Los escándalos que salpican la administración de Daniel Quintero en Medellín: 20 exfuncionarios han sido imputados

Luego de la prematura finalización de la gestión de Daniel Quintero al frente de la Alcaldía de Medellín, poco a poco y con el pasar del tiempo, empezaron a destaparse irregularidades en diferentes dependencias de la administración distrital de la ciudad, episodios que, como factor común, fueron protagonizados por funcionarios del gabinete de Quintero.

Sobre noviembre de 2023, la Fiscalía General de la Nación, dio a conocer los primeros hallazgos juzgables de las irregularidades en la administración Quintero. Cuatro casos de presunta corrupción dentro de la Alcaldía de Medellín, que involucraban a particulares y entonces funcionarios del exalcalde de la ciudad.

En un primer momento, el ente acusador solicitó imputación en contra de siete exfuncionarios de la Alcaldía de Medellín y seis particulares por presuntas irregularidades en contratación.

Estas irregularidades se habrían presentado en entidades como Metroparques, el Inder, Buen Comienzo y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 

Sin embargo, a medida que el ente acusador continuó investigando y realizando conexiones entre los personajes involucrados, logró determinar la presunta responsabilidad de al menos 20 personas entre exfuncionarios y excontratistas del distrito.

Clínica Vida

Ahora, el caso más reciente que se suma a la lista incluye algunos nombres que ya habían sido barajados en las investigaciones de la Fiscalía. En esta oportunidad, la Procuraduría abrió pliego de cargos contra tres funcionarias por presuntos sobrecostos en un contrato de adecuación con la Fundación Colombiana de Cancerología Clínica Vida, la reconocida ‘Clínica de la 80’, que para la administración Quintero fue una de sus banderas por afirmar continuamente que la había ‘recuperado’.

En el documento emitido por la Procuraduría, esta concluye que en un contrato suscrito en una notaría por las exfuncionarias de Jennifer Andree Uribe Montoya, Natalia Andrea Jiménez Pérez y Karen Bibiana Delgado Manjarrés, estas incurrieron en falsedad ideológica de documento público al no contar con aprobación del Comité de Conciliación de la Alcaldía de Medellín.

El meollo del convenio se remonta a la época de adecuación de la Clínica de la 80 en 2020, en esa entonces, el Distrito firmó un contrato de comodato con Saludcoop, que ya se encontraba en liquidación, y a raíz de la incapacidad financiera de esta entidad para proceder, el distrito invirtió 24.000 millones de pesos para readecuar el hospital, aun cuando este no le pertenecía a la ciudad.

Llegado el año 2022, los representativos de la Fundación Colombiana de Cancerología, bajo la figura de la Clínica Vida se interesaron en esta estructura y, cerraron un negocio con Saludcoop para proceder a la adecuación del hospital para prestar servicios de oncología. 

Tras este movimiento, la Alcaldía le reconoció a la Clínica Vida 12.700 millones de pesos por lo correspondiente a las adecuaciones del lugar. Es decir, una diferencia de alrededor de 12 mil millones con respecto al dinero que el distrito habría invertido inicialmente en las instalaciones, según el convenio. Así, la Procuraduría echó mano de las denuncias realizadas por la alcaldía de Federico Gutiérrez y del precedente ya mencionado.

Metroparques y Parque de las Aguas

El pasado 25 de enero, la Fiscalía informó que presentó escrito de acusación contra cinco exfuncionarios y cuatro excontratistas de la administración de Daniel Quintero por presuntas irregularidades en los contratos para el mantenimiento del Parque de las Aguas.

Se trata de Álvaro Alonso Villada García, exsubdirector financiero del Área Metropolitana del Valle de Aburrá; Jorge Enrique Liévano Ospina y María Eugenia Domínguez Castañeda, exgerentes de Metroparques; Viviana del Valle Velásquez, exjefe de compras de Metroparques, y Laura María Mejía Higuita, líder del programa unidad logística del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

En el escrito también aparecen Juan Alexánder Pino Jaramillo, Fabio Miguel Mestre Espitia, Yamileth Galindez Chilito y Lilibeth Pino Jaramillo, representantes legales de las empresas contratistas.

