Los tres impuestos que el Gobierno crearía para atender la situación de orden público que se vive en la región del Catatumbo, en el departamento del norte de Santander, se podrían llegar a extender toda la vigencia fiscal.
Así lo aseguró el ministro de Hacienda, Diego Guevara, tras la reunión de la junta directiva del Banco de la República en la que se decidió por mayoría mantener inalterada la tasa de interés de política monetaria en 9,5 por ciento.
“Estamos examinando con los equipos jurídicos. Hay jurisprudencia de la Corte que plantea que para mantener el orden público en una conmoción interior los impuestos podrían ser por toda la vigencia fiscal completa”, señaló.
Hay que recordar que los impuestos anunciados son un IVA de 19 por ciento a los juegos de suerte y azar en línea, otro al timbre y un tercero a la exportación de carbón y petróleo.
“Esta figura constitucional no puede convertirse en una herramienta para corregir la falta de previsión, las deficiencias en la gestión y administración del Estado, ni en un “fast track” para revivir iniciativas legislativas y tributarias que no avanzaron en el Congreso”, afirmó ayer Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM).
Hasta el momento, el decreto de conmoción interior habla de 90 días. En ellos, el IVA a los juegos recaudaría unos 519.000 millones de pesos, el del timbre 330.000 millones de pesos y el de petróleo y carbón otros 214.000 millones de pesos. Sin embargo, la ley dice que este puede ser prorrogable por otros 90.
“Este decreto será seguramente el último que salga. Vamos a evaluar muchos otros impuestos según el consolidado de necesidades de los otros ministerios, por eso vamos a ser prudentes en el momento de su expedición. Insistimos en que están focalizados en el Catatumbo y tienen una razón específica”, manifestó Guevara.
Sobre uno de los decretos que sacó el Ministerio de Agricultura para atender la crisis del Catatumbo, José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), alertó sobre la pretensión del Gobierno de hacer un experimento de ‘expropiación exprés’ al amparo de la Ley de Conmoción Interior.
“Es increíble que en la exposición de motivos el Gobierno mismo confiesa que acude a la Ley 1523 porque ‘la aplicación del procedimiento de expropiación agraria regulado en la Ley 160 de 1994 genera demoras’ ¿Y por qué es demorado? Porque garantiza la intervención de un juez en el derecho del afectado a defender la propiedad de su predio”, manifestó.