Los riesgos que tiene el Gobierno para mantener el nivel de déficit fiscal y de deuda

Si bien la economía muestra una leve recuperación tras la desaceleración del 2023, el déficit fiscal se mantiene elevado y el nivel de deuda pública alto por lo que el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) asegura que el Gobierno tendrá que hacer un esfuerzo tanto en materia de ingresos como de gastos si quiere mantener la sostenibilidad.

“Las perspectivas fiscales del Gobierno Nacional Central para el 2024 y el 2025 se ven afectadas por la incertidumbre en los ingresos y las presiones de gasto, lo que genera un riesgo sobre el cumplimiento de la Regla Fiscal y la sostenibilidad de la deuda”, asegura el organismo independiente en un informe que presentó al Congreso.

En el reporte dice que encuentra riesgos en las proyecciones de ingresos de 2024 y 2025 debido a la menor dinámica del recaudo tributario y a la alta expectativa del Gobierno sobre los resultados de gestión de la Dian.

Señala que entre el 2019 y el 2023 las finanzas públicas se vieron afectadas por eventos externos como la pandemia del covid-19 y el choque inflacionario global y que pese a que se adoptaron medidas como las últimas dos reformas tributarias (una del presidente Iván Duque y otra de Gustavo Petro) la situación fiscal aún presenta retos importantes.

De acuerdo con las proyecciones del Ministerio de Hacienda, el Gobierno presentaría una reducción anual de los ingresos en el 2024 (-1,7 pp del PIB) y el déficit total aumentaría de 4,3 a 5,6 por ciento del PIB.

Incluso, el Carf estima que el recaudo podría ser inferior en 5,7 billones de pesos a lo proyectado por el Gobierno en el 2024 y para el 2025 dependerá de si se aprueba o no una reforma tributaria y las metas de recaudo de la Dian.

Por otro lado, asegura que el gasto total ha mostrado una tendencia al alza al alcanzar un 23,1 por ciento del PIB en el 2023. Según explica, esta situación se da por un aumento en el presupuesto del gasto de funcionamiento, las presiones generadas por la indexación de algunos rubros al salario mínimo y la inflación y el aumento en el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc).

“Las inflexibilidades presupuestales, derivadas de disposiciones constitucionales, leyes, fallos judiciales, obligaciones financieras y contractuales y gastos sociales, limitan la capacidad del Gobierno para modificar el gasto”, resalta.

Adicional a ello, señala que medidas como el congelamiento de peajes y la dificultad de aumentar el precio del ACPM derivan en presiones de gasto que restringen la capacidad de inversión del Gobierno.

Respecto a la deuda neta dice que aunque ha venido disminuyendo por debajo del ancla del 55 por ciento del PIB se mantiene por encima de los niveles prepandemia. De momento, el Gobierno proyecta que aumente de 53,8 por ciento del PIB en 2023 a 55,3 por ciento al cierre de 2024.

“De materializarse los riesgos se requerirían ajustes en otros rubros de gasto de funcionamiento e inversión para cumplir con las metas de la Regla Fiscal”, asegura el Carf, que preside Astrid Martínez Ortiz.

¿Qué hacer?

En materia de ingresos, el Carf dice que resulta fundamental fortalecer la Dian para obtener un mayor recaudo. Entre otros, menciona la incorporación de personal, la modernización tecnológica y realizar estrategias para combatir la evasión y elusión.

Del lado de los gastos, señala que es fundamental controlar el crecimiento de los de funcionamiento, especialmente aquellos que presentan una alta inflexibilidad.

Para el 2025, dice que hay presiones adicionales por el aumento de los gastos en salud, los asociados a la reforma pensional, en particular en la inclusión de los componentes del pilar solidario y semicontributivo, y la necesidad de atender el déficit del Fepc generado en el 2024.

“Si bien las inflexibilidades requieren de reformas estructurales, como cambios a la constitución o a la ley, se deben evaluar alternativas del tipo de iniciativas normativas que permitan controlar el impacto fiscal de las indexaciones al salario mínimo y la inflación”, sentencia.

Estas medidas, según el organismo, podrían permitir al Gobierno transitar hacia un escenario fiscal más sostenible, con una menor carga de deuda y una mayor capacidad para financiar la inversión y el desarrollo social.