Los argumentos de los ocho congresistas que firmaron ponencia negativa de la reforma laboral

La reforma laboral está virtualmente hundida en el Senado luego de que ocho congresistas radicaron la ponencia de archivo de la iniciativa. Su decisión, aplaudida por sectores de oposición e independientes, ha generado duras críticas por parte del Gobierno, y fundamentalmente del presidente Gustavo Petro, quien, tras la radicación de la ponencia negativa en la Comisión VII, ha vuelto a recurrir al tono confrontacional con el Congreso y a llamar a sus seguidores a las calles. 

Si bien el mandatario habla de una “traición” de estos congresistas “al pueblo trabajador”, fue recién este martes cuando el Ministerio de Hacienda presentó el análisis macroeconómico y fiscal de la reforma, uno de los principales argumentos de los congresistas que firmaron la ponencia en contra. Sin embargo, la senadora Nadia Blel, presidenta de esa célula legislativa, argumentó que ese no es un aval fiscal.

A raíz de esto, EL TIEMPO revisó los argumentos que expuso cada uno de los senadores que firmaron la ponencia negativa y que ya anunciaron su voto para archivar el proyecto del Gobierno.

Nadia Blel (Partido Conservador)

La presidenta de la Comisión VII, Nadia Blel, argumenta que su decisión no es política y que está basada en el análisis técnico que realizó el Partido Conservador de la propuesta. La también cabeza del Partido Conservador sostiene que el proyecto no fomenta el empleo y que tampoco combate la informalidad.

Además, argumenta que uno de los principales problemas de la iniciativa del Gobierno es que no logra la conciliación entre el bienestar de los trabajadores y la productividad del sector empresarial.

“Este proyecto de archivo de la reforma laboral fue una decisión tomada gracias a las diferentes audiencias, mesas técnicas y ejercicios serios que se hicieron desde cada uno de los partidos”, aseguró Blel en X tras anunciar su voto.

Esperanza Andrade (Partido Conservador)

En esa misma línea, Esperanza Andrade manifestó que su decisión tiene como único propósito “defender los intereses de los trabajadores y de los pequeños y medianos empresarios”. Dentro de las consideraciones que quedaron consignadas en la ponencia radicada este martes, también expresa su preocupación por el impacto que tendría la iniciativa en sectores como el turismo y el entretenimiento.

“Esta reforma, trae consigo, un aumento importante en los costos laborales de este sector, lo que podría poner en riesgo la viabilidad de muchos negocios y/o lo que obligaría a un importante generador de empleo a reducir sus nóminas, limitar sus horarios de atención o incluso cerrar sus puertas”, dicen los conservadores en la ponencia. El argumento central es que, en ciudades con alta informalidad, la “rigidez de la contratación” y la restricción de la contratación de personal temporal incrementarían los costos laborales.

Honorio Henríquez (Centro Democrático)

El senador del Centro Democrático también tiene reparos por el impacto macroeconómico que traería la reforma, pero añade que podría generar un golpe a la inversión extranjera en el país. “Hemos tomado una decisión técnica basada en los argumentos, en las audiencias, en las mesas que se hicieron y en la opinión de millones de colombianos que no están de acuerdo con esta reforma”, señaló el congresista en X.

Según los argumentos expuestos en la ponencia radicada, proponer aumentos en los costos laborales podría desincentivar la llegada de empresas que buscan mano de obra local. “Al proponer aumentos en los costos laborales, la mano de obra colombiana se encarece y desaparecen los motivos de inversión de empresas en actividades que requieran mano de obra”, dice en la ponencia, en la que añade que la informalidad pasaría del 53,28 al 53,40 por ciento.

Alirio Barrera (Centro Democrático)

Alirio Barrera, por su parte, publicó este miércoles en X los siete puntos por los cuales pide el archivo de la iniciativa. Sostiene que la reforma ignora a los trabajadores informales, dificulta la creación de empleo, no se integra a las otras reformas, perjudica a los jóvenes que tienen contratos de aprendizaje, restringe la libertad de negociación colectiva, afecta a las micro y medianas empresas y generaría la pérdida de casi 500.000 empleos.

En la ponencia, Henríquez y Barrera añaden que, con esta reforma, se generan mayores barreras para la contratación debido a que el proceso de terminación de contratos con justa causa se vuelve “más riguroso”. “Se debe respetar el debido proceso, sí, darles garantías a los trabajadores, pero no por ello debe presumirse la mala fe del empleador, haciendo presumir la arbitrariedad en el despido como lo propone la reforma”, se lee en el documento firmado por el congresista.

