Los derechos reproductivos de las mujeres, un tema central en las elecciones de EE. UU.

hace 1 mes 51

En una reciente aparición en televisión, la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, destacó una realidad que a menudo pasa desapercibida: los derechos reproductivos son una cuestión económica, y no sólo para las mujeres. “La decisión más importante y profunda que una persona tomará, especialmente una mujer o una familia, es si quiere tener un hijo y cuándo”, señaló. “Por lo tanto, se trata de nuestra economía personal y colectiva. ¿Cómo pueden las mujeres ingresar a la fuerza laboral si no pueden tomar sus propias decisiones sobre si quieren tener un hijo o cuándo, o si no pueden acceder a la atención médica?”.

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Whitmer tiene toda la razón. Con mucha frecuencia, la prensa y los votantes tratan al aborto y a los derechos reproductivos en general como cuestiones “familiares” –como los créditos fiscales por hijo, las políticas de licencia familiar remunerada y el cuidado infantil asequible–, como cuestiones distintas a la economía. Pero no es así. Los asuntos mencionados tienen consecuencias económicas significativas a largo plazo para las mujeres, sus familias y la economía en general.

Y, sin embargo, desde que Hillary Clinton declaró, hace casi 30 años, que los derechos de las mujeres son derechos humanos, el progreso en materia de derechos de las mujeres en todo el mundo ha sido decepcionantemente lento. Como resultado, según el Informe sobre Paridad de Género 2024 del Foro Económico Mundial, se necesitarían otros 134 años para lograr la paridad de género global para la participación e igual acceso a oportunidades económicas, logros educativos, salud y supervivencia, y empoderamiento político.

Si bien más de 60 países han liberalizado sus leyes sobre los derechos reproductivos y el aborto (que también son determinantes claves de la salud de las mujeres), Estados Unidos es una de las cuatro naciones -y la única con un régimen democrático de altos ingresos- que ha eliminado o restringido drásticamente esos derechos. La decisión de 2022 de la Corte Suprema de Estados Unidos, en Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, de abolir el derecho constitucional al aborto fue un gran paso hacia atrás para las mujeres, con importantes consecuencias adversas para la salud y la economía de ellas, sus hijos, sus familias y la macroeconomía. La mayoría de la Corte ignoró en su mayor parte un escrito de amicus curiae que documentaba muchas de estas consecuencias.

Libertad económica

"La tasa de participación laboral femenina es un determinante importante del crecimiento económico en Estados Unidos y en todo el mundo".

El aborto es también una cuestión moral y política. Ninguna mujer toma la difícil decisión personal de poner fin a un embarazo de manera casual o caprichosa. Incluso si el cuerpo de una mujer se considerase una posesión del Estado, este no tiene por qué controlar su decisión. Y si la mujer es guiada por consejeros religiosos o está limitada por restricciones doctrinales, sus decisiones sobre su cuerpo son interés estrictamente de ella y su conciencia. La Constitución de Estados Unidos erige un muro sólido entre la religión y el Estado.

Para las mujeres, el aborto es una piedra angular de la libertad económica. La justicia reproductiva es justicia económica. En Estados Unidos, la legalización nacional del aborto en virtud del caso Roe v. Wade (la decisión de la Corte Suprema de 1973 que Dobbs revocó) fue esencial para medio siglo de avance económico de las mujeres, y el avance de sus hijos y familias. La sentencia permitió a las mujeres planificar y equilibrar sus familias y carreras, eligiendo cuándo tener hijos y cuántos. También les permitió completar la escuela, lo que aumentó sus ingresos a lo largo de la vida. También contribuyó a una tasa de participación laboral significativamente mayor para las mujeres, que aumentó del 43 por ciento en 1970 al 57 por ciento en 2024 (después de una caída pronunciada pero de corta duración al 54,6 por ciento durante la pandemia de covid-19, cuando las mujeres abandonaron la fuerza laboral para asumir responsabilidades de cuidado de sus hijos y adultos mayores). La tasa de participación laboral femenina es un determinante importante del crecimiento económico en Estados Unidos y en todo el mundo.

Además, el aborto y la salud reproductiva ayudaron a reducir las grandes y persistentes brechas salariales de género que se agravan con el tiempo y socavan la creación de riqueza a largo plazo y la seguridad de pensión de las mujeres. Redujo los embarazos adolescentes y la incidencia del abandono y el abuso infantil. Y mitigó la pobreza entre las mujeres y la probabilidad de que los niños crezcan pobres. De hecho, existen fuertes vínculos entre la pobreza y el aborto: negar el acceso al aborto impone la mayor carga económica y los mayores riesgos de salud a las mujeres de bajos ingresos, a menudo pertenecientes a minorías, lo que aumenta tanto la pobreza como la desigualdad. Lo inverso también es cierto: reducir la pobreza tiende a reducir los abortos.

