Ni lo digital se salva de la represión en Venezuela

Una sensación de amordazamiento parece haberse instalado en el sentir colectivo venezolano, alimentada por instrumentos legales que, bajo un manto de promover la convivencia, restringen severamente la libre expresión. La pieza central de este mecanismo es la ‘Ley constitucional contra el odio, la convivencia pacífica y la tolerancia’, aprobada por la hoy extinta y cuestionada Asamblea Nacional Constituyente (ANC) el 8 de noviembre de 2017.

Desde su implementación, esta normativa no solo ha sido señalada como una herramienta para silenciar la disidencia política y el trabajo de periodistas y activistas, sino que ha extendido su alcance al ámbito digital afectando directamente a creadores de contenido y ciudadanos en general.

En los últimos años, el patrón para la aplicación de la Ley contra el odio apunta a amedrentar y sancionar a personas con alta visibilidad en plataformas digitales, al igual que a ciudadanos comunes que expresan sus opiniones críticas o satíricas sobre el Gobierno o figuras públicas en línea, siendo objeto de amenazas, investigaciones judiciales y, en algunos casos, detenciones bajo la acusación de “incitación al odio”.

La organización no gubernamental Espacio Público ha documentado un número de denuncias de violaciones a la libertad de expresión relacionadas con esta ley. Entre noviembre de 2017 y diciembre de 2023, se registraron 162 denuncias, derivadas de al menos 63 casos individuales. A la par que estas cifras reflejan un patrón general de amedrentamiento, la aplicación de la ley ha generado un clima de temor y autocensura en todo el ecosistema digital venezolano.

Dos casos recientes ilustran esta tendencia (que no está estrictamente relacionada con contenido contra el Gobierno, sino con contenido en general que el régimen considere ‘incitación de odio’). En abril de 2025, Leonel Moreno, conocido en redes sociales como Leíto Oficial, fue procesado tras ser deportado de Estados Unidos. Aunque los cargos específicos no se hicieron públicos de inmediato, defensores de la libertad de expresión presumen que están relacionados con sus comentarios en redes sociales.

Una adolescente de 16 años también fue imputada el 24 de febrero por “instigación al odio”. Se trata de Ashley Ways, quien a través de un video publicado en TikTok se hizo viral por al parecer burlarse de la muerte de la madre de otra tiktoker.

Anteriormente, en abril de 2022, Olga Mata, una popular creadora de contenido en TikTok de 72 años, fue detenida por un video satírico en el que hacía humor sobre figuras del Gobierno. Su arresto generó una ola de críticas a nivel nacional e internacional, evidenciando cómo la ley puede ser utilizada para penalizar incluso expresiones humorísticas en redes sociales.

En noviembre de 2023, dos ciudadanos fueron reportados como detenidos por comentarios en X considerados “incitación al odio” contra un funcionario del Gobierno. En febrero de 2025, el activista político Nelson Piñero fue condenado a 15 años de prisión por “el simple hecho de informar en las redes sociales”, denunció el partido Encuentro Ciudadano.

Para analistas y organizaciones de derechos humanos, la Ley contra el odio es la punta de lanza de un andamiaje legal más amplio para controlar y callar a la opinión pública en la administración de Nicolás Maduro.

La aplicación de esta ley, argumentan, no solo vulnera la libertad de expresión, sino que cercena derechos fundamentales como el derecho a la defensa y la presunción de inocencia, pilares esenciales de un sistema de justicia imparcial. Esto permite procesos expeditos con garantías limitadas.

Este enfoque represivo se evidencia, además, en un patrón recurrente observado en los procesos judiciales contra disidentes.

Organizaciones de derechos humanos han denunciado que muchas detenciones arbitrarias resultan en acusaciones penales casi ‘calcadas’. En ellas se imputan sistemáticamente delitos como incitación al odio (amparándose en la ley de 2017) junto a otros cargos graves como terrorismo, asociación para delinquir y traición a la patria, tipos penales amplios que permiten encarcelamientos prolongados y dificultan la defensa.

