Miguel Uribe interpuso acción de tutela en contra de la Fiscalía por la expedición de la directriz para el manejo de la protesta social

la Fiscalía General de la Nación expidió la directriz 0001 de 2024, el pasado 10 de septiembre, en donde están plasmadas nuevas pautas para el tratamiento que se le debe dar desde ahora a la protesta pacífica en Colombia.

El documento de 25 páginas fija nuevos lineamientos “para reforzar el reconocimiento, garantía y protección del derecho a la protesta social pacífica”, que se divide en 33 directrices. 

El documento “por la cual se reconoce, garantiza y protege el derecho a la protesta social pacífica”, está dividido en cuatro bloques que comprenden la protección a la protesta social pacífica; los límites del poder punitivo del Estado; la tipicidad de los delitos ocurridos como ocasión de la protesta; y la forma en la que se debe proceder en la investigación y judicialización de actos delictivos que afectan el derecho a la protesta social.

'Lleva a Colombia a un camino de impunidad'

Esta directriz generó varias reacciones entre algunos congresistas que califican de 'peligroso' el documento expedido por la fiscal Luz Adriana Camargo

El senador Miguel Uribe (Centro Democrático) fue uno de los que se pronunció sobre la directriz 0001 de 2024 y en horas de la mañana señaló en sus redes sociales que interpuesto una acción de tutela en contra de la Fiscalía por la expedición de la directriz.

"He interpuesto una acción de tutela en contra de la @FiscaliaCol por la expedición de la Directriz 001 de 2024, que vulnera los derechos humanos y lleva a Colombia a un camino de impunidad y caos", dijo Uribe en su cuenta de X.

Y agregó: "Bajo el pretexto de proteger la protesta social pacífica, permite que los delitos cometidos en manifestaciones como los daños a la propiedad pública, privada, las injurias, las calumnias, incluso la obstrucción de vías no sean investigados ni judicializados".

Además, señaló que esto significa: "que los delincuentes que se escudan en el derecho a la protesta pueden cometes cualquier crimen y la Fiscalía lejos de cumplir con su deber constitucional renuncia a la obligación de perseguir estos delitos".

"Básicamente la Fiscalía a través de esta directriz ha decidido renunciar a su mandato constitucional establecido en el artículo 250 de la constitución donde se señala claramente que está obligada a perseguir los crímenes y delitos", dijo el senador del Centro Democrático.

Y finalizó diciendo: "Al emitir la directriz la fiscal general está suplantando al congreso y poniendo nuevas reglas sobre lo que es un delito y lo que no es invadiendo las funciones que le corresponden al legislador".

MARÍA ALEJANDRA GONZÁLEZ DUARTE

Periodista de Política