Según la investigación adelantada por un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de Medellín, los hechos se remontan a mayo de 2020 y octubre de 2022, cuando el Área Metropolitana habría firmado tres contratos interadministrativos para entregar a Metroparques la suma de 17.450 millones de pesos para el mantenimiento del parque.

Tras la firma de los convenios, Metroparques, al parecer, mediante una invitación privada, le entregó a la empresa JPino S.A.S más de 2.415 millones de pesos. Con el mismo propósito habría entregado 1.131 millones de pesos a 1 Soluciones S.A.S., la cual habría resultado ser una empresa de papel, y 848 millones de pesos a Zafiro S.A.S, empresa que también hacía parte de este articulado de contratistas.

Al respecto, en junio de 2024, la Unidad Investigativa de este medio informó que la Fiscalía realizó extinción de dominio a bienes vinculados con esta empresa, avaluados en más de 3.000 millones de pesos, y que partir de ese proceso, se estableció que la hermana de Juan Alexánder Pino Jaramillo, Lilibeth Lorena Pino Jaramillo, era quien estaba detrás de la empresa 1Soluciones SAS. La mujer fue vinculada e imputada por este caso posteriormente.

También por estas mismas irregularidades con Metroparques y el Parque de las Aguas, en octubre del 2024 fueron imputados los exfuncionarios Viviana del Valle Velásquez, exjefe de compras; Carlos Augusto Jaramillo Villarreal, exsecretario general; y César Augusto Chavarría Múnera, ex jefe de logística de eventos. 

En ese mismo contexto, fueron imputados los particulares Enidia del Carmen Salazar de Sánchez, representante legal de la empresa constructora; y Camilo García Bustamante, contratista de Metroparques y con funciones de supervisión del contrato. 

Intervención de zonas verdes

La Fiscalía informó que en octubre de 2020, la Secretaría de Infraestructura Física de Medellín suscribió un contrato con Metroparques por 5.250 millones de pesos, para el manejo de las zonas verdes de Medellín. Este convenio terminó siendo modificado hasta en tres oportunidades con adiciones presupuestales que aumentaron el presupuesto del mismo hasta los 24.205 millones de pesos.

Inicialmente, por este caso se imputaron los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos a la exsecretaria de Infraestructura, Natalia Urrego Arias; al exgerente de Metroparques, Jorge Enrique Liévano y a la contratista Luz Eliana Henao Rodríguez.

Posteriormente, la Fiscalía logró vincular a más implicados en la investigación, lo cual resultó en la imputación de la exdirectora del Instituto de Deportes y Recreación, Diana Paola Toro Zuleta y el representante legal de la empresa contratante CYAN, Mauricio Jaramillo Botero.

Buen Comienzo

En el caso de Buen Comienzo, el programa para la atención y el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes de la ciudad, los entes de control pusieron la lupa en un contrato vinculado en marzo de 2020, entre la Secretaría de Educación de Medellín y la corporación ‘Colombia Avanza’ para atender a las infancias y madres gestantes o lactantes a través del programa, por 20.692 millones de pesos.

En este convenio fueron encontrados presuntos pagos a personas que no tenían relación con el mismo, pero que estaban registrados en los documentos contractuales y actas prestando servicios que nunca fueron ejecutados, llevando a un detrimento estimado de 1.400 millones de pesos, según datos de la Fiscalía. 

Por este caso, fueron imputados la exsecretaria de Educación de Medellín, Alexandra Agudelo Ruiz; la exdirectora técnica del programa Buen Comienzo, Lina María Gil Zapata; y el contratista Henry Paulison Gómez Montoya por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros en noviembre de 2023.

‘El cambio es en primera’

Uno de los últimos episodios que protagonizó Daniel Quintero, cuando todavía era alcalde de Medellín, fue su participación en política en vísperas de las elecciones presidenciales de 2022.