Ley sin sustento

La figura de la incitación al odio es una adición reciente al marco legal venezolano, incorporada en 2017 cuando la Constituyente asumió funciones legislativas. Este organismo comenzó a promulgar lo que denominó “leyes constitucionales”, una categoría no reconocida dentro del ordenamiento jurídico venezolano, pero que el Ejecutivo ha legitimado y aplicado.

La Constituyente se disolvió en diciembre de 2020 sin haber presentado o aprobado jamás un proyecto de nueva Constitución (el objetivo para el que fue convocada). Sin embargo, las leyes que se aprobaron desde ese organismo –cuyos 545 escaños fueron ocupados íntegramente por el oficialismo– siguen aplicándose sobre los venezolanos.

El artículo 20 de la Ley contra el odio establece que cualquier persona “que públicamente o a través de medios aptos para su difusión pública fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia contra una persona o conjunto de personas, en razón de su pertenencia real o presunta a determinado grupo social, étnico, religioso, político, de orientación sexual, de identidad de género, de expresión de género o cualquier otro motivo discriminatorio, será sancionado con prisión de diez a veinte años, sin perjuicio de la responsabilidad civil y disciplinaria por los daños causados”.

El artículo puede parecer inocuo e incluso de objetivos nobles: quien públicamente fomente, promueva o incite al odio será castigado con cárcel. Sin embargo, la determinación queda sujeta a interpretación y se convierte en un arma arrojadiza contra críticos de la administración de Maduro.

El observatorio de derecho y justicia Acceso a la Justicia ha dicho que esta normativa viola al menos cinco derechos y libertades, como la posibilidad de expresarse, opinar e informar, el derecho a manifestar pacíficamente, participar políticamente o asociarse, así como el derecho a la democracia.

“Castiga a quien emita un mensaje por cualquier medio y que el Gobierno considere que es de odio (…). Castiga de odio, fascista o violencia política a cualquier actividad política. Y cabe destacar que el Gobierno considera que las protestas en su contra, aunque sean pacíficas, tienen esas características porque así las ha calificado”, señaló el observatorio.

Maduro ha dicho que la Asamblea Nacional trabaja en un proyecto de ley orgánica contra delitos de odio en redes sociales.

Los reparos

La validez y la aplicación de la Ley contra el odio es fuertemente cuestionada por expertos legales. El abogado Saúl Blanco señala, en primer lugar, la dudosa legitimidad de su origen, al haber sido promulgada por un órgano cuya competencia para legislar es discutible.

Por otro lado, Blanco se centra en la problemática de su redacción. A su juicio, la ley adolece de una “vaguedad intrínseca”, al estar redactada de forma “amplia y generalizada”, lo que facilita la arbitrariedad y permite que cualquier crítica o expresión disidente pueda ser interpretada como una violación. 

El abogado advierte que bajo esta normativa, no solo la incitación al odio, sino incluso el “vilipendio cuando se critica a un funcionario o una gestión” podría ser castigado. Un punto especialmente preocupante para Blanco es la ausencia de una definición clara de “odio” o “incitación” en el texto legal, a pesar de las severas penas contempladas en su artículo 20. Esta falta de precisión otorga un margen de discrecionalidad alarmante a las autoridades.

El director de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Juan Carlos Apitz, coincide con esa apreciación y califica la normativa como una “ley penal en blanco”. Explica que esta denominación se debe a que la ley no especifica claramente los delitos, lo que confiere al juez una “alta discrecionalidad” al momento de tomar decisiones, basándose en “generalizaciones” sobre las conductas.

Apitz advierte sobre las graves implicaciones de esta falta de especificidad: “Cuando escribes ese artículo, esas conductas son puras generalizaciones. También deja la puerta abierta para que se tomen medidas privativas de libertad sin suficientes pruebas”. El académico alerta de que, bajo esta lógica, “una afirmación, un rumor pueden ser pruebas para tomar medidas”, lo que socava las garantías del debido proceso.

Finalmente, Blanco destaca un patrón reciente de imputación sistemática del delito de incitación al odio en detenciones posteriores a las elecciones presidenciales, incluso en casos donde las personas simplemente ejercieron su derecho a la libertad de expresión.

