‘No se trata de tener tierra, sino de que se pueda trabajar’: firmantes de paz le responden a directora de la ARN

Tres semanas después del desplazamiento de 26 firmantes y sus familias de la Nueva Área de Reincorporación (NAR) Simón Trinidad, las 88 personas que vivían en esa comunidad siguen habitando el polideportivo del municipio de Mesetas, Metas. Lida Urrego, una de las líderes de este espacio, habló con EL TIEMPO sobre la situación en la que se encuentran hoy las mujeres, niños y adultos mayores desplazados del espacio de reincorporación, a propósito de una entrevista concedida por la directora de la Agencia de Reincorporación y Normalización, Alejandra Miller a este diario.

Ustedes hacen mucho énfasis en que se respeta la denominación de la NAR. ¿Qué significa eso para ustedes y por qué lo eligieron?

Para nosotros, el nombre es muy importante. Lo colocamos en homenaje a Simón Trinidad y a las personas que se encuentran privadas de la libertad. En este caso, nos enfocamos en Simón Trinidad porque es un símbolo para nosotros, es un símbolo de resistencia. Vivir en situación de privación de la libertad es duro, es complejo, y se sufre toda violación a los derechos humanos, especialmente cuando se trata de prisioneros políticos, como en nuestro caso. 

En 2017, llegamos al espacio alrededor de 500 firmantes que nos encontrábamos en situación de privación de la libertad, y por eso decidimos ponerle ese nombre, en homenaje a nuestro compañero, que para nosotros es un referente de resistencia y lucha contra el régimen carcelario colombiano, pero también el de Estados Unidos.

¿Cuántas personas componen la comunidad del NAR Simón Trinidad?

Aquí tenemos 88 personas, de las cuales 26 son firmantes. Hay 33 menores de edad, alrededor de 30 mujeres, tres personas de la tercera edad, y el resto son hombres adultos. Hay familiares de nosotros que ya están en una avanzada, pero en total somos 88 personas.

La información que llegó a Bogotá tras su desplazamiento es que fue por enfrentamientos entre grupos armados, pero ustedes describen una situación peor. ¿Qué era lo que venía sucediendo allí antes de que se presentara estos choques?

Se han presentado varias situaciones. Nuestro esquema sufrió un atentado durante un desplazamiento que estaba realizando un beneficiario. Fue un ataque con disparos y hubo un impacto en el vehículo. Afortunadamente no pasó nada, pero el año pasado también se presentaron combates cerca de nuestro espacio, y todas esas acciones y situaciones que se vienen presentando en el territorio generan incertidumbre y temor en nosotros. Después, recibimos una amenaza, que ya fue reportada, y fue lo que agravó la situación y nos hizo tomar la decisión de salir. Ya no podíamos esperar más, porque la situación se estaba tornando muy compleja con la última amenaza directa. De eso no quisiéramos hablar mucho, ya existe una denuncia y creería que las autoridades tienen conocimiento de lo sucedido.

¿La Fuerza Pública hacía presencia en la zona?

Desde el traslado del ETCR Mariana Páez, toda la Fuerza Pública que prestaba el servicio allí también fue trasladada. Entonces, sí había patrullajes, pero eran pocos. El tema de seguridad se reforzó cuando se reportó la amenaza.

La directora de la ARN decía que les habían ofrecido tres predios, pero que ustedes no habían aceptado ninguno. ¿Qué dice respecto a eso?

A nosotros, la Agencia Nacional de Tierras nos presentó un predio. Yo lo visité. ¿Qué vimos dentro de ese predio? Que no es apto, no se ajusta a nuestras necesidades, porque, primero que todo, es un sitio donde el terreno es prácticamente sabana. Entonces, para el tema agrícola, teniendo en cuenta que nosotros tenemos una línea agropecuaria, realmente ese predio no servía. No es por capricho de nuestra parte. No se trata de tener tierra por tener, sino de tener tierra donde realmente podamos trabajar. Por eso no aceptamos ese predio.

¿Cuáles son esas condiciones mínimas que ustedes piden para ese predio?