Pero el aborto no es todo. En los últimos 50 años, la libertad reproductiva ha permitido a las mujeres ascender en la escala de educación y oportunidades en Estados Unidos, donde su tasa de graduación universitaria fue del 67,9 por ciento en 2022, en comparación con el 61,3 por ciento de los hombres. Cuando hombres y mujeres aceptan trabajos similares con requisitos educativos similares, el salario y las oportunidades de ascenso son similares al comienzo y evolucionan de manera similar con el tiempo, hasta que llega la maternidad. Luego, como resultado de la brecha salarial parental bien documentada, los ingresos esperados de las madres disminuyen por cada hijo, mientras que los ingresos de los padres permanecen prácticamente inalterados.

Esta brecha refleja la realidad de que las mujeres tienen más probabilidades que los hombres de tomarse un tiempo fuera de la fuerza laboral o reducir las horas que trabajan para cuidar a los hijos y cumplir con las responsabilidades domésticas. Incluso cuando las mujeres son las principales generadoras de ingresos o ganan más que sus maridos, siguen asumiendo más responsabilidades de cuidado, mientras que sus cónyuges hombres dedican considerablemente más tiempo a actividades de ocio.

En previsión de sus responsabilidades de cuidado, algunas mujeres evitan lo que la premio Nobel de Economía Claudia Goldin llama “empleos codiciosos”. Pensemos en empleos profesionales financieros y legales que exigen un compromiso con un horario extenuante e impredecible a cambio de un salario alto y perspectivas de ascenso. Los hombres aceptan esos empleos con más facilidad, suponiendo que sus parejas, su familia extensa o su personal contratado (a menudo inmigrantes) se encargarán de las responsabilidades de cuidado cuando surjan.

En el caso de las madres, tanto el empleo como los ingresos caen bruscamente en torno al momento del parto. En cambio, los hombres a veces experimentan un aumento salarial después de convertirse en padres. A medida que los hijos crecen y las mujeres pueden trabajar más horas, la brecha salarial parental se reduce, pero no se cierra. Existen efectos permanentes en las diferencias de género en cuanto a ingresos y oportunidades de ascenso. Según un estudio reciente publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), las mujeres con mayores ingresos experimentan una caída del 60 por ciento en sus ingresos antes del parto en comparación con sus parejas masculinas.

Un tema electoral

Los cambios en el habla de Donald J. Trump podrían indicar un envejecimiento típico o una condición más significativa.

Desde que se conoció el veredicto de Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, la oposición republicana a los derechos reproductivos en el Congreso ha sido firme. Los republicanos de la Cámara de Representantes han propuesto la prohibición del aborto a nivel nacional sin excepciones en caso de violación, incesto y problemas de salud de la madre, mientras que los republicanos del Senado han bloqueado cuatro nuevos proyectos de ley que pretendían proteger los derechos reproductivos.

Y el Proyecto 2025, un plan de gobierno diseñado por un grupo conservador republicano que le propondrían a Donald Trump si gana las elecciones presidenciales en noviembre, prohibiría el uso de mifepristona, un fármaco aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y que actualmente se utiliza en abortos con medicamentos. Este ahora representa el 63 por ciento de todos los abortos del país, frente al 53 por ciento en 2020 (cuando todavía existía la herramienta de Roe v. Wade). También Trump reviviría la Ley Comstock del siglo XIX que prohíbe el envío de medicamentos, equipos y materiales para el aborto a través del correo nacional.

En una entrevista reciente, el candidato republicano dijo que quiere proteger los tratamientos de fecundación in vitro (FIV) y asegurarse de que el gobierno o los seguros privados los paguen. Esta propuesta va en contravía del Proyecto 2025 (del que Trump ha intentado distanciarse), que reconoce la personalidad del feto y, por lo tanto, se opone a la FIV. Los procedimientos de tecnología de reproducción asistida (TRA), incluida la FIV, se utilizan ampliamente en todo el país. En 2021, el 2,3 por ciento de todos los bebés nacidos en los EE. UU. fueron concebidos con el uso de TRA. Los diez estados principales con más nacimientos a través de TRA ese año fueron Texas, Florida, Pensilvania y Georgia. Y, sin embargo, los republicanos del Senado bloquearon una votación sobre la Ley del Derecho a la FIV por segunda vez en cuatro meses, calificándola de innecesaria y con motivaciones políticas. Solo dos republicanos, ambas mujeres, votaron a favor.

Los mismos líderes electos que se oponen al derecho al aborto en el Congreso y en los estados que han introducido las prohibiciones más draconianas (todos bajo liderazgo republicano) defienden su retórica pro familia. Pero la realidad es completamente diferente. En los estados con las restricciones más estrictas al aborto, los niños tienen más probabilidades de ser pobres y los bebés tienen más probabilidades de morir en su primer mes. Además, las mujeres en estos estados experimentan tasas de mortalidad materna más altas y tienen menos probabilidades de completar su educación.

