Los primeros predios a los que les llegará en junio el cobro de valorización por la vía Cartagena - Barranquilla

Desde hace varios meses se viene anunciando que el Gobierno Nacional les cobrará un impuesto de valorización a los propietarios de predios que se han visto beneficiados por el nuevo corredor vial entre Cartagena y Barranquilla.

Este cobro está cerca de convertirse en una realidad, pues en junio de este año el Instituto Nacional de Vías (Invías) comenzará a emitir las primeras liquidaciones de este impuesto y entregará las respectivas cuentas de cobro a los propietarios de 147.744 predios.

El corredor vial Cartagena-Barranquilla entró en operación en diciembre del 2021 y logró mejorar el acceso a las dos ciudades con mayor desarrollo urbanístico y turístico de la región Caribe.

Según pudo establecer EL TIEMPO, el cobro de este impuesto se llevará a cabo de manera gradual, a través de la conformación de cinco grupos correspondientes a los 10 municipios de la zona de influencia de esta vía.

En ese sentido, a finales de junio les llegarán las primeras liquidaciones a 10.868 predios de los municipios de Santa Catalina (Bolívar), Piojó, Tubará y Juan de Acosta (Atlántico). A mediados de julio será el turno para 46.305 predios de la ciudad de Cartagena.

Entre tanto, a mitad de agosto se tiene previsto comenzar a entregar las liquidaciones a propietarios de 19.363 predios que están ubicados en los municipios de Galapa Malambo y Soledad, en el departamento del Atlántico.

Después, a mediados de septiembre, será el turno para 51.845 predios de la ciudad de Barranquilla, mientras que a finales de octubre les llegarán liquidaciones de este impuesto de valorización a 19.363 predios de Puerto Colombia (Atlántico).

Con estos cobros, el Invías espera recaudar 1,23 billones de pesos que se usarán para financiar obras de interés público que se requieren en diferentes zonas de Colombia.

De acuerdo con el Ministerio de Transporte, la financiación de obras a través del impuesto de valorización “no solo genera impacto positivo en el crecimiento económico del país, sino que genera beneficios económicos y sociales para las regiones en donde el Gobierno ha decidido adelantar este tipo de obras”.

Las cuentas de cobro que llegarán tendrán especificadas la cuantía a pagar y las opciones que se tendrán para pagar este nuevo impuesto. Los propietarios de los predios contarán con un plazo de cinco años para pagarlo.

Para esto, el Invías contratará a una empresa que se encargue del proceso de impresión, distribución y notificación de los actos administrativos de liquidación individual.

Además, se contratará a una empresa para que preste servicios relacionados con la confirmación, ajuste o desarrollo de nuevos avalúos comerciales que puedan surgir del proceso de interposición de recursos de reposición.

También se deberá contratar el personal jurídico para atender los requerimientos relacionados con los recursos de reposición y otro tipo de reclamaciones derivadas del proceso.

Igualmente, hace falta una herramienta tecnológica para hacer el fechado y numerado del acto administrativo de liquidación individual, notificación, reclamaciones, pago, cobro, liquidación y cálculo de la deuda, paz y salvo y estados de cuenta, entre otras actividades propias del proceso.

¿A qué otras vías se les aplicará el impuesto de valorización?

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) se encuentra adelantando la evaluación de los diferentes proyectos que tiene a su cargo y a través de criterios técnicos definirá a cuáles les aplicará este impuesto de valorización.

Una vez haya identificado esos corredores viales, la entidad deberá presentarlos al Comité de Priorización y Calificación de la Contribución Nacional de Valorización del sector transporte para su calificación.

No obstante, el año pasado el Ministerio de Transporte aseguró que el cobro de valorización se le podría aplicar a los proyectos Autopistas al Mar 1 y 2, además de las Autopistas Conexión Pacífico 1, 2 y 3.

De acuerdo con la regulación vigente, este impuesto de valorización se puede aplicar antes, durante y hasta cinco años después del inicio de la operación del proyecto vial.

Estimaciones del Gobierno Nacional indican que el cobro de este impuesto tiene un potencial de recaudo de hasta 20 billones de pesos, que se deberán invertir solo en nuevos proyectos de infraestructura.