Minas y energía, y los otros sectores más afectados por adelanto de autorretención

La decisión del Ministerio de Hacienda de elevar las tarifas de retención en la fuente puso en alerta a varios sectores en Colombia. Distintos gremios y expertos señalan que la disponibilidad de caja de las empresas se vería fuertemente afectada durante este año.

Para César Pabón, director de investigaciones económicas de Corficolombiana, esta decisión no resuelve el problema fiscal que atraviesa el país. Por el contrario, podría agravarlo al deteriorar la posición fiscal para 2026 y afectar la actividad económica en el corto plazo.

Entre tanto, el presidente de Anif, José Ignacio López, no entiende cuál fue la justificación jurídica o económica para decretar este aumento en las retenciones, el cual se dio “sin que haya habido un aumento de impuestos”.

Estas nuevas tarifas de retención en la fuente se aplicarán a partir del 1.° de junio y uno de los sectores más afectados será el minero. Por ejemplo, para la extracción de carbón, oro y metales preciosos la nueva tarifa será del 4,50 por ciento.

El presidente ejecutivo de Fenalcarbón, Carlos Cante, rechazó esta medida porque “atrapará la caja de las empresas para financiar los gastos desbordados del Estado”, al tiempo que recordó que el sector ya había enfrentado un incremento el año pasado. “En 2024 pasó del 1,60 al 2,20 por ciento, lo cual generó que le estemos haciendo reclamaciones por devolución de impuestos no generados a la Dian por más de 10 billones de pesos entre enero y abril de este año”, dijo.

Ahora, el incremento de la tarifa del 2,20 al 4,50 por ciento podría acabar con la competitividad de las empresas, pues no se estaría teniendo en cuenta las variables económicas del sector, las cuales reflejan un comportamiento negativo en los precios, producción y exportación de carbón.

Según la Asociación Colombiana de Minería (ACM), en lo corrido de 2025 el precio internacional del carbón ha caído un 11 por ciento frente a 2024, mientras que los costos operativos, como mano de obra, energía y transporte, continúan al alza. Esta situación ha llevado a que muchas empresas proyecten pérdidas operativas al cierre del año, agravadas por la creación reciente de un impuesto del 1 por ciento a las exportaciones de carbón, el cual ha deteriorado los márgenes financieros del sector.

“Nos sorprende que se adopten medidas de esta magnitud sin un análisis técnico riguroso del contexto actual de las industrias afectadas. Esta decisión no solo golpea la competitividad del sector minero, sino que amenaza con debilitar el tejido empresarial nacional en un momento económico complejo para el país”, señaló Juan Camilo Nariño, presidente de ACM.

En cuando a la extracción de oro, la tarifa de 4,50 por ciento sería una nueva barrera para la formalización de pequeños y medianos productores. “El déficit fiscal no puede resolverse debilitando los sectores que generan empleo, inversión y desarrollo en las regiones. Este tipo de decisiones puede frenar la inversión extranjera, promover la ilegalidad y comprometer la estabilidad económica del país”, agregó.

Otro sector que se verá fuertemente afectado será el del gas natural, pues las empresas productoras también tendrán que asumir una tarifa de 4,50 por ciento. Se está más que duplicando frente al 1,80 por ciento de antes. “No tiene sentido gravar con un porcentaje mayor de autorretención a las empresas cuando el gas natural es el combustible de la transición energética. Tenemos que hacer un alto en el camino, aceptar que esto no va bien, corregir y cambiar de rumbo”, aseguró Frank Pearl, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP).

La generación y comercialización de energía eléctrica también deberán asumir una tarifa del 4,50 por ciento, al igual que la captación, tratamiento y distribución de agua; la evacuación y tratamiento de aguas residuales; y la recolección de desechos no peligrosos. “Es inoportuno e inconveniente implementar un aumento en las retenciones, pues esta decisión no puede tomarse vía decreto sin el debido debate democrático que exige una reforma estructural de las finanzas públicas”, según Andeg.

También, el exdirector de la Dian, Lisandro Junco, alertó que se afectará al 90 por ciento de las microempresas, porque la base mínima de retención se bajó de cuatro a dos UVT. Esto significa que a todo pago de un servicio que sea mayor a 94.130 pesos se le debe aplicar una retención.

Y aunque la ley ha definido que las iglesias, los sindicatos y los partidos políticos no pagan impuesto de renta en Colombia, el Ministerio de Hacienda ahora establece que pagarán un 3,50 por ciento a través de la retención en la fuente. “Es una reforma tributaria sin que se haya discutido en el Congreso. Sacaron un decreto que le expropia la caja a los empresarios, a través de anticipos de renta y retenciones en la fuente absurdas”, afirmó Junco.

Adicionalmente, lo establecido en el Decreto 0572 hará que se encarezcan los alimentos. Según explicó el exdirector de la Dian, la inflación alimentaria puede verse afectada indirectamente por un aumento de costos en el sector agrícola, pues varias tarifas se triplicarán al pasar de 0,40 a 1,20 por ciento. Actividades como cultivo de frutas, cereales, y ganadería enfrentarán una tarifa de 1,20 por ciento. Esto reduciría el flujo de caja de los productores, quienes podrían trasladar estos costos a los precios de alimentos básicos como el arroz, plátano o carne.

El comercio minorista de productos agrícolas, lácteos, carnes, y otros alimentos también tendrán una tarifa de 1,20 por ciento. Por lo tanto, los tenderos y mercados, que operan con márgenes bajos, podrían aumentar los precios para compensar la retención anticipada.

Entre tanto, la elaboración de productos lácteos, panadería, y azúcar asumirán tarifas de 0,55 por ciento o 1,20 por ciento. El aumento de costos en estas industrias puede trasladarse a productos procesados como la leche o el pan. Mientras que el transporte de carga tendrá una tarifa de 3,50 por ciento, lo que eleva los costos logísticos de los alimentos, especialmente en regiones remotas.

A esto se suma la construcción de edificios residenciales, ya que la tarifa de retención en la fuente aumentará de 1,1 a 3,5 por ciento. “El nuevo decreto de retención en la fuente es una reforma tributaria disfrazada. Obliga a los empresarios a pagar impuestos sobre ingresos que aún no han recibido, afectando caja, empleo y reactivación”, señaló Camacol.

Además, manifestó que este tipo de medidas genera más incertidumbre en momentos donde se requiere impulsar la inversión y el empleo.

ECONOMÍA

REDACCIÓN EL TIEMPO