Los escenarios políticos y jurídicos que le esperan a la consulta popular

En medio de una escalada de la polarización, que está en uno de sus puntos más intensos de los últimos años, el 1. º de mayo, el presidente Gustavo Petro radicará en el Senado la consulta popular con la que se busca revivir la reforma laboral que se hundió en el Congreso.

Mientras que el Ejecutivo insiste en que se trata de una reivindicación de los derechos de los trabajadores, sectores de oposición e independientes ven el mecanismo como una movida directamente relacionada con las elecciones de 2026.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, dio papaya –término que él ha usado– el viernes, cuando afirmó que estaba en juego una “mini reelección” del presidente Gustavo Petro, aunque luego aclaró que no estaba hablando de “mini reelección en el sentido de reelección, sino de ese anhelo de que las reformas sociales continúen gracias a la voluntad del pueblo de hacerse escuchar”.

Precisamente, declaraciones como esas, más allá de la aclaración, son las que prenden las alarmas sobre la inconveniencia de tramitar ese mecanismo, que además le costará al país 700.000 millones de pesos en un año preelectoral.

“Para el gobierno de Gustavo Petro, la consulta popular es el estartazo que prende los motores de su campaña presidencial”, insistió el analista Jairo Libreros, docente del Externado.

No solo son los opositores; también voces como la propia Iglesia católica, tan mencionada por estos días a propósito de la muerte del papa Francisco, alertan sobre la inconveniencia del mecanismo.

“No me parece prudente realizarla en medio de un ambiente preelectoral. La proximidad de las elecciones y la realización de la consulta popular pueden restarle seriedad y visión de país tanto a la consulta como a las elecciones. Nos exponemos a una mezcla poco sana. Debemos explorar caminos constitucionales libres de utilizaciones y más bien conducentes a construir respuestas justas”, insistió el cardenal Luis José Rueda Aparicio, cabeza de la jerarquía eclesiástica de Colombia, en entrevista con Yamid Amat para EL TIEMPO.

Y es que el país, han advertido desde varios sectores, está ad portas de una nueva división entre el sí y el no, tal y como sucedió hace nueve años con el plebiscito por la paz, del que todavía se sienten algunos coletazos de la polarización que representó para la nación.

Precisamente, el discurso de los dirigentes, empezando por el propio Presidente, se ha endurecido específicamente contra el Congreso y su presidente, el senador conservador Efraín Cepeda.

El jueves, en un acalorado discurso en Soledad, Atlántico, donde lanzó los ‘comités por el sí’ de la consulta popular, aseveró que la cabeza del Legislativo era un “hp”.

Esa declaración fue rechazada ampliamente por las distintas fuerzas políticas, que hicieron un llamado al respeto por la separación de poderes y a la dignidad que ostenta Gustavo Petro.

Los señalamientos al Congreso por parte del oficialismo se han intensificado, teniendo en cuenta que será el Senado el que decida si da vía libre para que los colombianos salgan a las urnas o si el presidente Petro y sus aliados deberán buscar un mecanismo diferente para promover su reforma laboral.

Así como es totalmente constitucional que el Presidente presente una consulta popular, también lo es que el Senado niegue darle luz verde a esta.

En el Congreso han tomado fuerza dos opciones para evitar que el país vaya a la consulta popular, ante los múltiples riesgos que esto representa, y a la vez promover los derechos laborales.

En ese sentido, el Partido Liberal presentó su propia reforma laboral, en la que plantea recargo dominical y festivo al 100 por ciento y pago nocturno desde las 7 p. m. Dos puntos de la consulta, con una diferencia de una hora en el horario de las nocturnas. Hay consenso entre empresarios y diversos sectores para apoyarla.

La otra opción es revivir la reforma laboral que se hundió, pero depurarla y dejar netamente los derechos individuales. Si bien es complejo, la puerta no está cerrada.

Pero Libreros no ve que esto sea posible, ya que en ambos casos debe haber concertación con el Ejecutivo. De hecho, no ve que haya la posibilidad de concertar, lo que nos llevaría a un escenario incierto, ya que ningún sector en el Congreso tiene los votos para imponerse.

“Hoy día en la Casa de Nariño no hay espacio para los consensos ni mesa para un acuerdo nacional. La suerte está echada. Y lo sabe la oposición política, que utilizará el proyecto de ley de reforma laboral del Partido Liberal para hacerle contrapeso a la consulta petrista, de la mano con un eventual hundimiento de la reforma de la salud”, añadió el analista Libreros.

Benedetti, sin embargo, insiste en que tanto la reforma liberal como la consulta se pueden tramitar. No se le puede negar el derecho al pueblo a expresarse, insistió el jefe de la cartera política.

Dudas jurídicas

Más allá del debate político, hay serias dudas jurídicas. Por ejemplo, con la instalación de los ‘comités del sí’, ya que la Ley Estatutaria 1757 de 2015 indica que solo se puede hacer campaña una vez haya un decreto de convocatoria.

Asimismo, hay serias dudas sobre la formulación de las preguntas y su legalidad. Ya en la Corte Constitucional se prendieron las alarmas, pues si el Senado da vía libre, es muy probable que haya una demanda y sea el alto tribunal el que termine estudiándolas.

“Hemos caído en el error de mezclar temas que son de uno y del otro. Por ejemplo, si una pregunta tiene alcances normativos, es decir, que implica adoptar una norma o cambiarla, esto se debe hacer a través de un referendo”, dijo una fuente del alto tribunal, que prefiere reservar su identidad para evitar ser recusada.

Mientras que el exmagistrado Alejandro Linares señala que la consulta no fue convocada para que “el electorado libre escoja entre unas opciones igualmente válidas, sino que lo que propone es una convocatoria para que el electorado respalde aquello que el Gobierno ha impulsado con toda la energía y piensa seguir impulsando, empleando para ello, de manera abusiva, todos los recursos del Estado”.

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MATEO GARCÍA AGUDELO 

Subeditor política