Los peligros de ser defensora de Derechos Humanos en Colombia: 763 amenazas registradas en 2023

Hoy se celebra el Día Internacional de las Defensoras de Derechos Humanos una labor de admirar pero que enfrenta un nivel alto de riesgo, pues la situación que vive cada una de estas mujeres en el país es alarmante por cuenta de las constantes amenazas, persecuciones y asesinatos.

En Colombia, durante 2023 se verificaron 105 homicidios de personas defensoras de Derechos Humanos, de los cuales 14 eran mujeres, además de 763 casos de amenazas, 186 fueron contra mujeres y 26 casos evidenciaron clara violencia de género, según datos de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).

Las zonas más letales del país para las lideresas

Además de enfrentar constantes intimidaciones por cuenta de los actores armados que hay en Colombia, también, en algunas ocasiones, deben luchar contra un sistema que las discrimina por ser mujeres.

Cifras de la Defensoría del Pueblo revelan que, de 181 homicidios de líderes y lideresas, 21de las víctimas son mujeres, siendo los liderazgos comunales, indígenas, comunitarios y campesinos, los más vulnerados.

Esto convierte a Colombia en el país más peligroso del mundo para la defensa de la tierra y el medio ambiente. En 2023, 196 personas defensoras medioambientales fueron asesinados en el mundo por ejercer su derecho a proteger sus tierras y comunidades, según el informe Global Witness. 40 por ciento de esos asesinatos ocurrieron en Colombia.

Las zonas más letales del país para ser lideresa están ubicadas en los departamentos de Cauca, Nariño, Chocó y Antioquia.

¿Qué se está haciendo para combatir la crisis?

Nils Martin Gunneng, embajador de Noruega en Colombia.

Foto:Archivo particular

Como respuesta a esta crisis que enfrentan más de 8 mil defensoras en el territorio nacional se creó la iniciativa ProDefensoras que nació de una alianza entre ONU Mujeres y la Embajada de Noruega, en articulación con la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio del Interior y el Ministerio para la Igualdad.

Sobre esta iniciativa, el embajador de Noruega en Colombia, Nils Martin Gunneng, aseveró que “defender derechos humanos en los territorios significa proteger la vida, el agua, la naturaleza y construir paz desde las comunidades. Las mujeres defensoras desempeñan un papel fundamental en la protección de los derechos humanos de todas las personas, especialmente en situaciones de conflicto. Desde hace algunos años, y particularmente a través de ProDefensoras, hemos visto cómo -en medio de difíciles situaciones de violencia y estigmatización- las experiencias y saberes de las organizaciones de mujeres han sido la base para sus estrategias de autoprotección y protección colectiva; y cómo cada vez más el autocuidado emocional y su salud mental son un prerrequisito para la sostenibilidad de su labor de defensa”.

Mujeres defensoras de Derechos de los departamentos más afectados participan en este programa que no solo las beneficia a ellas, sino que también a mujeres firmantes de paz, indígenas, afrodescendientes, LGTBIQ, feministas, campesinas y jóvenes; quienes defienden los derechos de las víctimas, del territorio y del medio ambiente y que en esta tarea no se ponga riesgo sus vidas.

“Con un enfoque psicosocial y diferencial, hemos diseñado espacios seguros de autocuidado y bienestar emocional, reconociendo que su labor está marcada por altos niveles de riesgo y estigmatización. Además, brindamos herramientas prácticas y estratégicas para la prevención y protección, como el desarrollo de planes de autoprotección, gestión de riesgos y fortalecimiento organizacional”, aseguró Karine Ramírez lideresa de Chocó.

Las políticas públicas

En Colombia existen algunas políticas públicas para la protección de las defensoras como el Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras (PIGMLD), el Plan Nacional de Acción 1325 y el Acuerdo de Escazú. Sin embargo, no están siendo efectivas.

“Se debe todavía seguir uniendo esfuerzos para que esos programas lleguen a la vida territorial de las lideresas porque a veces no hay suficiente información, difusión, acompañamiento. Todavía en los municipios no se habla de una política pública “, señaló Catalina Jaramillo defensora de Antioquia.

Por su parte, Ramírez aseveró: “Las políticas públicas no funcionan adecuadamente porque no se les asignan suficientes recursos para su implementación. Además, dependen de la voluntad política de los gobiernos, y aunque a nivel nacional se generen políticas, la gestión en los territorios suele ser deficiente”.

La representante país de ONU Mujeres en Colombia, Bibiana Aido, indicó que “las defensoras de derechos humanos enfrentan un doble riesgo en su misión: además de los peligros inherentes a su trabajo, deben lidiar con la discriminación y los estereotipos de género que persisten en nuestra sociedad. La política pública existente que funciona para su protección debe aplicarse efectivamente para pasar del papel a la acción. Desde ProDefensoras seguiremos sumando esfuerzos con el Gobierno Nacional para que sus liderazgos no les cuesten la vida”. 

MARÍA ALEJANDRA GONZÁLEZ DUARTE

Redacción Política