Un claro ejemplo de la agenda que no es pro familia ni pro niños de los republicanos en el Congreso fue su negativa a extender el crédito fiscal por hijo, introducido durante la pandemia. En 2021, la tasa de pobreza infantil, medida por el índice de pobreza suplementario que incorpora la ampliación del Crédito Tributario por Hijos (CTC, por sus siglas en inglés) y otros beneficios gubernamentales, disminuyó drásticamente al 5,2 por ciento. Cuando expiró la expansión del CTC y otros programas de ayuda para la pandemia, la tasa de pobreza se duplicó con creces hasta el 12,4 por ciento, borrando todos los avances logrados contra la pobreza infantil en los últimos dos años.

Recientemente, los republicanos del Senado bloquearon un proyecto de ley bipartidista para ampliar el CTC por temor a que significara una victoria política para los demócratas en un año electoral (también bloquearon un proyecto de ley bipartidista sobre inmigración por la misma razón). Para fines de 2023, 15 estados tenían sus propios créditos fiscales para niños, pero solo dos de los 14 estados con las medidas más restrictivas sobre el aborto (Idaho y Oklahoma) los ofrecieron. Y los créditos estatales son mucho menos generosos que el CTC federal.

Al igual que el derecho al aborto, las políticas de licencias familiares y parentales tienen profundas consecuencias económicas para las mujeres y sus familias. Estados Unidos es la única democracia de altos ingresos donde las trabajadoras y sus parejas no tienen derecho a licencias parentales remuneradas para tener y cuidar a los hijos. En consonancia con sus posiciones, los líderes republicanos del Congreso han bloqueado sistemáticamente la legislación sobre licencias familiares remuneradas, incluso cuando otros países democráticos con menos ingresos tienen políticas sólidas en vigor.

Hace treinta años, el presidente Bill Clinton firmó una ley bipartidista, apoyada por 16 senadores republicanos, que exige 12 semanas de licencia familiar sin goce de sueldo para el cuidado de niños y enfermos, e incluye protecciones laborales para los trabajadores que tomen esa opción. La Ley de Licencia Familiar y Médica (FMLA) se aplica a las empresas con 50 empleados o más y cubre a una gran parte de los trabajadores estadounidenses. Alrededor de 460 millones de trabajadores han tomado licencia familiar sin goce de sueldo desde que se aprobó la FMLA. Para 2023, el 89 por ciento de los empleados del sector privado habían aprovechado los beneficios de la FMLA.

Y en ausencia de un requisito federal de licencia paga, sólo el 27 por ciento de los trabajadores (y sólo el 28 por ciento de los trabajadores de los gobiernos estatales y locales) tienen acceso a la licencia familiar paga que ofrecen sus empleadores. Y cuando se ofrece, la cobertura es desigual: el 39 por ciento de los directivos y profesionales con ingresos altos están cubiertos por sus empleadores, en comparación con el 20 por ciento de los trabajadores de ingresos medios y sólo el 16 por ciento de los trabajadores de servicios de bajos ingresos, muchos de los cuales son mujeres que tienen dos o más empleos para mantener a sus hijos fuera de la pobreza.

El hecho de que un trabajador del sector privado estadounidense reciba o no licencia familiar remunerada depende de las políticas de la empresa y del poder de negociación de los trabajadores. Dado que la afiliación sindical cubre sólo el 6 por ciento de la fuerza laboral del sector privado, sólo el 13 por ciento de los empleadores privados ofrecen licencia de paternidad remunerada, por lo que más del 70 por ciento de los padres estadounidenses vuelven al trabajo a tiempo completo menos de dos semanas después del nacimiento de un hijo. En cambio, muchos países europeos y algunas empresas privadas estadounidenses han introducido recientemente la licencia de paternidad remunerada para alentar a los hombres a asumir una mayor parte de las responsabilidades del cuidado de los hijos. Estos beneficios deben ser utilizados por los padres y no pueden transferirse a las madres.

Además de las mujeres y sus hijos y familias, la economía estadounidense en general se beneficiaría de un requisito federal de licencias pagas. Según el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, si la tasa de participación de las mujeres en la fuerza laboral fuera similar a la de Canadá o Alemania, que ofrecen licencias familiares pagas y políticas de apoyo familiar más integrales, el número de mujeres empleadas en Estados Unidos aumentaría en aproximadamente cinco millones y generaría más de 775 mil millones de dólares en actividad económica.

A falta de una exigencia federal de licencia familiar remunerada, 13 estados y el Distrito de Columbia –incluidos los estados de origen de la candidata presidencial demócrata, Kamala Harris (California), y su compañero de fórmula, el gobernador de Minnesota Tim Walz– han promulgado sus propias políticas de licencia familiar remunerada obligatoria. Es revelador que ninguno de los 14 estados con las leyes de aborto más restrictivas lo haya hecho, aunque cinco ofrecen cobertura opcional de licencia familiar remunerada a través de seguros privados.