Las consecuencias

Abogados y defensores de derechos humanos alertan sobre cómo la Ley contra el odio se ha convertido en una herramienta para silenciar la disidencia y restringir la libertad de expresión, más allá de los límites aceptables en una sociedad democrática.

Saúl Blanco enfatiza que “la Ley contra el odio contraviene estándares internacionales en materia de derechos humanos”. Argumenta que “la vía judicial no puede ser la primera vía para responsabilizar a las personas por ejercer su derecho legítimo de la libertad de expresión”.

El impacto sobre el entorno digital es variado, advierte el abogado. “Prestadores de servicio de internet se vuelven un vigilante para censurar comentarios. Se puede incluso quitar la concesión de medios de comunicación cuando Conatel, que es un ente del Gobierno, determine que alguien envió mensajes de odio”.

Blanco también describe los patrones en la aplicación discrecional de la normativa: “Los procesan, los privan de libertad, sin que exista el derecho a la presunción de inocencia, o pese a que no hay elementos suficientes para procesar a alguien. Detienen primero y luego investigan”.

“Cuando privan de libertad a las personas pueden ocurrir dos situaciones. La dejan recluida por meses o años o le establecen medidas cautelares, como el régimen de presentación, prohibición de salida del país y hablar del tema, y amenaza por parte de figuras públicas”, señala el abogado.

En opinión de Blanco, la Ley contra el odio se ha convertido en una forma como el Gobierno le envía un mensaje claro a la ciudadanía: “Si hablas en mi contra, te vamos a denunciar por instigación al odio”. Esta percepción generalizada fomenta la autocensura y limita severamente el debate público y la crítica al poder, constriñendo el espacio para la libre expresión y la participación ciudadana.

La ambigüedad inherente a la Ley contra el odio, señalada por expertos legales, tiene un impacto directo en la administración de justicia. Juan Carlos Apitz es categórico al afirmar que esta normativa ha exacerbado la arbitrariedad judicial en el sistema venezolano. Apitz considera crucial recordar que la ANC y la ley surgieron como respuesta de Maduro a meses de intensas protestas antigubernamentales que sacudieron al país en 2017.

En ese clima de alta conflictividad política y social, la Ley contra el odio fue presentada como un instrumento para pacificar el país. Pero sus críticos la vieron desde el inicio como una vía para criminalizar la disidencia expresada durante las manifestaciones.

Juan Carlos Apitz advierte que esta ley, “en la forma en que fue aprobada, si algo ataca es la garantía del debido proceso”. Esta garantía, explica, “se acompaña con el derecho a la defensa, que permite rechazar cargos en tu contra, y para que eso sea así tienes que estar claro de lo que te están imputando. Cuando la acusación es vaga y se trata de una generalización, ¿cómo te puedes defender de eso? Cuando hablas de una generalización no hay forma de precisar modo, tiempo y lugar de lo que te imputan”.

El académico señala que en el caso de la detención de Leíto Oficial, los delitos que posteriormente se conocieron y le fueron imputados (promoción e incitación al odio y lucro por trabajo de niño o niña), son anteriores a la aprobación de la Ley contra el odio y que, además, presuntamente fueron cometidos fuera del país.

En este sentido, sostiene que “no tiene fundamento jurídico que lo procesen bajo la Ley contra el odio. Es el elemento más patético del exabrupto que significa esta norma”.

Frente a las crecientes críticas nacionales e internacionales, entre ellas la de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU, funcionarios de Maduro han defendido consistentemente la Ley contra el odio. Argumentan que es una herramienta necesaria para combatir el fascismo, la discriminación y la violencia política, y que busca proteger a la ciudadanía de discursos que promuevan la agresión.

(*) El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes contra el odio, contra el fascismo y contra el bloqueo. Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

(**) Connectas es una iniciativa periodística sin fines de lucro que promueve la producción, el intercambio, la capacitación y la difusión de información sobre temas claves para el desarrollo de las Américas