Primero que todo, tiene que ser un predio apto para todas las labores agropecuarias, porque a nosotros nos gusta cultivar, nos gusta tener nuestro ganado, nuestras vacas. Pero ese predio también tiene que contar con otras características, como el acceso a servicios, el agua, la conectividad, la escuela, el colegio, y que brinde condiciones de seguridad. Porque salirnos de un municipio donde hay una alerta de la Defensoría del Pueblo para ir a otro que también está en alerta temprana no tendría sentido. Hay 10 municipios en el departamento del Meta que están en alerta temprana.

En términos de seguridad, ¿qué le piden al Gobierno?

Yo creo que todo está resumido en la implementación del acuerdo. En cada uno de sus puntos está muy claro por qué es importante y necesaria su implementación. En el acuerdo de paz también tenemos un tema que habla de la seguridad, entonces es fundamental implementar el acuerdo para evitar que los grupos se vuelvan a rearmar.

¿Qué pasó con los proyectos productivos que ustedes tenían en su espacio de reincorporación?

Nosotros perdimos todos los proyectos. Tuvimos una pérdida incalculable, bastante grande. No solo el proyecto de turismo, sino que teníamos varias iniciativas. Las mujeres teníamos el proyecto de ganadería. Nosotros construimos un corral, y perdimos esa iniciativa que beneficiaba a 22 mujeres. En este momento está cerrada la modistería, el taller de costura llamado ‘Paz Moda’. Como iniciativa de mujeres, también teníamos el sitio del cuidado, y en las cooperativas teníamos proyectos como el de turismo, la bodega de fabricación de concentrados, el lombricultivo, muchos frutales, el proyecto de aguacate y el proyecto de caña, entre otros.

¿Desde la ARN qué acompañamiento han recibido al tema de los proyectos productivos?

Hasta el momento no nos han dicho nada, pero nosotros los firmantes esperamos que la ARN, a la que le corresponde gestionar y acompañar todo este tema, porque fue creada para acompañar la reincorporación política, económica y social, haga su trabajo. Es su responsabilidad garantizar que se restablezca todo y ayudarnos a recuperar lo que hemos perdido, porque no solo hemos perdido el arraigo y el relacionamiento con las comunidades, sino también tenemos pérdidas económicas que se generaron con nuestro esfuerzo, ya que muchas de nuestras iniciativas las apoyamos con nuestros propios recursos.

¿Cómo están hoy ustedes en esta zona donde están ubicados temporalmente? ¿Cómo están los niños, las mujeres y las personas mayores, en términos de salud y servicios básicos?

Los niños están yendo al colegio, pero no dejamos de sentir temor por la estigmatización y el tema de seguridad. En cuanto a las condiciones aquí, nos mojamos cada vez que llueve. Tenemos que colocar los baldes que podemos para parar las goteras. Cada vez que llueve, tenemos que levantarnos a revisar para que no nos mojemos. Como estamos ubicados en carpas, cada lluvia es una inundación. Si llueve por la noche, toca levantarse a mover la carpa y buscar la parte más seca. Además, como la pared del polideportivo pega con el cementerio, a veces salen olores fuertes, y nos pasa que estamos comiendo y empieza a oler. En este momento, ya hemos comenzado a tener tos, y algunos niños también han tenido gripe.

¿Qué mensaje le envía al Gobierno?

Todos estos desplazamientos que se están dando a nivel de todo el territorio y del país son consecuencia de la falta de implementación del acuerdo de paz. No se puede construir otra paz si no se implementa lo que ya se firmó y lo que ya se pactó. El acuerdo de paz no es un libro cualquiera o un documento cualquiera; es un acuerdo entre dos partes, y en este caso, el Estado colombiano está comprometido. Las comunidades que sufren este flagelo son las que se encuentran en la Colombia profunda, en la Colombia olvidada.

¿Qué mensaje le envía a la ARN?

Que se entienda que en este desplazamiento hay mujeres, por eso le hago un llamado a la doctora Alejandra, a su sororidad como mujer. Necesitamos el acompañamiento de ella como directora de la ARN, que nos ayude a agilizar el tema de la tierra.

CAMILO A. CASTILLO
Redacción Política
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