En medio del ruido que generó el pedido de la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, de replantear la política de ‘paz total’, el Gobierno revivió los contactos con el ‘clan del Golfo’, el grupo al margen de la ley de mayor expansión en el país. El encuentro entre Álvaro Jiménez, representante de la oficina del Consejero Comisionado de Paz, y miembros del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, incluido Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias ‘Chiquito Malo’, tuvo lugar el pasado 3 de febrero en una ubicación no revelada y tenía como propósito.
Durante el encuentro, que fue confirmado por Jiménez, también estuvieron otros cabecillas de la organización criminal como José Gonzalo Sánchez, alias Gonzalito; José Miguel Demoya Hernández, alias Chirimoya; Luis Armando Pérez Castañeda, alias Bruno o Jerónimo; y Orozman Orlando Ostén Blanco, alias Rodrigo Flechas.
El objetivo del encuentro, según la información que trascendió, era trazar las líneas para la eventual instalación de un espacio de conversación sociojurídico, figura que el Gobierno utiliza para entablar diálogos con grupos sin estatus político.
Transformaciones del territorio y dejación de las armas fueron dos de los temas centrales de la reunión, además de temas ligados al respeto de las poblaciones y el final de las economías ilegales en las regiones en donde esta organización hace presencia.
Ricardo Giraldo, abogado que representa en materia jurídica a esa organización, en conversación con medios de comunicación del Bajo Cauca, dio detalles sobre el encuentro.
“Considero que fue una conversación bastante productiva y creo que el gobierno se dio cuenta de viva voz el porqué de la insistencia sobre la suspensión de las órdenes de captura de todos los miembros del Estado Mayor”, dijo el abogado a Apartadó Stereo.
¿Habrá mesa?
El presidente Gustavo Petro firmó en agosto del 2024 dos resoluciones con las que autoriza la instalación de un espacio de conversación y reconoce a seis miembros de ese grupo armado como voceros en el espacio. En el listado aparece alias ‘Chiquito Malo’, su máximo cabecilla, y quien heredó la organización del extraditado Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel.
Además, no hay que perder de vista que en 2018 el gobierno de Estados Unidos lo solicitó en extradición y hoy ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que lleve a su captura.
Con este grupo ya hubo un cese del fuego durante esta administración. Dicha tregua fue decretada el 31 de diciembre de 2022 y fue levantada por el Gobierno en marzo de 2023, luego de que el presidente Gustavo Petro los responsabilizó de varias acciones armadas en contra de la población civil en el Bajo Cauca antioqueño.
Informes de inteligencia a los que tuvo acceso EL TIEMPO se advierte que el ‘clan del Golfo’, hace presencia en 15 departamentos, 208 municipios y 3.244 veredas.
El principal reto para el Gobierno en este caso -así como los de paz urbana de Buenaventura, Quibdó y Valle de Aburrá- es la incertidumbre jurídica que hay ante el eventual sometimiento de sus integrantes. Hay que recordar que en la sentencia C-525 de 2023, la Corte Constitucional avaló la legalidad de la 'paz total', pero le puso varios límites.
Uno de ellos tiene que ver con la decisión del alto tribunal de declarar inexequible que fuera “el juicio del Gobierno” el que definiera los términos del sometimiento a la justicia de estas estructuras criminales. Esa definición, advirtió la Corte, la debe hacer el Congreso a través de una ley de sometimiento, una que más de dos años después de la llegada de Petro al poder ni siquiera ha sido radicada.
CAMILO A. CASTILLO
Redacción Política
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