El cierre de más de 3.000 puntos de SuperGiros en la región Caribe refleja la grave crisis de seguridad que enfrenta esta red de servicios tras las amenazas del Clan del Golfo.
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El Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), mediante intimidaciones y actos violentos, ha ordenado la suspensión de actividades en los departamentos del Atlántico, Bolívar, Sucre, César, Magdalena y La Guajira. Esta situación se desató después del asesinato de Fernanda Mozo, trabajadora de SuperGiros en Bosconia, Cesar, el pasado 4 de noviembre.
Entre los ataques, se reportó que en el Carmen de Bolívar, hombres armados dispararon contra establecimientos para forzar su cierre. De manera similar, en otros municipios de la región, sujetos identificados como miembros del EGC han ingresado a los locales, mostrando armas de fuego para amenazar al personal.
Las trabajadoras de la red han narrado cómo grupos de dos o tres individuos llegan a los puntos y ordenan el cierre inmediato bajo presión.
El impacto de esta situación es severo, no solo para la empresa, sino también para las comunidades que dependen de sus servicios. SuperGiros, que presta servicios de giros, pagos de servicios públicos y actúa como corresponsal bancario, opera en muchas zonas apartadas del país, donde estas actividades son esenciales para la economía local.
La paralización de los puntos, especialmente en lugares como el Golfo de Morrosquillo en Sucre, ha dejado a miles de personas sin ingresos ni acceso a servicios básicos.
La Defensoría del Pueblo condenó los ataques y resaltó que la mayoría de las empleadas afectadas son mujeres, quienes han quedado expuestas a graves riesgos. A través de su cuenta en X, la entidad hizo un llamado urgente a las autoridades para que refuercen las medidas de seguridad y frenen la violencia de los grupos armados en esta región del país.
“Rechazamos el constreñimiento de grupos armados ilegales en Sucre y Sur de Bolívar que afectan el derecho al trabajo y la vida de quienes operan puntos de atención de SuperGIROS, en su mayoría mujeres. Es urgente tomar medidas contundentes para frenar este accionar”, expresó la Defensoría.
A pesar del apoyo brindado por las fuerzas de seguridad, el accionar de estos grupos al margen de la ley se ha intensificado en las últimas horas, lo que sigue poniendo en peligro tanto a los empleados como a los clientes de SuperGiros. En departamentos como Atlántico y Cesar, la situación se ha tornado crítica, pues el temor generado por los ataques limita la posibilidad de reanudar las operaciones.
La empresa, mientras tanto, ha solicitado mayor respaldo del Estado para garantizar las condiciones necesarias que permitan a los puntos reabrir y restablecer los servicios.
La continuidad de esta problemática no solo afecta el derecho al trabajo, sino que también pone en jaque la estabilidad económica de miles de familias en la región Caribe.