Con un documento de tres páginas, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, lanzó oficialmente el gran acuerdo nacional y los cinco ejes con los que el gobierno de Gustavo Petro busca que partidos, gremios, sindicatos, sociedad civil y otros sectores abran espacios de discusión. La propuesta viene siendo trabajada desde que Cristo asumió la cartera, en julio pasado.
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No hay mayores sorpresas frente a lo que el funcionario ya había revelado en entrevistas y distintos espacios. No obstante, se pasaron de tres a cinco puntos de acuerdo. Como ya se sabía, la principal propuesta es la erradicación de la violencia en la política, y eso incluye un desescalamiento del lenguaje.
“Nos comprometemos a promover desde el ejemplo, la recuperación de los valores democráticos, a desescalar el lenguaje en el debate y la deliberación política, a erradicar la estigmatización y a respetar la diferencia y el disenso en todos los escenarios”, dice el documento puesto a consideración de los distintos sectores.
Este es uno de los puntos más controvertidos en cuanto a que uno de los reclamos de los sectores políticos, económicos y hasta gremios como el periodístico es el lenguaje altisonante que usa el presidente Petro en su contra.
El llamado a bajar el tono de la discusión política viene acompañado de un compromiso por buscar un pacto político por la “reconciliación nacional y la convivencia política”, muy similar a lo consignado en los acuerdos con las extintas Farc y que el excanciller Álvaro Leyva malinterpreto para justificar una supuesta convocatoria para una asamblea constituyente por fuera de la vía jurídica.
El llamado a un pacto de reconciliación se complementa con un rechazo expreso a la intervención de actores violentos en las próximas elecciones: “Nos comprometemos también a rechazar la violencia en la política, la interferencia de cualquier grupo armado en los procesos electorales y a excluir de partidos y movimientos políticos a candidatos con vínculos con grupos ilegales”.
El segundo compromiso del acuerdo planteado desde el Ministerio del Interior es el respeto a las reglas electorales y al calendario electoral existente. Esto debido a las propuestas que vinieron de cercanos al gobierno Petro, específicamente el Pacto Histórico, de restablecer la reelección o prolongar el periodo presidencial por dos años más. Ambas posibilidades fueron rechazadas por sectores contrarios al Ejecutivo y generaron temor ya que fueron lanzadas justo cuando el primer mandatario insistía en su propuesta de poder constituyente -ya dejada a un lado-.
“Acordamos garantizar la estabilidad de las reglas de juego democráticas en el corto, mediano y largo plazo en los niveles nacional, regional y local. No promoveremos la reelección ni la alteración de los periodos de los mandatarios de la rama ejecutiva de elección popular”, reza el compromiso en ese apartado, en el que también se busca un fortalecimiento del sistema partidista, lo que se lee como una posible adhesión a la reforma política que actualmente está moviendo el ministro Cristo.
No obstante, en el acuerdo se deja una ventana para modificaciones, pero con la salvedad de que “cualquier cambio institucional tendrá que ser producto de los trámites y requisitos contenidos en la Constitución Política de 1991 y que implican un amplio proceso de participación ciudadana, deliberación legislativa y controles de constitucionalidad”.
El tercer punto va muy en la línea de lo que ha buscado Juan Fernando Cristo desde que llegó al cargo y es un relanzamiento del acuerdo de paz con las extintas Farc. En esa línea se busca que se logre un acuerdo de priorización de las inversiones en los municipios PDET.
“Apoyaremos y trabajaremos con los alcaldes y gobernadores y, de manera articulada y participativa, con las comunidades, el sector privado, el gobierno nacional y la comunidad internacional, en las iniciativas y proyectos que mejoren las condiciones de vida y seguridad de los 6,6 millones de habitantes de esos 170 municipios”, es la propuesta para estos municipios que son el eje del acuerdo.
El cuarto punto es enfocado totalmente al aspecto económico y plantea que debe haber un crecimiento con equidad. Allí se propone que debe buscarse un desarrollo rural integral y un fortalecimiento de la agroindustria. También se vuelve a plantear un enfoque en los sectores agropecuarios, industriales y turísticos, muy similar al acuerdo ya alcanzado con los bancos privados para reemplazar las inversiones forzosas con la destinación de créditos a estas áreas.
“Consideramos fundamental transitar de una economía con alta desigualdad y desempleo, hacia una economía productiva, incluyente y equitativa que proteja y conserve la naturaleza y cuya competitividad esté basada en la educación, el talento, la tecnología y la conectividad, la transición energética, la estabilidad macroeconómica y el fortalecimiento del Estado Social de Derecho”, reza el acuerdo.
El último punto tiene algunos elementos del primer compromiso sobre dar un debate respetuoso, pero este aspecto está enfocado principalmente a las reformas sociales. Algo llamativo es que el compromiso en este punto parte de la declaración de que dichos proyectos son necesarios para el bienestar del país y la consolidación de la paz.
“Acordamos trabajar con todos los partidos políticos representados en el Congreso, la discusión de un grupo prioritario de proyectos que hacen parte de la actual agenda legislativa, y de esta manera dar trámite para su aprobación, en el marco del respeto a la oposición, de la deliberación argumentativa, de la búsqueda constructiva de consensos y del dialogo respetuoso”, dice el último punto. En el cierre del acuerdo se hace un último compromiso de establecer los espacios de seguimiento para los distintos puntos del gran acuerdo nacional.
Aunque se lanzaron los puntos, oficialmente no se conoce cuáles partidos, sectores económicos y sociales harán la adhesión al compromiso construido por el ministro Juan Fernando Cristo. La definición de estos actores será la prueba de fuego para saber si el gran acuerdo nacional tiene futuro. Sin embargo, no deja de ser destacable que después de dos años de hablar del 'gran acuerdo nacional' por parte del gobierno Petro, por primera vez hay un documento que muestra la hoja de ruta y los pilares de este pacto.