Los niños al final

Otro pilar de oportunidad económica para las mujeres es el acceso a servicios de guardería de alta calidad y a precios asequibles. Más de dos tercios de los niños en Estados Unidos viven en hogares en los que todos los padres disponibles trabajan. La principal razón por la que las mujeres abandonan o cambian de trabajo es la falta de acceso y asequibilidad de servicios de guardería, y casi la mitad de las madres que abandonan la fuerza laboral por falta de servicios de guardería siguen desempleadas. Cuidar a los niños, a los adultos mayores y a los enfermos es un trabajo real, pero son trabajos que no están valorados en el mercado.

La falta de servicios asequibles de guardería y atención a personas mayores es un problema importante tanto en los países ricos como en los pobres. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, describe la situación actual como un ejemplo clásico de un mercado roto, un problema de acción colectiva que no se puede resolver únicamente con mercados impulsados por el lucro. Si se abordará este problema en Estados Unidos y cómo se hará dependerá del resultado de las elecciones de 2024. Harris ha identificado el cuidado infantil asequible como una prioridad de política federal en su agenda pro familia.

Durante la pandemia, el gobierno federal proporcionó $52 mil millones de dólares en fondos temporales de emergencia a los estados para apuntalar la industria del cuidado infantil, pero esa financiación terminó en 2023, lo que dejó a los estados con la tarea de llenar el vacío. Actualmente, el gobierno federal continúa brindando fondos a los estados para el cuidado infantil a través del sistema de Subvenciones en Bloque para el Cuidado y Desarrollo Infantil (CCDBG, por sus siglas en inglés). También financia los exitosos programas Head Start y Early Head Start, que están disponibles sin costo para familias elegibles, pero cubren solo a una pequeña parte de las familias. A nivel federal, el ejército también brinda asistencia para el pago de las tarifas de cuidado infantil a las familias elegibles.

Mientras tanto, varios estados (entre ellos California y Minnesota) están adoptando medidas innovadoras para abordar la crisis de las guarderías infantiles gracias a las subvenciones del CCDBG y a sus propios fondos. Según los últimos datos, incluso los estados con leyes de aborto más restrictivas (entre ellos Dakota del Norte, Kentucky, Alabama, Missouri, Idaho, Kentucky e Indiana) están adoptando políticas para que las guarderías infantiles sean asequibles, y Texas está evaluando las lecciones de estos “estados republicanos”. Al menos en lo que respecta a la cuestión de la familia, algunos estados que niegan el aborto están experimentando con una variedad de medidas apoyadas por el gobierno federal para abordar la crisis de las guarderías infantiles en Estados Unidos.

Ellas deciden

Manifestantes pro-aborto se reúnen frente a la Corte Suprema de los Estados Unidos, en Washington DC, EE.UU., 28 de junio de 2024.

La evidencia es contundente: los derechos reproductivos son la base de los derechos económicos de las mujeres. Y las consecuencias de esos derechos, junto con los créditos fiscales por hijo, las políticas de licencia familiar remunerada y el cuidado infantil asequible, se extienden más allá de las mujeres, a sus familias y a la economía en general.

Harris ha identificado estos temas como prioridades principales para su administración si es elegida en noviembre. También ha propuesto un crédito fiscal adicional de 6.000 dólares para ayudar a las familias a cubrir los costos de los recién nacidos durante su primer año. El entusiasmo por ella está aumentando entre las mujeres votantes, especialmente las mujeres jóvenes en edad fértil (las más afectadas por las restricciones al aborto), y las mujeres horrorizadas por el desprecio por las mujeres que Trump ha manifestado en el pasado y sus comentarios burlones sobre la inteligencia de Harris. El compañero de fórmula de Trump, el senador JD Vance, no ha ayudado con sus afirmaciones sobre las mujeres que no tienen hijos.

Las mujeres votantes ahora favorecen a Harris sobre Trump con un enorme 18 por ciento, la brecha de género se ha ampliado en seis puntos porcentuales desde que el presidente Joe Biden venció a Trump en 2020, y las mujeres estadounidenses han votado a una tasa más alta que los hombres en las elecciones presidenciales desde 1980. La realidad está dicha: las mujeres y los temas que les importan a ellas y a la economía -y que deberían importarles a más hombres- es muy probable que determinen el resultado de la elección.

LAURA TYSON (*)

Berkeley

(*) Expresidenta del Consejo Presidencial de Asesores Económicos durante la administración Clinton. Es profesora en la Haas School of Business de la Universidad de California e integrante del Consejo de Asesores de Angeleno Group.

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