Lo que hay detrás de los más de 60 secuestros y desapariciones de niños y adolescentes en Jamundí, en 9 años

Era un jueves cuando nadie volvió a ver a Maira Daniela Rosero Erazo. Ni en su colegio, la institución educativa Simón Bolívar de Jamundí, ni en el humilde hogar de sus padres en las afueras de este municipio agitado por la violencia, a causa de la disidencia del frente ‘Jaime Martínez’ y de otros grupos armados del crimen organizado, donde a los niños se los llevan con fines para reclutamiento, explotación sexual y extorsiones a sus familias.

La historia de Maira

Ese día, el 22 de septiembre de 2016, la niña, que en mayo había cumplido 15 años, no pudo ser recogida por el padre, como solía hacerlo, en la puerta del plantel. Don Arturo Rosero es mayordomo en una finca con su esposa, Silvia Erazo, ayudando en los oficios del lugar. A este trabajador le habían robado su moto, una semana antes de la desaparición de su hija, después de terminar su jornada habitual de clases en el colegio.

La menor es nacida en una familia oriunda de Nariño, que llegó a buscar empleo en Jamundí y que trabaja con tesón para sacar adelante a sus otras dos hijas. Ese 22 de septiembre solo llevaba su maleta escolar con un par de cuadernos.

La mamá y otros familiares le dijeron a EL TIEMPO que no cargaba ropa ni dinero, ni tampoco documentos. Su habitación hoy sigue intacta ocho años después de no saber de su paradero.

Maira solo salió del colegio, caminando, acompañando primero a una amiga hasta la casa de ella y después tomando rumbo hacia su hogar en la vía que va de Jamundí al municipio caucano de Santander de Quilichao.

Pasando por el parque principal de Jamundí, la entonces menor se cruzó con un joven, quien durante la investigación fue descartado como sospechoso en tener algún vínculo con quienes se la habrían llevado. El robo de la moto del padre les generó sospechas a las autoridades porque fue una circunstancia para determinar que habría sido planeado, pues don Arturo recogía a su hija en este vehículo y ese día no pudo hacerlo, por lo que la entonces menor tuvo que caminar hacia su vivienda. 

Desde hace casi una década, en esta vivienda no ha habido paz y el dolor aumentó, pues el pasado 8 de mayo fue su cumpleaños número 24.

“Mi reina, que tristeza e impotencia por no haberte traído hoy de vuelta. Se me rompe el alma saber que me tengo que ir sin ti. Hemos pasado días y noches buscándote. ¿Dónde estás, mi niña. A la persona que la tiene le suplicamos que la devuelvan. ¡Dios, danos tu mano, no nos dejes caer!, es uno de los mensajes distribuidos por redes sociales por parte de la familia.

Ellos, los Rosero Erazo, dijeron que las autoridades se demoraron en revisar las cámaras en las calles de Jamundí y en cotejar información de los teléfonos.

Tampoco fue posible identificar quién era la persona que días después llamó a los padres para exigirles 20 millones de pesos por la liberación de Maira. Surgieron versiones de que sus captores la iban a sacar por barco, a través de Buenaventura.

Esta llamada fue hecha desde el corregimiento de Potrerito, uno de los tantos pueblos en la parte alta del municipio con los disidentes de las Farc, quienes están atentos a quiénes viven y transitan por la localidad, exigiendo una especie de carné como salvoconducto. Fue allí, donde hombres con fusiles y pasamontañas, cubriéndoles su rostro, sacaron por la fuerza al niño de 11 años de su propia vivienda, el pasado 3 de mayo.

Sin embargo, de acuerdo con la familia de Maira Daniela, la llamada de Potrerito no sería de los verdaderos secuestradores de ella. En la Policía les indicaron que delincuentes querían sacar una extorsión. 

“Pero no sabemos la verdad si eran ellos, si fue una extorsión como dijeron. No sabemos nada”, comentaron.

Justamente, en esta semana, los padres asistieron a una vigilia en la última semana porque uno de los vecinos de los Rosero Erazo sería allegado del niño de 11 años. 

