Manifestantes provocaron un incendio en las instalaciones de campo petrolero de Frontera Energy en el Meta

Un grupo de personas ingresó de forma ilegal al campo Quifa, que tiene la compañía Frontera Energy en jurisdicción de la vereda Puerto Triunfo de Puerto Gaitán (Meta) y ocasionó un incendio en las instalaciones del clúster 242. 

Además, los manifestantes ocasionaron daños en la vía que conduce de Puerto Gaitán hacia a los campos de operación de las empresas Ecopetrol, Frontera Energy y Tecpetrol.

Estos hechos han generado restricciones en el acceso a las instalaciones operativas, lo que impacta el desarrollo normal de las actividades productivas y pone en riesgo la seguridad de los trabajadores y las comunidades.

“Estos hechos son acciones deliberadas y criminales que vulneran el orden público, ponen en riesgo la vida de las personas y afectan gravemente el desarrollo regional. Este tipo de actos deben diferenciarse con claridad del ejercicio de protesta social y de expresiones ciudadanas pacíficas”, aseguró la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP).

Entre tanto, la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios de Petróleo, Gas y Energía (Campetrol) es esencial garantizar condiciones que permitan la continuidad de las operaciones en un entorno seguro y respetuoso de los derechos de todos los actores involucrados.

Según comentó Frontera Energy, las inconformidades de estas personas responden a dinámicas ajenas a las operaciones de la compañía en la zona.

Desde el pasado 6 de mayo se han registrado acciones ilegales en la zona, como bloqueos de vías, ataques a la Fuerza Pública y afectaciones directas a las operaciones, con consecuencias negativas para la cotidianidad de las comunidades, el empleo local, la inversión social y el bienestar colectivo. 

“La ACP expresa solidaridad con las comunidades, los trabajadores y las empresas que hoy enfrentan esta crisis de seguridad; insiste en el diálogo como vía legítima para construir soluciones, y hace un llamado respetuoso, pero enfático, a las autoridades competentes para que actúen con celeridad y determinación”, dijo el gremio. 

Situaciones similares se han presentado en departamentos como Sucre y Arauca, lo que evidencia un deterioro preocupante en las condiciones de seguridad y orden público en varias regiones del país. 

“Esta situación exige una atención urgente y articulada por parte del Gobierno Nacional y de las autoridades competentes”, pidió la ACP.

La Unión de Trabajadores de la Industria Petrolera y Energética de Colombia (Utipec) también manifestó su preocupación por el incremento de los actos vandálicos que están caracterizando los bloqueos. 

Los manifestantes están protagonizando la toma y quema de instalaciones asociadas a la industria, la incineración de vehículos de la fuerza pública y daños a la vía, de los cuales no se puede descartar la participación de grupos al margen de la ley. 

Los bloqueos en las vías hacen que la operación de las empresas sea limitada en el tiempo porque no cuentan con los recursos técnicos esenciales y logísticos que se requieren para una operación normal, poniendo en grave riesgo la continuidad de aproximadamente 10.000 empleos.

“El incremento de la conflictividad social en el territorio, que se viene expresando con acciones cada vez más violentas, está afectando gravemente a las mismas comunidades y amenazando la continuidad de muchos de los empleos, porque las empresas reducen sus actividades, suspenden contratos de trabajo y dejan de demandar contratación de mano de obra calificada y no calificada”, manifestó Utipec.