso genera costos. Yo creo que la democracia tiene costos, como tienen costos los sistemas carcelarios, pero desde mi punto de vista, diría que son inversiones en participación ciudadana.

Entonces, ¿usted cree que sí está el dinero?

Bueno, el tema es que Hacienda tiene que proveer los recursos. Hay una crisis fiscal que está generada por el propio Congreso. El año pasado tuvimos, por primera vez en la historia del Congreso desde la Constitución del 91, que no se aprobó la ley de presupuesto, no se aprobó la ley de financiamiento, y se hizo una reforma tributaria progresiva que la Corte Constitucional desmontó en algunos aspectos. Entonces sí ha habido una intención de dejar insolvente al Gobierno por asuntos políticos, pensando más en temas políticos que en economía fiscal, para que funcione bien el Estado y la institucionalidad. Pero si el Gobierno lo está planteando y promoviendo, tiene que proveer también los recursos para que se haga la consulta.

Usted dice que la consulta es una inversión para la democracia. ¿Si se llega a aprobar, cree que está el dinero para financiar lo que plantea?

Hay algunas preguntas que tienen costos, por ejemplo, frente a las pequeñas y medianas empresas (que son la mayoría, más o menos 1’600.000 empresas), donde se establecen una serie de beneficios para que estas empresas, que son las que generan el 90 por ciento del empleo en Colombia, puedan tener algún apoyo precisamente como premio por generar empleo y formalizar a los trabajadores. Pero también quiero recordar que hay una responsabilidad política muy fuerte, porque finalmente ocho senadores terminaron hundiendo la reforma laboral en un Congreso donde, en Cámara, de 187 congresistas, la habíamos aprobado. Entonces, sí creo que si se resolviera positivamente la apelación al archivo de la Comisión Séptima del Senado, o si realmente existiera voluntad política para hacer las reformas, no habría que apelar a este tipo de mecanismos de constituyente primario, cuando el constituyente delegado, que es el Congreso, se niega a tramitar las reformas.

Se ha dicho que la consulta no es el mecanismo idóneo para discutir iniciativas de política pública y así sustituir las decisiones del Congreso. ¿Qué piensa sobre esto?

La verdad es que yo he sido crítico de los mecanismos de participación ciudadana, precisamente porque tenemos en la Constitución y en la ley la iniciativa legislativa, el referendo, la consulta, y demás. Y estos mecanismos tienen unos requisitos de procedimiento y unos márgenes de votación muy altos, y algunos temas están excluidos de esa posibilidad. Yo quisiera que fueran mecanismos más expeditos y accesibles para la ciudadanía. El Gobierno y nosotros como congresistas nos estamos moviendo dentro de los marcos jurídicos existentes. No hay mucha experiencia en este tema de las consultas ciudadanas. El antecedente anterior fue la consulta anticorrupción, donde en ese momento 81 senadores votaron por el sí y cero senadores por el no. Igualmente, más de 11’400.000 personas acudimos a las urnas, pero no se alcanzó el umbral; faltaban poco más de 500.000 votos. Entonces, tampoco hay muchos antecedentes sobre la consulta. Lo que establece la ley es que una vez se voten las preguntas, hay un año para que el Congreso, durante esa legislatura, tome las medidas que correspondan. No se relevan las funciones del Congreso.

Algunos compañeros suyos en el Congreso han señalado que la consulta es populista, costosa y que también serviría para hacer campaña de cara a las elecciones de 2026. ¿Qué piensa?

Los mecanismos de participación popular son por esencia mecanismos políticos, porque la gente tiene que decidir entre el sí o el no, y eso va a disparar campañas por el sí y campañas por el no, que no necesariamente son campañas partidistas. Pueden ser campañas ciudadanas, impulsadas por ciudadanos que consideran que hay que votar sí o no. Además, las preguntas se votan individualmente, es decir, los ciudadanos pueden votar sí a unas preguntas y no a otras. Eso también le da fuerza a ese mecanismo de participación.

¿Cómo cree que está el ambiente en el Senado para debatir la consulta? ¿Será aprobada?

Yo creo que las preguntas realmente son muy buenas, y harían que sea costoso políticamente para un senador votar que no. Pero si me preguntas por las condiciones políticas, yo diría que no tenemos los 55 votos necesarios de los 108 existentes. Muchos senadores están en campaña y hay como 10 candidatos presidenciales que hacen campaña atacando al Gobierno y sus políticas. Entonces, sí creo que hay una fuerza en contra de lo que proponga el Gobierno; sea bueno, regular o malo, ellos siempre van a votar en contra. No es fácil conseguir esos 55 votos en el Senado. 

Puede ver: 

MARÍA ALEJANDRA GONZÁLEZ DUARTE

Redacción política