Marco Rubio dijo que no todo es malo para los migrantes: tienen esta opción tras el fin del TPS

Luego de la determinación de la Corte Suprema de Estados Unidos, el Secretario de Estado, Marco Rubio, anunció el pasado miércoles 21 de mayo que miles de venezolanos que perderán el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) pueden solicitar asilo en el país norteamericano.

Más de 500.000 migrantes quedaron en riesgo de deportación frente a la contundente decisión de la Corte Suprema estadounidense. A partir del fallo judicial, los migrantes que solicitaron el beneficio bajo este programa en 2021 podrán mantener sus permisos de trabajo y protecciones contra la deportación hasta septiembre, en tanto aquellos que lo hicieron en 2023 verán revocados sus permisos la próxima semana.

En este caótico panorama, Rubio se refirió a las opciones que tienen los migrantes para permanecer en el país. "Ahora, las personas que han recibido el TPS solicitarán el proceso de asilo. Y creo que muchas de ellas, si no la mayoría, tendrán solicitudes de asilo muy creíbles", expresó durante una audiencia en la Cámara de Representantes, según informó el Nuevo Herald.

Aunque durante su etapa como senador fue un férreo defensor del TPS, Rubio acusó a la administración del expresidente Joe Biden de otorgar permisos de manera indiscriminada, provocando una situación insostenible para el gobierno de Estados Unidos.

Las otras alternativas para los migrantes tras el fin del TPS en EE. UU.

Una alternativa para los migrantes con TPS a punto de finalizar puede implicar un ajuste de estatus. Si la situación del migrante cambió desde que fue aceptado en Estados Unidos y se casó con alguien que tiene residencia o ciudadanía, podría solicitar una residencia permanente, también conocida como green card.

La segunda opción no atañe a todos los migrantes, pero puede ser una alternativa factible para ciertas personas. Si fue víctima de un crimen, podría iniciar el trámite de la visa U, la cual corresponde a un estatus no inmigrante reservado para proteger víctimas de actos criminales en el país.