Miles de venezolanos y de otras cinco nacionalidades con permisos legales en EE. UU. también serían deportados por Trump

Mas de una millón de personas –en su mayoría venezolanos- que están viviendo legalmente en Estados Unidos gracias un permiso temporal que les dio la administración de Joe Biden, podrían ser deportados de inmediato debido a una nueva medida que acaba de tomar el presidente Donald Trump.

Eso de acuerdo con un firme de The New York Times que cita un memorando interno distribuido al personal del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por su sigla en ingles), la entidad encargada de ejecutar las deportaciones.

En el memorando, dice el diario, las nuevas autoridades en el Departamento para la Seguridad Interna (DHS por su sigla en inglés) dan guías a los funcionarios de ICE sobre como aplicar los nuevos poderes que invocó Trump al declarar una emergencia nacional causada por los migrantes.

En la guía, las autoridades sugieren que los poderes les permitirán cancelar los "paroles humanitarios vigentes" y otros permisos de residencia que expidió Biden bajo dos programas específicos diseñados para tratar de regularizar el flujo migratorio.

¿Cuáles son los 'paroles' humanitarios que están en riesgo?

El primero es CHNV Parole, un programa expedido en el 2023 y bajo el cual han ingresado al país unas 600.000 personas de Venezuela, Haití, Nicaragua y Cuba bajo el patrocinio de ciudadanos de Estados Unidos o portadores de "green cards", que se comprometieron a hacerse responsables. El "parole", que es solo por dos años, les otorga a su vez un permiso de trabajo temporal.

El segundo abarca a las personas que entraron bajo CBP One, una aplicación que ofrecía citas a solicitantes de asilo y bajo el cual se procesaron a otras 800.000 personas.

Ambos programas fueron cancelados este lunes a través de una orden ejecutiva expedida por Trump que suspendió la expedición de nuevos "paroles humanitarios" bajo CHNV y las citas de CBP One.

La expectativa, en el caso de CHNV, era que se dejaría a estas personas permanecer en el país hasta la expiración de los dos años a partir de los cuales quedarían "sin estatus" y expuestos a la deportación. Para los admitidos por CBP One lo esperado era que se procesara con velocidad las solicitudes de asilo para luego deportar a quienes no cumplieran con los requisitos.

En la nueva guía, el DHS le dice al ICE que proceda a deportar a los que ya se les hayan comenzado a vencer los dos años (muchos de ellos comienzan a expirar ya, pues el programa inició en enero de 2023).

Pero también les da el poder para anular el "parole humanitario" aún si está vigente y para deportar a todos los que ingresaron con CBP One que no hayan iniciado aún un proceso de asilo.

De acuerdo con la nueva administración, estos dos programa de la era Biden serían ilegales y por tanto los permisos que se concedieron bajo ellos también.

¿Qué dicen los analistas de esta orden que dio Donald Trump?

Según analistas, bajo esta misma lógica también se podrían anular los "paroles humanitarios" que se extendieron a ciudadanos de Afganistán tras el regreso de los talibanes al poder y los ucranianos que huyeron tras el estallido de la guerra con Rusia.

Aunque nadie duda que el presidente Trump tiene autoridad para cancelar los dos programas -como lo hizo- pocos piensan que además cuentan con la potestad de anular los permisos temporales que concedió su antecesor.

Y lo más probable, por tanto, es que la medida termine siendo demandada ante las cortes que tendrían la última palabra.

Pero desde ya la decisión ha sido duramente cuestionado por exfuncionarios de Biden y grupos que defienden a los inmigrantes.

"Además de las serias dudas legales que plantea, someter a personas que cumplieron con las reglas a un proceso de deportación sumarial es una traición escandalosa y sin precedentes", dijo Tom Jawetz, abogado principal del DHS bajo la administración Biden.

Para Karen Tumlin, directora del Centro para la Acción Judicial, un grupo que se dedica a litigios en temas migratorios, la decisión no solo es errada sino ofensiva para los estadounidenses que quisieron ayudar a estas personas.

"Las comunidades estadounidenses han abierto sus corazones y hogares a personas de Cuba, Haití, Nicaragua, Venezuela, Afganistán y Ucrania. Castigar a personas que hicieron todo lo que les pidió el gobierno, y muchas de las cuales tenían patrocinadores en Estados Unidos, con este procedimiento de deportación sumaria es atroz”, afirmó Tumlin.

Como en el caso de Afganistán y Ucrania, las personas beneficiarias del CHNV procedían de países en el hemisferio donde hay dictaduras o regímenes despóticos -Cuba, Venezuela y Nicaragua- o en una crisis de gobierno absoluta -Haití-.

SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington