Los Ochoa: la familia que se resiste al despojo de un predio de 7 hectáreas en Barranquilla

hace 6 días 18

Barranquilla y su área metropolitana se han convertido en epicentro de una ola de despojo de tierras de alto valor, una problemática que afecta tanto a ricos como a pobres, e incluso al propio Estado. Nadie está exento de que, en cualquier momento, aparezcan desconocidos reclamando la titularidad de terrenos que no les pertenecen.

Esta situación no es nueva. Las denuncias en medios de comunicación, las demandas y los procesos judiciales en juzgados y altas cortes lo confirman. La reciente captura de 17 personas —entre ellas nueve funcionarios públicos—, integrantes de una red dedicada al robo de tierras en Soledad y Barranquilla, evidencia que este flagelo sigue vigente en el Atlántico.

Se trata de organizaciones criminales especializadas en sofisticadas artimañas para despojar a los legítimos propietarios. Como se ha documentado en investigaciones periodísticas, el modus operandi inicia con la invasión física del predio, seguida de la construcción exprés de edificaciones improvisadas para simular posesión. Paralelamente, se realizan registros notariales con testigos falsos que avalan la supuesta propiedad del invasor.

El abogado Alfonso Camerano explicó que en estas maniobras participan abogados, peritos, querellantes y testigos que facilitan la obtención fraudulenta de documentos de dominio y posesión. Además, se involucran empleados de notarías, policías, inspectores corruptos, jueces y funcionarios judiciales, quienes actúan con impunidad, ya sea por ignorancia o corrupción.

Encontramos una connivencia entre algunos funcionarios de la Rama Judicial, de Instrumentos Públicos, inspectores de policía, notarios… toda una organización dedicada a tomarse tierras privadas o del Estado y luego venderlas ilegalmente, afectando a ciudadanos de bien

margarita cabelloEx Procuradora General de la Nación

En 2023, la Procuraduría General de la Nación realizó una audiencia pública en Barranquilla para recibir denuncias sobre el robo de tierras. En ese momento, se confirmaron 17 investigaciones por invasiones en Puerto Colombia, Soledad, Malambo y la capital del Atlántico.

“Encontramos una connivencia entre algunos funcionarios de la Rama Judicial, de Instrumentos Públicos, inspectores de policía, notarios… toda una organización dedicada a tomarse tierras privadas o del Estado y luego venderlas ilegalmente, afectando a ciudadanos de bien”, advirtió la entonces procuradora Margarita Cabello.

La batalla de los Ochoa

En el sur de Barranquilla, frente a la Circunvalar y junto al conjunto residencial Caribe Verde, se encuentra el terreno San Marcos: siete hectáreas avaluadas en 40 mil millones de pesos, propiedad de la familia Ochoa desde hace 40 años y representada legalmente por Sonia Chaín de Ochoa.

La familia constituyó la sociedad Inos SAS, integrada por Chaín y sus cinco hijos, entre ellos el constructor Édgar Chaín Ochoa. Desde 2012, el predio está en fiducia de parqueo a nombre de Acción Fiduciaria SA, con el objetivo de desarrollar un proyecto de vivienda.

El calvario de los Ochoa comenzó en 2016, cuando en al menos cuatro ocasiones intentaron despojarlos de la propiedad mediante demandas por un supuesto proceso de sucesión, en el que aparecieron cuatro personas reclamando la titularidad del predio a nombre de Acción Fiduciaria SA. Según el abogado Said Muvdi, se utilizó un folio de matrícula fraudulento, creado desde la Oficina de Registro Público de Barranquilla. En el caso estarían involucrados notarios, personal del IGAC, jueces e inspectores de policía, todos denunciados ante la Fiscalía.

En cuatro ocasiones, los fallos judiciales favorecieron a los Ochoa, pero una quinta acción mantiene el proceso enredado. Édgar Ochoa Chaín solicitó a la Curaduría la licencia para un proyecto de 1.272 apartamentos y 20.000 metros cuadrados de construcción, iniciando obras en 2019. Durante dos años avanzó en la instalación de redes, bases y cimientos, y construyó el apartamento modelo. Sin embargo, el 21 de octubre de 2021 fue desalojado por orden judicial, en cumplimiento de tutelas.

“El demandante reconoce que no tiene la posesión del predio, pero pide que se lo adjudiquen”, señala Muvdi, quien advierte que las pérdidas económicas son incalculables: “Bloquearon el predio, nadie quería financiar el proyecto, y desde 2019 el terreno sigue en litigio”.

El caso de los Ochoa es apenas un ejemplo de una problemática estructural que afecta el desarrollo urbano y la seguridad jurídica en Barranquilla y su área metropolitana, donde la corrupción y el crimen organizado continúan amenazando la propiedad privada y los proyectos sociales.