Más de 4.100 millones de pesos le han costado al país los eventos de ‘Gobierno con el Pueblo’ y ‘Gobierno con los barrios populares’

Después de tres meses de incógnita, ya hay fecha para la reanudación de las jornadas de ‘Gobierno con los Barrios Populares’, la estrategia de acercamiento del gobierno de Gustavo Petro a las zonas marginadas de las capitales del país. Fuentes de Casa de Nariño confirmaron que se harán en la semana del 25 al 29 de noviembre. Dichas jornadas se habían puesto en pausa tanto por temas de agenda del presidente Gustavo Petro como temas de contrato.

La segunda versión se iba a hacer en la última semana de julio, pero la agenda presidencial en París se cruzó con las visitas a Ibagué, Villavicencio, Bucaramanga, Medellín, entre otras ciudades. Luego vino la ausencia de un contratista para ejecutar los eventos. Solo hasta el 16 de septiembre, el Dapre definió el contratista que le iba a realizar los eventos a Presidencia.

Se trata de Felling Comapany S.A, que de septiembre hasta el 15 de diciembre tendrá la labor de ejecutar un contrato de 7.000 millones de pesos para todas las tareas relacionadas con los eventos de la Presidencia, la Vicepresidencia y la Consejería de las Regiones. Con contratista a cargo, se vuelve a poner la atención sobre cómo procederá el gobierno Petro con la ejecución de eventos, especialmente los eventos para relacionarse con las regiones.

Como ningún otro de los recientes gobierno, la actual administración ha estado marcada por continuas visitas del poder central, en especial el Presidente, a los territorios. En el marco de este enfoque, se lideró lo que se ha denominado ‘Gobierno con el Pueblo’ -que se han hecho en La Guajira, el Pacífico, Bogotá y el Sur del Caribe- y ‘Gobierno con los Barrios Populares’ -llevados a cabo en Bogotá, Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, Armenia, Manizales y Pereira-.

En el global, son formatos muy parecidos: el primer mandatario y su gabinete se desplazan a lugares de difícil acceso y marcados por la pobreza para ‘gobernar directamente desde allí’. Esto se traduce en eventos donde se escuchan las exigencias de la comunidad, los ministros dan el balance de la gestión y lo que se viene para esa zona y -casi siempre- se cierra con un discurso de Gustavo Petro. Las diferencias más grandes entre formatos es que el primero implica un desplazamiento de toda una semana a la región, mientras que el segundo es una visita que no llega a superar el día y muchas veces tarda unas pocas horas pues es una seguidilla de eventos en diferentes capitales del país.

Aunque han sido unas de las grandes apuestas de la actual administración, ambos formatos habían entrado en pausa. Ahora se espera que se reanuden a finales de noviembre. Mientras esto ocurre, EL TIEMPO en un ejercicio de veeduría preguntó a través de derechos de petición a los 19 ministerios y a la Presidencia cuánto le costó al país los cuatro ciclos de ‘Gobierno con el Pueblo’ que se hicieron entre 2023 y los primeros meses de 2024 y la única jornada de ‘Gobierno con los Barrios Populares’ que se ha podido hacer hasta que entrara en suspensión estas figuras.

Al país le ha costado 4.187.791.984 de pesos en el total global por ambas figuras de acercamiento popular. Esta cifra sale del reporte de costos de viáticos (hoteles y manutención), transporte de funcionarios y contratistas, y el pago por la realización de cada uno de los eventos en los distintos territorios del país.

Sin embargo, es apenas un aproximado que puede ser mucho mayor, pues hubo dependencias como los ministerios de Igualdad y Trabajo que no cumplieron con los plazos fijados por la ley y omitieron responder al derecho de petición. Otras carteras, como los ministerios de Agricultura y Comercio, Industria y Turismo, respondieron que no eran competentes para dar la información sobre la ejecución de eventos y se limitaron a remitir el cuestionamiento a la Presidencia.

Tampoco se tuvo información al detalle sobre el costo de esquemas, seguridad y desplazamiento del primer mandatario para estos eventos y del gabinete como tal, pues estos movimientos se hacen a través de aeronaves oficiales del Ejército, la Policía y la Fuerza Aérea. Aún con estos puntos inconclusos, es un ejercicio importante para conocer el impacto fiscal de estas iniciativas.

Los números al detalle

De los más de 4.100 millones de pesos que ha costado esta forma novedosa de relacionamiento con las regiones, la mayoría de los recursos se han destinado propiamente en la realización de los eventos. En total son poco más de 2.800 millones de pesos, la mayoría asumidos por los recursos de la Presidencia, específicamente de la Consejería de las Regiones.

La cabeza del Ejecutivo ha puesto más de 1.302 millones de pesos para la organización de los eventos. Otras dependencias que reportaron gastos en eventos fueron los ministerios de las TIC ($583.085.912), Culturas ($432.576.825), Educación ($121.785.977) y Ambiente ($371.397.147).

La cartera liderada por Mauricio Lizcano se ha enfocado en eventos para mostrar los avances de su cartera y la entrega de equipos computacionales, mientras que en Educación se centraron en las discusiones de la fallida ley estatutaria de la educación. En cuanto a la cartera actualmente liderada por Juan David Correa se observa que muchos de los eventos pagados son relacionados con la agenda oficial del primer mandatario. Por su parte, en el Ministerio de Ambiente predominaron la organización de eventos liderados por la ministra Susana Muhamad y paralelos a la agenda de Gustavo Petro.

