En los próximos días, y antes de que arranque la COP16 de Biodiversidad en Cali el próximo 21 de octubre, el Ministerio de Ambiente expediría la reglamentación para habilitar la creación de reservas naturales temporales en zonas mineras.
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Aunque el Gobierno Nacional califica esta reglamentación como un gran paso en la protección de la biodiversidad del país, las empresas del sector minero aseguran que esta decisión afectará a proyectos de minerales estratégicos para la transición energética, como el cobre.
De hecho, hace unos días el Consejo Gremial Nacional señaló que con esta medida ningún proyecto, independientemente del tamaño o el mineral, recibirá autorización para desarrollar actividades en las áreas temporales que se definan, lo que sin duda alejaría a los inversionistas.
"Sorprende que no se considere el impacto en el desarrollo económico y social de las regiones, que causará la creación de estas áreas, pues no solo se verán afectados los proyectos mineros, sino todos los encadenamientos productivos que ellos tienen", señaló el Consejo Gremial Nacional.
Otra preocupación que ronda entre las empresas del sector minero es que el Ministerio de Ambiente expediría las resoluciones antes de un pronunciamiento de fondo por parte del Consejo de Estado sobre la legalidad del Decreto 044.
A través de estas resoluciones se van a declarar las zonas específicas donde no se podrán hacer proyectos mineros, lo que terminaría afectando cualquier iniciativa porque se terminaría creando una inseguridad jurídica porque no se podrán renovar ni otorgar nuevos títulos mineros.
Empresas del sector advierten que esta medida del Ministerio de Ambiente no solo afectaría proyectos futuros de minería, sino que también puede afectar a los actuales porque impide que las Corporaciones Autónomas Regionales otorguen permisos y licencias.
Debido a estas afectaciones, varios gremios el sector esperan que el Consejo de Estado adopte una medida cautelar que suspenda los efectos del Decreto 044 mientras se toma una decisión de fondo.
El pasado 12 de septiembre el Consejo de Estado hizo un primer pronunciamiento sobre el tema al negar tres acciones de tutela que se interpusieron con el objetivo de dejar sin efecto el decreto.
El alto tribunal consideró que las acciones constitucionales no demostraron un perjuicio irremediable y no cumplieron con el requisito de subsidiariedad, porque los accionantes tenían otro medio judicial, diferente a la tutela, para buscar dejar sin efecto el decreto, como la acción de nulidad que ya se tramita ante el Consejo de Estado.