Entre las propuestas que hacían en la ponencia, pedían que se respetara el derecho de elección de los contratistas y se fortaleciera la libertad de empresa con estrictas medidas de vigilancia. Además, proponían que se respetara y garantizara el derecho fundamental a la libertad de elección y la libre negociación laboral.

Berenice Bedoya (ASI)

Uno de los primeros votos en contra que se conoció contra la reforma laboral fue el de Berenice Bedoya, congresista del ASI. En X, la senadora calificó la iniciativa de “incoherente” frente a la realidad económica y laboral del país y criticó al Gobierno por no haber presentado el análisis macroeconómico y de impacto fiscal de la reforma a tiempo.

“La reforma laboral afectaba a la generación de empleo y ponía en riesgo la viabilidad económica y financiera de las empresas, en especial la de las PYMES. El cambio debe ser responsable, justo y viable para todos. (...) He actuado con responsabilidad, rigor técnico y salvaguardando la Constitución”, señaló.

Su postura quedó más clara en una carta radicada junto con la ponencia negativa en la secretaría de la Comisión VII, en la que sostiene que su voto tiene como base los estudios desarrollados por Fedesarrollo y el Banco de la República sobre el impacto de la reforma al Código Sustantivo del Trabajo.

“Nuestra posición siempre ha sido avanzar en la recuperación de los derechos de los trabajadores de Colombia, reivindicando la jornada nocturna, horas extras y dominicales. Sin embargo, la propuesta presentada por el Gobierno nacional no presentó ningún estudio económico o aval fiscal que permitiera la identificación de los impactos fiscales y la generación de empleo”, añadió en una carta anexada a la ponencia.

Miguel Ángel Pinto (Liberal)

El Partido Liberal, por su parte, estimó que la reforma podría generar la pérdida de 450.000 empleos formales. Además, basan su decisión en cuatro puntos. En primer lugar, dicen que están de acuerdo con adelantar la jornada nocturna, pero que esto se debe dar de manera progresiva y no como quiere el Gobierno. Además, que el recargo nocturno debe ser del 85 por ciento y no del 100 como plantea la reforma.

De igual forma, sostienen que era clave permitir que las personas que trabajan en plataformas pudieran ser contratadas de forma independiente y que era fundamental que se restringieran las huelgas en sectores como los servicios públicos domiciliarios, establecimientos de asistencia social, salud, servicios de higiene y aseo en materia de salud pública y saneamiento, entre otras.

Pinto añade que esta iniciativa no debió haber sido radicada como una ley ordinaria, sino como una ley estatutaria constitucional debido a que, según su criterio, toca acuerdos internacionales.

Ana Paola Agudelo (Mira)

En el Partido Mira, según informó la propia senadora Ana Paola Agudelo, se tomó esta decisión luego de aplicar una encuesta a 16.352 empleados y 4.870 empleadores en los 32 departamentos del país. Desde el partido informaron que el 61 por ciento de los encuestados considera que la iniciativa no fomenta el empleo, que el 64 por ciento advierte afectación directa a empresas y puestos de trabajo, y que el 45 por ciento no está de acuerdo con “desdibujar la figura de aprendices” del Sena.

Además, sostiene que su decisión se basó en una serie de estudios sobre los impactos prospectivos, los cuales, dice en la ponencia, “mostraron posibles afectaciones estimadas entre el 25 y 30 por ciento de aumento en la nómina, especialmente en sectores de hotelería y turismo, comercio, industria, seguridad”.

Aunque la congresista sostiene que es necesaria una reforma, argumenta que el proyecto no resuelve los problemas de fondo. “Si bien el proyecto formula cambios para buscar mejorar las condiciones laborales, el mismo no corresponde con el contexto macroeconómico, las dinámicas del mercado laboral y los desafíos en materia de formalización, competitividad y desarrollo empresarial”, se lee en los argumentos expuestos por el partido en la ponencia.

Lorena Ríos (Justa Libres)

Finalmente, Lorena Ríos, senadora de Colombia Justa Libres, argumenta que la reforma laboral es regresiva y promueve la informalidad. Además, sostiene que es inconstitucional porque “vulnera derechos fundamentales” y “desconoce principios del Estado Social de Derecho”. “Es inconveniente, pues varias de sus propuestas podrían tramitarse por la vía de ley ordinaria sin necesidad de una reforma estructural”, señaló en una carta publicado en su cuenta de X.

La senadora añade que Colombia sí necesita una reforma, pero que esta debe nacer del consenso y de un “verdadero equilibrio entre los derechos de los trabajadores y la estabilidad del sector productivo”.

CAMILO A. CASTILLO
Redacción Política
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