Los riesgos que alertan expertos de la reforma que les dará más plata a las regiones

A pesar de las alertas de los últimos meses, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó anoche el octavo y último debate de la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones (SGP), que le aumentará de manera gradual los recursos que el Gobierno central le gira cada año a las regiones del actual 23,8 por ciento a un 39,5 por ciento en un periodo de 12 años.

Sin embargo, esta no entrará a regir de inmediato debido a que está supeditada a la elaboración de una ley de competencias que buscará dar nuevas obligaciones a los entes territoriales y eliminar las entidades duplicadas. Pese a que en la última ponencia se establecía que estaría lista en 6 meses, el acuerdo de ayer fue que se demorarían un año en sacarla adelante.

Si bien el proyecto de acto legislativo ha sido aplaudido tanto por los departamentos como por los municipios debido a que les permitirá tener mayor autonomía financiera para financiar servicios como la educación, la salud, el agua potable y el saneamiento básico, diferentes expertos siguen advirtiendo del impacto fiscal que tendría este cambio.

Para Luis Fernando Mejía, director del centro de pensamiento Fedesarrollo, los riesgos fiscales siguen siendo los mismos porque el proyecto establece aumentar la participación de las transferencias a las entidades territoriales al 39,5 por ciento, una cifra que sería insostenible.

“Un aumento gradual del 2,1 por ciento en los gastos del Gobierno ampliaría progresivamente el déficit presupuestario, alcanzando el 5,4 por ciento del PIB-frente al 3,3 por ciento en el escenario base. Mientras tanto, la deuda pública, en lugar de estabilizarse alrededor del 55 por ciento del PIB a mediano plazo, aumentaría aproximadamente al 68 por ciento, acercándose al límite de la regla fiscal del 71 por ciento del PIB”, dijo Mejía en una columna de EL TIEMPO.

El exministro de Hacienda y actual rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo, señala que hubo avances positivos en el debate como el de establecer que el aumento de los recursos a las regiones deberá cumplir con el Marco Fiscal de Mediano Plazo y la Regla Fiscal; sin embargo, sigue pensando que se trata de una propuesta “irresponsable”.

“Definir un porcentaje sin previamente saber si responde a una redefinición de las competencias porque no se sabe hoy cuáles se van a asignar a los entes territoriales y tampoco cómo va a ser la disminución del tamaño del Estado es irresponsable. Como ya quedó aprobado se requerirá de una gran dosis de pedagogía y de carpintería de detalle con la nueva ley”, manifestó.

Adicional a ello, recordó hay dudas sobre si este acto legislativo es constitucional o no debido a que no cuenta con aval fiscal del Ministerio de Hacienda, por lo que habrá que esperar a que se pronuncie la Corte. 

Más riesgos de la reforma al SGP

En las últimas semanas, han asegurado que la reforma es inconveniente desde economistas del Banco de la República hasta el Comité Autónomo de la Regla Fiscal.

“Sin reducciones equivalentes en el gasto del Gobierno, este proyecto generaría un incremento permanente del déficit fiscal y de la deuda pública hasta un nivel cercano al 83 por ciento del PIB, superando en casi 28 puntos la proyección en un escenario sin reforma”, se puede leer en un informe publicado hace un par de semanas por investigadores del Banco de la República.

Incluso, hace unas semanas varios exministros firmaron una carta en la que advertían sobre la inconveniencia de sacar adelante este proyecto en el Congreso dada la ya existente inflexibilidad que enfrenta el Presupuesto General de la Nación.

“Según el proyecto de presupuesto para el próximo año, los recursos presupuestados que ya se encuentran comprometidos llegan a 362,4 billones de pesos, incluyendo el Sistema General de Participaciones, de los 523 billones de pesos totales. El proyecto de acto legislativo agravaría la situación”, señalaron.

También un grupo de 100 expertos y líderes de opinión le enviaron una carta al Congreso y a los ministros del Interior y de Hacienda, Juan Fernando Cristo y Ricardo Bonilla.

“Se le causaría un daño irreparable a las finanzas públicas y se afectaría severamente la capacidad del Estado de cumplir con sus funciones”, se puede leer en la misiva firmada por personas como Felipe Bayón, Mauricio Cárdenas, Rosario Córdoba, María Mercedes Cuéllar, Carolina Soto, Simón Gaviria, Rudolf Hommes y María Fernanda Suárez, entre otros.