Los alcances de la nueva carta de Leyva: a qué se expone con los señalamientos contra el presidente Gustavo Petro

Este martes se conoció una nueva carta del excanciller Álvaro Leyva al presidente Gustavo Petro. Como la anterior, la publicó en un trino y volvió a lanzar duros señalamientos. Amplió la versión de que el mandatario tendría consumos problemáticos de drogas y mencionó más sucesos que los expuestos en una primera ocasión sobre momentos en que habría incumplido la agenda por cuenta de esta supuesta condición.

Además de aumentar la lista de momentos en los que el Presidente supuestamente actuó de manera errática por estar bajo el efecto de alguna sustancia, el exfuncionario fue mucho más allá y en esta ocasión aseguró que el mandatario colombiano debería dar un paso al costado para tratarse.

“Llegó la hora de revisar su permanencia en la Presidencia de la República. Aspiré a decírselo personalmente. Imposible”, señaló Leyva en la misiva. En esta misma habló de la necesidad de un “tránsito hacia la tranquilidad institucional y moral de la nación” y esto, de acuerdo con el excanciller, solo se lograría con “una salida sin sobresaltos que permita un desenlace pleno de garantías para todos en momentos cruciales para la República”.

Lo dicho por Leyva se interpretó como un claro llamado a que el primer mandatario renuncie a su cargo. “Hay que proceder prontamente. No hay tiempo que perder”, añadió. Concluyó su misiva diciendo que supuestamente la comunidad internacional era consciente del problema de consumo que tendría el mandatario.

Además del revuelo que volvió a causar los señalamientos, y que de nuevo fueron capitalizados por la oposición, una de las dudas que queda es si los señalamientos en sí tienen consecuencias para la persona de Álvaro Leyva.

En esta carta no solo habla de posibles incapacidades del primer mandatario, sino que le endilga una responsabilidad directa por un delito, falsedad ideológica, y al mismo tiempo pide su salida, lo que ha sido asumido por los cercanos como un claro ejemplo de incitar un golpe de Estado.

Distintos penalistas consultados por EL TIEMPO han tenido variadas lecturas frente a lo expuesto en la carta de Leyva. Por un lado, el abogado Francisco Bernate apuntó que no había comportamiento tipificable como una falta o delito en el pedido de que el mandatario colombiano dé un paso al costado.

“Que un ciudadano de a pie le pida al Presidente que renuncie a su cargo no tiene ninguna consecuencia”, apuntó Bernate, que resumió su argumento en que dichos pronunciamientos están amparados en la “libertad de expresión”.

Algunos recordaron hechos parecidos hace poco menos de 30 años, cuando el asesinado líder conservador Álvaro Gómez le pedía a través de editoriales del periódico El Siglo a Ernesto Samper de que renunciara a su cargo por cuenta del proceso 8.000. Los llamados no podían estar enmarcados en una conducta punible y tuvieron un duro impacto político en su momento.

Por otro lado, el abogado Alejandro Sánchez le dijo a EL TIEMPO que los señalamientos de Leyva hacia Gustavo Petro sí podrían enmarcarse en una posible conducta de injuria o calumnia, en cuanto a que “estas cartas son oficiales y al mismo tiempo se hacen públicas”.

“Podríamos hablar de un delito de injuria porque se hacen imputaciones que quieren atentar contra la reputación y la honra de la persona mencionada”, dijo el legista, que al mismo tiempo enunció un posible caso de calumnia, pues Leyva aseveró que el mandatario incurrió en un delito, la falsedad ideológica en documento público.

No obstante, este advirtió que no sería tan fácil que prosperara un caso contra el excanciller. En primer lugar, aseguró que son delitos “personalísimos”. Es decir, solo se abriría un proceso si la víctima de estos, en este caso Gustavo Petro, decide interponer denuncia. Por el momento, el mandatario no ha dado muestras de que lo haría, a pesar de los distintos señalamientos en trinos y misivas del excanciller.

Por otro lado, el abogado expuso que también habría razones para considerar que el caso no prosperaría en cuanto a que “hay un margen de tolerancia mayor a los cuestionamientos y críticas de las figuras públicas”. Aunque también están las tensiones con el derecho del buen nombre de cualquier persona, aunque en el caso de un Presidente habría mayor laxitud.

Francisco Bernate complementó dicho punto señalando que está en el resorte del mandatario interponer una denuncia y que esta sería en la Fiscalía, pues actualmente Leyva no tiene ningún fuero que lo cobije. No sería la primera vez que Petro recurra a esta vía, pues antes denunció y demandó al expresidente Andrés Pastrana por asegurar que la campaña presidencial tuvo nexos con el narcotráfico.

Las consecuencias políticas

Son más claras las consecuencias políticas que han tenido las cartas sobre la persona de Álvaro Leyva. Por un lado, los cercanos al primer mandatario lo han graduado de golpista.

“La carta de Leyva completa lo que hace meses veníamos alertando, se prepara un golpe en Colombia. Sin pruebas y con puras anécdotas pretende el exministro suplantar y asaltar el mandato popular, suplantar y asaltar la jefatura de las relaciones internacionales”, indicó Camacho.

En un mismo camino se pronunció la senadora María José Pizarro: “La carta de Álvaro Leyva solo degrada el debate político y es un atentado contra la legitimidad y la investidura presidencial. Cuestionable que la dignidad de un exministro se vea arrastrada a este comportamiento denigrante, lo peor, cada palabra es un llamado tácito al anunciado golpe blando por parte de los herederos de la más rancia oligarquía nacional”.

Aunque el supuesto llamado a un golpe de Estado ha sido rechazado por algunas figuras independientes al gobierno, que han tratado de mostrar que lo dicho por Leyva no tiene el alcance expuesto por el Pacto Histórico. Así lo señaló la senadora Angélica Lozano: “¿Se prepara un golpe? ¿En serio? Las cartas de Leyva no tienen poder alguno. ¿Para qué alimentar miedos infundados? Sería el decimosexto golpe del año”.

Por otro lado, también se han cuestionado las intenciones de Leyva y los objetivos que se logren con la carta. Sobre todo, apuntan que las denuncias son hechas fuera de tiempo pues hablan de hechos que ocurrieron hacia 2023. En ese sentido le llaman la atención debido a que sale a hablar ahora sobre hechos que supuestamente le preocupan, pero no lo hizo cuando ocurrieron.

En ese mismo sentido hablan de una supuesta pérdida de credibilidad política sobre Leyva. No obstante, en este tema hay que tener en cuenta su edad, 82 años, lo cual hace poco probable que busque fundamentar un proyecto político a largo plazo. A esto hay que sumarle la sanción de 10 años que le interpuso la Procuraduría por el tema de los pasaportes. De quedar en firme, solo podría volver a acceder a un cargo de elección popular o como servidor público cuando supere los 90 años.

JUAN SEBASTIÁN LOMBO DELGADO 

Redacción política