El caso tuvo lugar entre marzo y mayo de 2022, cuando el mandatario de Medellín publicó un video grabado desde su vehículo en el que de manera performativa utilizaba la frase de la campaña presidencial de Gustavo Petro, ‘el cambio es en primera’ mientras que cambiaba las marchas de su automóvil.

Por dicho metraje, la Procuraduría suspendió a Quintero de su cargo por tres meses, reinstaurándolo el 19 de junio de 2022. 

501 hallazgos

A comienzos de 2024, tras un par de meses de haberse posesionado, el alcalde Federico Gutiérrez presentó un informe del empalme que realizó con la administración Quintero. Este proceso llevó a que el equipo de Gutiérrez encontrara lo que eran 501 presuntos casos de corrupción en diferentes dependencias de la Alcaldía de Medellín.

Además, de los casos ya mencionados a lo largo de esta edición, en ese entonces, Gutiérrez hizo énfasis en los contratos de Computadores futuro, Presupuesto participativo, y el lote de Aguas Vivas. 

En el caso de los computadores futuros para más de 120.000 niños de la ciudad, ese convenio presentó, según el alcalde Gutiérrez, múltiples sobrecostos que llevaron a que su costo terminara siendo de 118.000 millones de pesos, alrededor de 38.000 millones de pesos más con respecto al valor pactado inicialmente.

En el caso del lote Aguas Vivas, Federico Gutiérrez denunció lo que calificó como la estratosférica valorización de este terreno de 146.000 metros cuadrados, ubicado entre Las Aguas y El Poblado. Según ‘Fico’ el lote pasó de costar 2.711 millones en 2019 a 48.234 millones de pesos en 2020,tras un avalúo ordenado y realizado por el secretario de Gestión y Control Territorial de la administración Quintero, Carlos Mario Montoya. Este proceso llevó a que, en un plazo de doce meses, el lote aumentara su valor en un 1.700 por ciento.

Y finalmente, entre el listado de los casos destacados por Gutiérrez, se hizo mención a presuntas evidencias recabadas sobre desviación de fondos del presupuesto participativo para la financiación de campañas políticas en la carrera por la Alcaldía de Medellín. 

¿Qué dice Quintero?

EL TIEMPO contactó al excalcalde Daniel Quintero Calle para consultarle sobre el más reciente disciplinario que involucró a 3 de sus secretarias, y, los demás escándalos que han salpicado su adminsitración.

En primer lugar, el ex mandatario de la ciudad aseguró :“de los 501 hallazgos que presentó ‘Fico’, solo quedan 16. Los hemos ganado todos y seguro este también lo ganaremos. Enfrentamos la clase corrupta de Antioquia, a los intocables y eso tiene un costo. Hoy me archivaron un caso por supuesto cohecho en la Clínica de la 80 después de demostrar que no había pruebas”.

Al respecto del pliego de cargos abierto por la Procuraduría contra Jennifer Andree Uribe Montoya, Natalia Andrea Jiménez Pérez y Karen Bibiana Delgado Manjarrés, Quintero dijo: “ahora, este caso particular que involucra a mis Secretarias no es por corrupción y sería la injusticia más grande del mundo. Medellín fue la ciudad que mejor manejó la pandemia y la única ciudad que fue capaz de recuperar la plata que invirtió en los hospitales que tuvo que crear o intervenir. (Claudia López, por ejemplo, perdió miles de Millones en Corferias)".

Quintero concluyó: "nosotros antes de entregar el hospital exigimos a Saludcoop que nos tenía que devolver la plata invertida o vender el hospital. Al principio no querían, pero después de que amenacé con expropiar nos devolvieron la plata. Lo increíble es que ahora quieren joder a las secretarias porque en la recuperación de la plata pública, un papel interno, que no era ni siquiera un requisito, no tiene la firma. Increíble".

NICOLÁS TAMAYO ESCALANTE

Periodista de Nación, de Medellín.