En ese caso, el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, brigadier general Carlos Oviedo, y otras autoridades están seguros de que las disidencias son responsables de llevarse al niño y que alias Oso Yogui, el segundo al mando en el frente ‘Jaime Martínez’, es el responsable.

Pero, en el caso de Maira Daniela, ni su familia ni nadie sabe quién la tiene y qué sucedió con ella. Sin embargo, están seguros de que ella no se fue de la casa porque no se llevó nada de ropa ni documentos, insistieron.

Hoy, albergan la esperanza de abrazarla de nuevo y aún en este hogar siguen repartiendo volantes, con el ánimo de que alguien se pueda comunicar y darles razón sobre la joven arrebatada de los suyos cuando era una menor. Es así que cuando EL TIEMPO se comunicó con ellos, de inmediato, aumentó el anhelo de tenerla de regreso.

Con este caso son más de 60 niños y adolescentes de quienes nadie volvió a tener rastro desde hace nueve años hasta el 2024 en un municipio que no supera los 200 mil habitantes.

Muchas de estas desapariciones han sido catalogadas como secuestros simples, en el caso de Maira, porque habría habido un motivo específico para llevársela, diferente del de un secuestro extorsivo, como sería el caso del niño de 11 años, pues esa es la modalidad de los disidentes como un escabroso mecanismo de financiación de la estructura criminal. El secuestro del pequeño se suma a los de empresarios, líderes y a los de otros ciudadanos en los últimos dos años en las goteras de Jamundí.

Aumentaron los plagios de niños en el último año 

El número de los niños plagiados en el último año aumentó, pasando de cinco en 2023 a 12 en el 2024, es decir, crecieron en un 58 por ciento. Pero el año de más reportes fue el 2022. Las familias de 18 menores en Jamundí denunciaron sus dramas de no tenerlos entre ellos. 

En 2021 fueron otros siete; en 2020, ocho más, y en 2019, seis. Estas son cifras de denuncias del Instituto Nacional de Medicina Legal.

Pero la tristeza embarga a hogares porque sus hijos fueron asesinados. Natalia Román Mera tenía 13 años cuando desapareció en diciembre de 2012, luego de salir de una sala de internet. Fue encontrada luego sin vida por pescadores del río Cauca, en zona de Remolinos de Jamundí. La asesinaron por disparos.

Las redes sociales, el anzuelo

De acuerdo con la Policía y la Fiscalía, las redes sociales se han convertido en un medio para atraer a los menores, tenderles una trampa y así plagiarlos dentro de mafias que, de acuerdo con fuentes de la Fiscalía, operan para vender a niños para fines sexuales, en el país, moviéndolos por el corredor de la vía Panamericana, pasando por Nariño, Cauca y Valle hacia el interior del territorio colombiano o hacia el Pacífico o aquellas que tienen alcances transnacionales. Ecuador y países de Suramérica son parte de los destinos a donde podrían enviar a menores que han sido secuestrados o raptados. 

Estas mafias atraen a sus presas, a través de las redes sociales, como lo hacen los disidentes, aunque con falsas promesas en esas redes sociales para que abandonen a sus familias y dejen el colegio, con el fin de reclutarlos en sus filas.

Esas mismas redes son la clave para hallar al niño secuestrado en Potrerito para precisar detalles de lo que sería una retaliación contra su familia y así obtener algún botín.

“Pero ese no es el caso de Maira. Ella no se llevó nada”, repitieron en el hogar de la joven. Insistieron en el plagio, señalado como un secuestro simple.

No obstante, detrás de buena parte de los 60 casos de niños y adolescentes que no volvieron a sus casas hay una red de explotación sexual y de trata de personas, cuyos tentáculos alcanzan los departamentos de Cauca y Nariño, cruzando, además, la frontera con Ecuador, como lo informó una fuente de la Fiscalía. 

Una de las más recientes víctimas conocidas para tal fin fue una adolescente, de 14 años. La menor tenía circular amarilla de la Interpol para encontrarla desde el 9 de octubre de 2024. Había desaparecido de la ciudad ecuatoriana de San Pedro de Riobamba.