Un detalle que deja ver la información aportada desde el Ejecutivo es que el Ministerio de Minas y Energía llevó a cabo de forma paralela al ‘Gobierno con el Pueblo’ eventos sobre transición energética en La Guajira -con la entonces ministra Irene Vélez-, en el Pacífico y por el tema de las tarifas en el Sur del Caribe -con el ministro Andrés Camacho-, pero estos solo tienen como reporte los desplazamientos y viáticos que implicaron estas actividades. Una de las explicaciones es que varios de estos espacios fueron propiciados y financiados por las empresas relacionadas con el sector energético y vinculadas a dichos temas de interés.

Las otras carteras no reportan gastos en la realización de eventos en el marco de las visitas regionales. El resto de los recursos gastados se concentran en los rubros de transportes y viáticos, que incluye lo referente a estadías y la alimentación. En cuanto al tema de transportes, el gasto ha sido de cerca de 500 millones de pesos y en viáticos se ha destinado más de 840 millones de pesos en total.

Las carteras que más han destinado en estos temas, sin incluir a la Presidencia -que tiene 121 millones en transporte y 102 millones de viáticos- han sido Interior, con 199 millones de pesos; Cultura, con 191 millones; Vivienda, 150 millones; Justicia, con 96 millones; y Educación, con 82 millones. Aunque este último llama la atención que se declara que “en desarrollo de los eventos indicados no se generaron gastos de alojamiento”, sin explicar en dónde se quedaron tanto la ministra como los funcionarios que la acompañaban.

Estas cifras permiten evidenciar las carteras que más funcionarios dispusieron para estas jornadas. A mayor gasto de alojamientos y transporte hay una relación directa con el personal puesto en el territorio. Aunque esto no necesariamente se tradujo en eventos propios, como evidencian los gastos en este rubro.

Estas cifras permiten ver el reto que implica la decisión del presidente Petro de desplazar gran parte de la representación del gobierno central a los territorios. Aunque no es equiparable al costo de los eventos, la sumatoria de lo gastado entre viáticos y transporte supera los 1.300 millones de pesos. Esto debido a que gran parte del personal de funcionarios y contratista, por no decir que la totalidad, están radicados en Bogotá y estos ejercicios llevan a movilizar una amplia cantidad, a los que se les debe garantizar tanto el desplazamiento como el sostenimiento durante las jornadas.

¿Una movida de austeridad?

Otro aspecto que se evidencian con los datos entregados por las distintas instancias es que ‘los Gobiernos con el Pueblo’ tenían un impacto mucho mayor en el erario que ‘los gobiernos con los Barrios Populares’. Esto se ve tanto en gastos de desplazamiento como en la ejecución de eventos.

Aunque en una entrevista pasada con EL TIEMPO la actual consejera para las Regiones, Luz María Múnera, afirmó que la razón de darle prioridad a la asistencia a los ‘barrios populares’ era la atención de otras zonas de exclusión y no solo la ruralidad -“ La mayoría de territorios excluidos son rurales, pero en las grandes capitales tenemos unos territorios de suma pobreza ya que están llegando las personas desplazadas y otras situaciones”-, se ve una coincidencia en el cambio de enfoque con el ‘apretón del cinturón’ que tuvo la administración Petro por el bajo recaudo fiscal en 2024.

No solo es un descenso en el costo total en el valor de los eventos, que en cada semana de ‘Gobierno con el Pueblo’ rondaba los 300 millones mientras que la única semana de ‘Gobierno con los Barrios Populares apenas superó los 160 millones de pesos, sino que también hay una notoria disminución de los gastos de transporte y viáticos.

La principal razón es que el segundo formato impulsado por la Presidencia se ha centrado en su mayoría en los desplazamientos del mandatario y los ministros, que siempre van en la misma aeronave, y no hay mayor gasto de estadías pues casi siempre la jornada terminó con regreso a Bogotá en el mismo día de actividades. En cambio, los ‘Gobierno con el Pueblo’ implicaban una disposición en la zona de una gran cantidad de funcionarios que se quedaban toda una semana mientras se llevaba a cabo la agenda.

Otro tema que evidencian las cifras entregadas a este diario fue el alto costo que tuvo la jornada de ‘Gobierno con el Pueblo’ en Bogotá, que se hizo entre el 5 y 6 de octubre. Este espacio fue ampliamente criticado debido a que fue asumido como un intento electoral del presidente Petro por beneficiar a Gustavo Bolívar, que en ese momento era candidato a la alcaldía de la capital.

Ese evento de dos días tuvo un costo total de poco más de 390 millones de pesos, cifra apenas superada por la jornada de una semana que se hizo en el Sur del Caribe, con poco más de 422 millones de pesos. Esta particularidad llega a ser aún más llamativa si se compara con los otros eventos hechos en Bogotá en el marco del ‘Gobierno con los Barrios Populares’, ninguno llegó a superar el 10 por ciento de los montos pagados en octubre del 2023.

La perspectiva del Gobierno

A pesar del alto costo que tiene este tipo de estrategias lideradas por la Presidencia, desde el Ejecutivo se ha defendido esta figura, como lo hizo la consejera para las Regiones, Luz María Múnera en un diálogo con este diario. Primero, destacó la complementariedad de los dos ejercicios.

“No es una cosa o la otra. Es una cosa y la otra”, dijo Múnera, que luego destacó la importancia que tienen estas actividades para que el Ejecutivo acceda a zonas con abandono histórico por parte del Estado. “Hay territorios marginados y excluidos en las ciudades y ahí también debemos enfocarnos. Son los dos mecanismos los que debemos realizar. Ya avanzamos en los Gobierno con el Pueblo, ahora hay que avanzar mucho en los barrios. Yo creo que, es una decisión que debatiremos con el Presidente, y es que el año entrante ya debemos volver, pero a inaugurar las obras”, concluyó.