Mesas con los 'exparas', el otro desafío de la 'paz total' que fractura al Gobierno: las dos posturas que chocan

Tras la turbulencia política que desató la designación de 18 exjefes paramilitares —algunos de ellos expulsados de Justicia y Paz por reincidir en actividades criminales tras su desmovilización—, varios de estos antiguos cabecillas le pidieron al Gobierno abrir un espacio institucional para rendir cuentas sobre las tareas que les fueron encomendadas: tender puentes con los grupos residuales, reparar a las víctimas y buscar a los desaparecidos.

Desde finales de enero pasado han insistido en la instalación de una mesa anexa a las siete en pie con otros grupos armados o bandas criminales con un solo propósito: cerrar el Acuerdo de Santa Fe de Ralito.

En julio de 2003, en Tierralta, Córdoba, el gobierno de Álvaro Uribe firmó un acuerdo con los antiguos bloques paramilitares, en el que estos se comprometieron a desarmarse, combatir el narcotráfico y reparar a las víctimas, a cambio de beneficios punitivos, la legalización de su influencia política y, sobre todo, no ser extraditados a Estados Unidos.

Ese apretón de manos fue el punto de partida de lo que sería la Ley de Justicia y Paz, que creó el andamiaje jurídico para procesar a los ‘paras’ y esclarecer los crímenes más graves del conflicto. Pero el pacto se incumplió. Entre 2003 y 2006 se registraron 41.135 hechos de violencia atribuidos a estos grupos. Y, sorpresivamente, en mayo de 2008, 14 de sus comandantes más importantes fueron extraditados al país del norte. Entre ellos, Salvatore Mancuso, la cara más visible de la llamada gestoría de paz.

Según una carta que algunos de los antiguos 'exparas' enviaron a Palacio, los compromisos asumidos quedaron inconclusos. Por eso, proponen abrir un espacio de diálogo para cerrar ese capítulo.

En una entrevista con este diario, Mancuso detalló que esperaba contar con la bendición del Gobierno para llevar a cabo tareas como la búsqueda de desaparecidos en territorio venezolano, la localización de bienes —muchos de los cuales siguen en manos de grupos criminales—, así como transmitir mensajes de cabecillas desde las cárceles que buscan negociar el desarme de los grupos vigentes.

El presidente Petro ha respaldado esta idea, insistiendo en los vacíos en el relato de la verdad que quedaron tras la extradición de los otrora comandantes. "El proceso de paz entre el gobierno de Uribe y los paramilitares aún no ha terminado, aún no se sabe toda la verdad. Las haciendas entregadas, en parte, se han perdido en manos del Estado o recicladas por nuevos grupos que heredan el paramilitarismo. Muchos cuerpos de víctimas aún no han sido encontrados", publicó en X, antes de designar a Mancuso como gestor de paz.

Sin embargo, en el equipo negociador, la instalación de una mesa paralela a la ya fracasada 'paz total' no tuvo eco. Por esta razón, el encuentro del pasado 29 de abril con los exfundadores, en Montería, fue oficializado por el Centro Nacional de Memoria Histórica y no por la oficina del Alto Comisionado.

Las fisuras en el Gobierno

Este diario conoció que desde el despacho de Otty Patiño consideran inviable y poco oportuna la creación de una mesa de negociación con exintegrantes de grupos paramilitares que se desmovilizaron hace más de dos décadas. 

De ahí que existan varios reparos por una decisión que fue tomada al margen de ellos. Aunque la oficina de paz envió representantes al encuentro en Montería, dicho evento fue inicialmente planteado como un espacio de rendición de cuentas, no como una instancia de negociación, lo que también ha generado molestias.

Por ahora, y ante la falta de claridad, la oficina a cargo de Otty Patiño ha enfocado su labor en tres frentes clave con los exjefes paramilitares: la búsqueda de personas desaparecidas, la localización de bienes y la promoción de procesos de reconciliación.

De hecho, en el encuentro de Montería, Salvatore Mancuso y ‘Macaco’ firmaron una serie de compromisos en relación con la búsqueda de desaparecidos, aunque los detalles de los mismos permanecen desconocidos. Estos compromisos se suman a las responsabilidades previas de los antiguos jefes de las AUC, quienes deben colaborar en la identificación de bienes, mientras la oficina de paz trabaja de la mano con la Unidad de Víctimas para avanzar en las labores de reparación.

Sin embargo, no todos los exlíderes paramilitares parecen alinearse con la propuesta de una mesa de negociación. De hecho, solo dos de los 18 exjefes paramilitares mencionados en el Decreto 453 de 2024 participaron en el encuentro de Montería, lo que pondría en evidencia las diferencias dentro de este grupo respecto a la viabilidad de ese espacio de diálogo.

Por otro lado, cabe recordar que estos 18 exjefes paramilitares, nombrados gestores de paz en el mencionado decreto, tenían hasta el 2 de mayo para presentar sus planes de trabajo sobre los tres ejes fundamentales. Sin embargo, el plazo fue prorrogado hasta el 8 de mayo, fecha en la que la vigencia de la resolución perderá validez. Este es un periodo crucial para revisar y evaluar el futuro del decreto y las posibles prórrogas.

A pesar de las dudas y divisiones internas, fuentes cercanas al proceso de negociación indican que la instalación de una mesa con el Gobierno no tiene vuelta atrás. Según estas fuentes, la decisión final recaerá sobre el presidente Gustavo Petro, quien podría materializar un anhelo que expresó en octubre de 2024, durante un evento de entrega de tierras en Montería. En esa ocasión, Petro afirmó: “Nosotros nombraremos una representación del Gobierno para mirar cuáles son los vacíos, los incumplimientos del acuerdo que establecieron entre paramilitares y Uribe Vélez”.

Redacción Justicia y Política