El Gaula Militar lideró todo un operativo y las pesquisas en febrero de este 2025 hasta determinar que la menor se encontraba en una vivienda de Jamundí, durmiendo en precarias condiciones, en un colchón en el piso. La acción de rescate se llevó a cabo con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), de la Fiscalía.

Esta es una mafia a costilla de los niños que inclusive podría tener relación con la desaparición de Paula Nicole Palacios Narváez, plagiada en Buesaco, Nariño, el 28 de diciembre de 2014. Su familia tampoco volvió a saber de ella. Durante la investigación tomó fuerza la versión de que a Paula Nicole se la habían llevado desde esa región al Valle del Cauca, pasando por Jamundí y Cali para venderla. Sus captores tomaron la vía Panamericana.

Los casos de desaparición de menores en Jamundí también se asocian con aparentes citas de personas, como Stiven Moreno, de 21 años, desaparecido el 4 de agosto de 2019 o las universitarias María Paula Dulce Alarcón y Luna Marcela Rodríguez, feminicidios ocurridos el 29 de mayo de 2024. Las jóvenes vivían en Pasto, en Nariño, y viajaron a Jamundí. Se encontraron con dos hombres, desconociendo que eran delincuentes: alias Píter y alias Beto, sobre quien ya pesaba una sentencia de 20 años por múltiple homicidio en Nariño.

La Policía Metropolitana de Cali y la Fiscalía informaron que las universitarias estuvieron en una discoteca del municipio de Yumbo, aledaño a Cali, y luego: “Ante la negativa de las víctimas, de acceder a las presuntas pretensiones de los procesados, las mujeres fueron trasladadas a una vereda donde las sometieron a tratos crueles, golpeadas en múltiples oportunidades con elementos contundentes y les dispararon a quemarropa". Fueron halladas en una vía del corregimiento de Villa Colombia, zona de disidentes de las Farc.

Luna Marcela Rodríguez era oriunda de Pasto. En el caso de María Paula Dulce Alarcón había nacido en el municipio de La Unión, se había graduado como bachiller en la institución educativa Juanambú.

Un 'centro de cautiverio y torturas'

Las autoridades informaron, además, que el frente 'Jaime Martínez' contrata a grupos de delincuencia común organizada (GDO) para cometer delitos en Jamundí, bien sea extorsiones a ciudadanos o secuestros y también para exigir dinero a cambio de la liberación de las víctimas, luego de engaños sobre ofertas de empleo.

Ese fue el caso de tres personas que buscaban trabajo y fueron retenidas este año por tres hombres que las llevaron a un sitio como 'centro de cautiverio', en un área del corregimiento de Potrerito.

Este lugar pasaba inadvertido, pues se camuflaba en zona rural de este municipio, en el sur del Valle del Cauca, en palabras de miembros de los gaulas Militar Valle y de la Policía Nacional, así como del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), de la Fiscalía General de la Nación.

Esta vivienda estaba en medio de frondosas plantas de guadua y a pocos metros de otras casas, levantadas con tablas de madera.

Los secuestrados fueron llevados al lugar, el pasado 10 de febrero, diciéndoles que les iban a ofrecer un trabajo. 

Desde ese momento, los tres presuntos delincuentes, que fueron capturados y enviados a la cárcel, empezaron a torturarlos y a exigirles a sus familias, la suma de $ 20 millones a cambio de liberarlos.

"De acuerdo con las primeras indagaciones, estos individuos estarían presuntamente vinculados a un grupo de delincuencia común organizada (GDO), que operaría bajo la modalidad de tercerización para el grupo armado organizado residual (GAO-r) 'Jaime Martínez'", informaron en la Tercera Brigada del Ejército.

"El lugar donde los sujetos fueron capturados era utilizado como un 'centro de cautiverio', donde, al parecer, sometían a sus víctimas a torturas, mientras exigían pagos a sus familias", anotaron en el informe.

CAROLINA BOHÓRQUEZ 

Corresponsal de EL TIEMPO

Cali

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